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Más tensión en Cataluña: le retiran el pasaporte al jefe de su policía

En un paso inédito, empieza a cerrarse el círculo judicial sobre los organizadores del referéndum secesionista

Lunes 16 de octubre de 2017 • 14:05
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LA NACION
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La fiscalía pidió prisión incondicional para Trapero (derecha)
La fiscalía pidió prisión incondicional para Trapero (derecha). Foto: Archivo

MADRID.- El cerco judicial empieza a cerrarse sobre los policías catalanes y activistas independentistas acusados de "sedición" por haber facilitado, el pasado 1º de octubre, el referéndum secesionista declarado ilegal por la Justicia.

Por primera vez, la Audiencia Nacional dispuso medidas cautelares contra los responsables máximos de los Mossos d´Esquadra, tal como se denomina a la policía regional catalana.

Para su jefe, el mayor Josep Luis Trapero, la fiscalía pidió prisión incondicional, al encontrar indicios firmes de delito. Pero la jueza decidió dejarlo en libertad, aunque le retuvo el pasaporte y le prohibió salir del país.

La policía de Cataluña está liderada por Trapero
La policía de Cataluña está liderada por Trapero. Foto: BBC Mundo

Algo similar ocurrió con otra de las responsables de la fuerza, la intendenta Teresa Laplana.

La fiscalía había pedido prisión bajo fianza de 40.000 euros, pero la magistrada rebajó el pedido y le impuso la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.

Es toda una señal para la fuerza a la que se acusa de haber actuado "políticamente" para burlar la orden judicial que prohibió el referéndum.

En el caso de Laplana, la decisión no se relaciona con el referéndum sino con la intervención de cuentas de la autonomía catalana.

El referéndum del 1 de octubre convocó a miles de personas a votar y manifestarse en las calles de Barcelona
El referéndum del 1 de octubre convocó a miles de personas a votar y manifestarse en las calles de Barcelona. Foto: Archivo / DPA

Es la primera vez que responsables de actos en defensa del proyecto independentista ocurridos en los últimos días ven de cerca la posibilidad de una represalia judicial.

En el caso del delito de sedición, de comprobarse, puede castigarse con hasta 15 años de prisión en el caso de que, como las dos personas citadas, sean funcionarios públicos.

Todavía se espera la decisión respecto de dos activistas independentistas. Se trata de los líderes de plataformas las plataformas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respecticamente.

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