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Punto de quiebre: Rajoy anuncia la intervención de la autonomía catalana

Luego de que venciera el ultimátum sin respuesta de Puigdemont, el gobierno español se reunirá mañana en un consejo de ministros para activar el artículo 155 y frenar la secesión

Viernes 20 de octubre de 2017
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LA NACION
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El martes pasado, miles salieron a manifestarse en Barcelona
El martes pasado, miles salieron a manifestarse en Barcelona. Foto: Alber Salamé

MADRID.- Con la anunciada intervención de la autonomía de Cataluña, la crisis institucional española avanzó a un punto crítico y de difícil retorno. Un botón rojo que el gobierno de Mariano Rajoy activará a partir de mañana y que implica un quiebre: nunca en los 40 años de democracia, el Estado se había visto obligado a una medida similar.

Paradójicamente, la activación de ese mecanismo extremo de la Constitución acerca, en vez de alejar, el efecto que quiere evitar. Anoche todo indicaba que la declaración de una república independiente en Cataluña estaba mucho más cerca. "Si activan el 155, declararemos la república", dijeron dirigentes de la CUP, el aliado más radical del gobierno independentista de Carles Puigdemont.

El conflicto parece haber entrado en una espiral. Una de las principales plataformas independentistas llamó a efectuar hoy un "boicot abierto" contra los bancos catalanes que, por inseguridad jurídica, anunciaron su traslado fuera de la región. "Vayan a los cajeros y retiren todo su dinero. Háganles saber lo que pensamos de ellos", fueron las instrucciones que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) hizo correr por las redes sociales.

Se refería a los bancos Sabadell y CaixaBank, los primeros en abrir el éxodo de grandes empresas de la próspera región ante el incierto panorama político. Hoy, son más de 900 las firmas que huyeron de allí.

Entre lo que se espera hoy figura una intervención del rey Felipe VI. No será en un discurso específico, sino en el marco de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Pero se da por sentado que volverá a fijar posición en la crisis, como lo hizo en su discurso del pasado día 3, en el que determinó tolerancia cero con quienes rompen con el marco constitucional.

El llamado al boicot a la banca "no independentista" marcó el final de una jornada que comenzó con el anuncio formal del gobierno de Rajoy de asumir un control directo de la autonomía catalana.

El detalle exacto de lo que eso significa se conocerá mañana, luego de que lo evalúe un pleno extraordinario del gabinete de Rajoy.

Por lo pronto, el gobierno quiso dejar en claro que "pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña". La aplicación de ese inédito recurso está contemplada en el artículo 155 de la Constitución de 1978, que consagró la llamada "Transición Española", considerada modélica en numerosos países de la región. Con el apoyo de las principales fuerzas políticas de la oposición, su puesta en marcha fue una respuesta automática a la amenaza formal y por escrito que ayer hizo el Govern catalán.

"Si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia" que no votó días pasados, escribió Puigdemont en una nota formal a Rajoy.

El cruce de misivas respondió al pedido previo de Rajoy para que el gobierno catalán "retornara" a la legalidad constitucional.

Desde esa perspectiva, la Moncloa consideró inadmisible la amenaza de Puigdemont y anunció la intervención de la autonomía, con un alcance todavía no determinado.

El país fue un hervidero de reacciones. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) apoyó la intervención, pero pidió que sea "lo más ligera y breve posible".

Si bien dirigentes del partido trabajan con técnicos del gobierno en la especificación de las medidas de intervención, su secretario de Organización, José Luis Abalos, especificó que darán su aprobación final sólo después de que las anuncie el gabinete de ministros.

"Esto, después de todo, es una responsabilidad del gobierno y no nuestra", dijo, anoche, al poner un matiz en el respaldo que proclama el partido.

En Cataluña, en tanto, el gobierno independentista se llamó a silencio aunque, por las redes sociales, sus referentes más radicales llamaban a la movilización y a "avanzar" en la declaración de la independencia.

Para mañana se convocan nuevas marchas populares y de resistencia por toda la región, mientras que el lunes podría haber una fuerte señal política.

