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Postergaron un caso reclamado por la CIDH

A pedido de los acusados fueron demoradas las indagatorias en una causa por la sustracción de una menor

Domingo 22 de octubre de 2017
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LA NACION
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Foto: LA NACION

La semana que pasó debía ser clave en la historia de vida de Leonardo Fornerón, el hombre que desde junio de 2000 enfrenta una batalla judicial para recuperar a su hija. La menor fue entregada sin su consentimiento 24 horas después del nacimiento. Desde el lunes pasado debían ser indagadas diez personas acusadas del delito de sustracción y retención de menores de 10 años, pero los imputados pidieron que se fijen nuevas fechas para "poder defenderse con más tiempo".

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La causa está a cargo de la jueza criminal y correccional porteña Alicia Iermini, y el Ministerio Público está representado por el fiscal Ignacio Mahiques.

Todavía no se dispusieron las nuevas fechas porque el juzgado de Iermini entró en turno.

Entre los imputados están la madre biológica, el matrimonio que tramitó la guarda para la adopción y un juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, que estuvo a cargo del trámite.

El magistrado que en junio de 2000 estaba al frente del Juzgado en lo Civil y Comercial de Victoria es Raúl del Valle, quien recibió el beneficio de la exención de prisión, que le fue concedido por Iermini por no existir riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Las indagatorias de los sospechosos habían sido solicitadas por el fiscal Mahiques a fines del mes pasado. Una semana después, la jueza Iermini hizo lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio Público. El delito de sustracción y retención de menores de 10 años tiene prevista una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

En su resolución, Iermini afirmó que todos los citados a indagatoria fueron "convocados bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenarse sus detenciones en caso de inasistencias injustificadas".

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 sentenció que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y la menor.

En 2011, Fornerón declaró en la CIDH. Su testimonio fue conmovedor. No pudo ocultar las lágrimas cuando hablaba de su hija. Y afirmó que el juez de primera instancia [por Del Valle] le dijo que no le daba la tenencia de su hija porque era pobre y que el matrimonio que tenía la guarda para adopción tenía una buena posición económica.

Pedidos de declaración

A pedido de Mahiques, la jueza Iermini ordenó la indagatoria de Del Valle; Diana Enríquez, madre biológica de la menor; el matrimonio integrado por B. y Z. [como se identifica a la pareja que hizo los trámites de adopción]; los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los "padres adoptivos", Salvador Espona, y dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.

"La ilegítima entrega de XX [tal como se define a la menor en la presentación del fiscal], en el que asumieron un rol protagónico Diana Enríquez [madre biológica], el matrimonio integrado por B. y Z. [como se identifica a la pareja], y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación, al que luego le va a seguir una extensa cadena de ilegalidades que, bajo ropajes formales, se opondría entre Fornerón y su hija", afirmó Mahiques en su dictamen, presentado a fines de la semana pasada.

Los primeros en prestar declaración debían haber sido B. y Z, citados para el lunes pasado. El segundo turno era para la madre biológica y Espona, que en 2000 representaba a B. y Z, la fecha para ellos era el martes último. Un día después debía presentarse Ariel Barreto y Paul Reynoso, señalados como intermediarios entre la madre biológica y el matrimonio integrado por B. y Z.

Anteayer estaban citados la psicóloga Kairuz y Guaita. Ayer, el último día de audiencias, era el turno para las indagatorias de Del Valle, ya jubilado, y Balbi.

Fornerón y Enríquez vivían en Rosario del Tala, Entre Ríos. Su relación sentimental terminó antes de que él se enterara de que iba a ser padre. A pesar de que siempre dijo que quería hacerse cargo de su hija, no la pudo conocer porque la madre biológica, que dio a luz el 16 de junio de 2000 en Victoria, la entregó 24 horas después del parto.

Estudios genéticos

A pesar de las adversidades, Fornerón siempre luchó por su objetivo. Según recordó el fiscal Mahiques en su dictamen, en septiembre de 2000, el padre biológico de XX -tal como se identifica judicialmente a la menor- se reunió con B. y el abogado Espona en las inmediaciones de la Municipalidad de Rosario del Tala. Según el relato de Fornerón, en el encuentro B. le dijo que quería a la beba y que le pidiese lo que deseaba. Él le dijo que su único objetivo era recuperar a su hija. Entonces, según consta en el expediente, Espona le indicó que iba a tener que demostrar su paternidad.

El estudio de ADN demostró, sin dejar dudas, que la menor es hija de Fornerón.

La sospecha, según fuentes judiciales, es que la menor fue entregada a cambio de dinero. Pero esa situación no se pudo confirmar. Una testigo, una vecina que le avisó a Fornerón que su ex pareja estaba embarazada, afirmó que a ella le ofrecieron 6000 dólares por su hija, pero que se negó.

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