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Marihuana legal, cuestionada

Sábado 07 de octubre de 2017
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Muchos han sido los argumentos y las fundadas opiniones que se oponían al expendio legal de la marihuana, cannabis o cáñamo en el vecino Uruguay. Ya la Junta Nacional de Drogas había advertido hace unos años sobre escenarios que podían afectar la normal regulación de la venta. Los fervientes propulsores de la comercialización legal vieron una impronta de moralina, acompañada por maniobras dilatorias, frente a un embate que se consideraba imparable.

Lo que parecía un avance desenfrenado en aras de la permisividad, sorpresivamente encontró obstáculos. El primer reparo surgió en la DGI para registrar empresas que querían operar con cannabis y no estaban en el plan. Siguieron luego los rechazos a pedidos de crédito por parte de compañías vinculadas al sector. Muchos privados invirtieron en la investigación para la fabricación de productos medicinales asociados y ven peligrar su negocio, al punto de evaluar iniciar acciones contra el Estado para recuperar lo invertido. Cabe aclarar que la venta a través del canal farmacéutico es muy inferior a la exportación prevista de productos medicinales que puede dejar importantes ganancias.

Poco después de que comenzara la venta de marihuana, el público, a través de las redes de farmacias, los bancos, tanto privados como el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), advirtieron a los comercios que no podían mantenerlos como clientes, ya que la normativa federal de los Estados Unidos les impide tener negocios con entidades vinculadas al comercio de estas drogas, para prevenir el lavado de activos proveniente del narcotráfico.

La medida suspensiva ha irritado a los consumidores y empresarios allegados al sector. Unos hablan de un proceder desmesurado y otros aplauden la iniciativa. El gobierno estudia superar esta incompatibilidad, pero no ha sido fácil encontrar alguna vía que supere esas restricciones.

Los titulares que hasta hace poco mostraban la singularidad de Uruguay en relación con la comercialización de cannabis, celebrándola en muchos casos, reflejaron después reproches, desinteligencias e improvisaciones. Frente a airadas críticas opositoras, el ex presidente José Mujica, propulsor de la venta legal de esa sustancia, teme que los problemas con el sector financiero puedan llevar su iniciativa al fracaso y acusa de querer "matar burocráticamente" la ley del cannabis.

Por su parte, el senador Pedro Bordaberry propuso, con razón, que la marihuana legal pague cuando menos los mismos impuestos que el cigarrillo para no subsidiar su venta o reventa ni promover su consumo, incluso, entre quienes la adquieren en mercados secundarios porque no quieren figurar en los registros. Por disposición del gobierno de Mujica (2010-15), el cannabis está exonerado de impuestos

El presidente Tabaré Vázquez apunta a "cumplir a rajatabla con la ley". No deja de llamar la atención que todo esto ocurra en el gobierno de este reconocido oncólogo que durante su primer mandato prohibió fumar en espacios públicos. La legalización del consumo de esta sustancia en varios países podría llevar a modificar la normativa federal estadounidense hoy en vigor.

Mientras tanto, la marihuana se agota rápido, el sistema de registro presenta inconvenientes y la cantidad de farmacias expendedoras se achicó a sólo 10 locales en todo el país, que tiene casi 1000 farmacias. Para comprar ahí hay anotados 14.426 uruguayos, mientras están habilitados 7271 autocultivadores y 64 Clubes de Membresía.

Quienes defienden la iniciativa sostienen que para un proyecto que tiene como uno de sus principales fines arrebatarle parte del mercado al narcotráfico, las cifras empiezan a ser alentadoras. A poco más de dos meses de la aprobación de la ley, aún quedan muchas e importantes cuestiones por definir en el país vecino y mucho camino por recorrer antes de poder afirmar que la legalización es una solución.

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