Ese día está citada una reunión de jefes de bloque del Parlamento catalán de la que podría surgir una fecha para la declaración de la independencia.

Todo ello, sujeto a lo que pase mañana, cuando el consejo de ministros acuerde las medidas de intervención. De todos modos, nada definitivo ocurrirá antes de que transcurran otros diez días.

Las medidas de intervención necesitan ser aprobadas por el Senado y eso difícilmente ocurra en la semana entrante. Ese mismo plazo operaría para Cataluña. Puede que el lunes se fije fecha para una sesión del Parlamento, pero, previsiblemente, tampoco se la convocaría para la semana entrante.

La crisis entra en una nueva etapa y con nuevos plazos. Eso ha sido una constante en su dinámica: cada vez que se agota un plazo o un ultimátum aparece milagrosamente otro y, con eso, más posibilidades de ganar tiempo.

Aunque, paso a paso, el recorrido lleva cada vez más cerca de la cornisa.

Límites al vínculo con los Mossos

La Fiscalía de Barcelona decidió limitar al máximo las relaciones con los Mossos d'Esquadra, cuya actuación durante el referéndum del 1° de octubre en Cataluña está bajo sospecha. La fiscal jefa, Ana Magaldi, dijo que no enviará a más fiscales a clases, charlas o conferencias en la Escuela de Policía de los Mossos, cuyo jefe, Josep Lluís Trapero, aún está imputado.

La crisis en cuatro escenarios

1 Política. Entre una intervención y el llamado a elecciones

Rajoy reunirá mañana al Consejo de Ministros para activar el artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid asumir la administración regional e instalar un nuevo equipo de gobierno, tomar el control de las finanzas y la policía y convocar a elecciones anticipadas. Rajoy tiene el apoyo de los principales partidos y necesita el respaldo del Senado, donde ostenta la mayoría absoluta. Los separatistas, en tanto, seguramente harán una declaración de independencia y podrían terminar presos. Pero Rajoy dijo que podría suspender la aplicación del artículo 155 si los independentistas aceptan llamar a elecciones. Por ahora se han negado a esa opción.

2 Economía. La asfixia administrativa y la fuga de empresas

Desde mediados de septiembre, cuando la Generalitat llamó al referéndum separatista, todos los gastos destinados a cubrir los servicios públicos esenciales de Cataluña deben contar con el visto bueno de Madrid, que es quien los paga directamente. Los aproximadamente 1400 millones de euros mensuales que comporta la financiación de la comunidad están entonces en manos del gobierno central. Además, desde que la Generalitat avanzó hacia la independencia, unas 900 empresas y grandes bancos movieron sus sedes a otras ciudades españolas. La crisis ya hizo disminuir en dos décimas las previsiones de crecimiento para España.

3 La gente. La presión de las calles y la incógnita del futuro

Las encuestas estiman que entre el 40% y el 50% de los catalanes respaldan la independencia, pero los separatistas son mucho más activos en las calles y hasta se organizaron para burlar a las autoridades y esconder las urnas para la votación del referéndum. ¿Qué sucederá si Madrid aplica el artículo 155 y envía más fuerzas a Cataluña? Los separatistas juegan la carta de la "democracia contra la represión de Madrid", pero el gobierno central afirma que han sido vulnerados los derechos de la minoría silenciosa catalana que se opone a la secesión. En el resto de España, el 66% de la población respalda la firmeza del gobierno de Rajoy.

4 Internacional. Los catalanes, sin apoyos relevantes en el exterior

Por el momento, ningún gobierno extranjero de peso se mostró dispuesto a reconocer la eventual independencia catalana. Los mandatarios de la Unión Europea, reunidos ayer en Bruselas, cerraron filas con el gobierno español y descartaron una eventual mediación en la crisis catalana. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, advirtió que "nadie en Europa podría aceptar" que el presidente de la Generalitat proclame la independencia. Sin embargo, varios líderes europeos condenaron la violencia empleada por el gobierno de Rajoy para tratar de impedir el referéndum separatista catalán.

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