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El plan separatista, sin herramientas para crear un Estado que funcione

El gobierno local no tiene capacidad real para trazar fronteras, recaudar impuestos o pagar jubilaciones

Martes 10 de octubre de 2017
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El plan separatista, sin herramientas para crear un Estado que funcione
El plan separatista, sin herramientas para crear un Estado que funcione. Foto: Reuters / Enrique Calvo

MADRID.- El arte de la palabra es insuficiente para crear un Estado. Los casi 8 millones de catalanes despertarán hoy en España y de ninguna manera se irán a dormir en un país nuevo después de que el presidente Carles Puigdemont revele sus planes al Parlamento.

La declaración unilateral de independencia que promete el separatismo carece de herramientas efectivas para garantizar el control de un territorio de 32.000 kilómetros cuadrados y de una economía de 224.000 millones de euros.

Artur Mas, el antecesor de Puigdemont y cerebro del proceso de ruptura, lo admitió hace unos días cuando dijo que Cataluña "no está lista para la independencia real". Mencionó cuestiones concretas: la región, pese a su amplia autonomía, no tiene un sistema desarrollado para recaudar impuestos, ni un Poder Judicial, ni fuerzas de seguridad suficientes para gestionar sus fronteras.

La impotencia de un gobierno que quisiera volar solo en esas condiciones sería inmensa. Los aeropuertos, las líneas ferroviarias y los puertos de Cataluña son propiedad del Estado español. Las cuentas públicas catalanas están intervenidas por el Ministerio de Hacienda desde hace un mes. Los jubilados catalanes cobran sus pensiones a cargo de la Seguridad Social española.

Al no contar con un banco central, y ante la certeza de que la Unión Europea (UE) no reconocerá un Estado catalán creado en contravención de las leyes, el euro seguirá circulando allí sin respaldo de las instituciones financieras comunitarias. El anuncio de los bancos de que mudan sus sedes responde al miedo a una fuga masiva de depósitos.

En septiembre, el Parlamento regional votó una ley de transitoriedad jurídica suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), en la que se establece el régimen que se pondrá en vigor a partir de la proclamación de "una república de derecho, democrática y social". Es una Constitución provisional que asume algunos de estos obstáculos, pero no desarrolla cómo enfrentarlos. Puro voluntarismo.

Atrapados entre la promesa y la realidad, los cabecillas del gobierno catalán buscan formas para convertir la declaración de independencia de esta noche en un trámite "simbólico", como admitió Marta Pascal, coordinadora general del PdeCAT, el partido de Puigdemont.

La fórmula de la declaración es el secreto mejor guardado en estas horas en el frente secesionista. En Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y, sobre todo, los anarquistas de la CUP se inclinan por avanzar sin medias tintas. Admiten que vendrá una etapa de incertidumbre y doble legalidad que tendrá a Europa en vilo. Una insurrección en las calles para resistir la previsible respuesta de Madrid completaría el cuadro.

El objetivo de máxima es que España se resigne a aceptar un referéndum sobre la independencia y que el estatus de Cataluña pueda resolverse en un terreno legal.

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