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El uso político de la trágica historia de Maldonado

Los últimos hallazgos dejarían sin fundamento la reiterada apelación a la figura de la "desaparición forzada" y evidencian falsedades y manipulación

Miércoles 25 de octubre de 2017
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Una vez más, lo razonable sobre el caso Maldonado será aguardar los resultados a que arriben las investigaciones judiciales en marcha a fin de emitir juicios definitorios. De todos modos, ya se pueden distinguir algunas diferencias notables entre la forma en que el Estado preservó y dispuso de los elementos de la escena donde apareció el cuerpo y los pasos que se siguieron en su momento ante la muerte del fiscal Alberto Nisman. La conmoción por estas muertes nos golpea e interpela a todos como sociedad mientras siguen abiertas un sinfín de cuestiones que demoran el esclarecimiento total de lo ocurrido. No es prudente adelantarse ni sacar conclusiones apresuradas cuando lo que corresponde hacer concierne al respeto y la solidaridad con las familias afectadas y, más aún, a la actuación judicial. Eso no quita que se puedan formular, con lo que se sabe hasta aquí, algunas valiosas reflexiones.

En el caso Maldonado las redes sociales se han hecho eco, a lo largo de los días, de una serie de mensajes que plantean agudas preguntas respecto del comportamiento de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el grupo de violentos activistas que parecen haber sido los últimos en haber visto con vida a Maldonado. Ellos se apropiaron de sus pertenencias. El cuerpo apareció en el río Chubut, a metros del poblado en que se asientan. Es éste parte de un territorio que constituía un pretendido "Estado" dentro de la jurisdicción soberana del Estado nacional, estatus sobre el cual los argentinos se notificaron de un día para otro.

Inexplicablemente, la justicia argentina admitió que se le vedara el acceso a parte del territorio nacional por considerárselo "tierra sagrada", algo que no invocaron las monjas del convento donde José López, alto funcionario del kirchnerismo, buscó refugiar bolsos que contenían unos nueve millones de dólares. No podría haberse sostenido tamaño cúmulo de fantasías legalmente insostenibles ante un Estado nacional más consciente de sus responsabilidades y con una sociedad menos amedrentada y a salvo de influencias ideologizadas que manosean la sacralidad de los derechos humanos con cualquier excusa.

Las fotos viralizadas en las redes sociales han mostrado hasta el cansancio a hombres y mujeres movilizados en denunciar la supuesta desaparición forzada de Maldonado. Se los conocía de antes como integrantes de grupos de resuelta oposición al actual gobierno nacional. Entre el raudal de versiones que circularon por vías digitalizadas se ha destacado la figura de la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Se trata de una abogada especialista en derecho indígena que se ofreció a hablar en representación de mapuches (o araucanos) renuentes a hablar por sí mismos. Gómez Alcorta es letrada de Milagro Sala y de Facundo Jones Huala, mapuche con pedido de extradición de Chile por delitos como incendio de propiedad con personas adentro, e identificada como integrante de la lista Unidad Porteña en las PASO.

Los últimos hallazgos dejarían sin fundamento la reiterada apelación a la figura de "desaparición forzada" y evidenciada la falsedad testimonial de quienes declararon haber visto, con prismáticos que nunca aparecieron, cómo la Gendarmería capturaba a Maldonado. Si bien se informó sobre un testigo que se habría rectificado ante el segundo juez interviniente por haber mentido en su primera declaración, ayer, ese magistrado lo negó.

Como se ve, hay muchas cuestiones aún por precisar, pero no cabe duda del manejo político que se ha hecho en torno de esta causa.

A esta altura, todo tiende a indicar que la trágica historia de Maldonado habría sido utilizada con la intencionalidad política de hacerla gravitar en elecciones legislativas que se proyectaban con un curso definido, según se confirmó en las urnas. Testimonios contradictorios, audaces hipótesis, operaciones de prensa, marchas, vandalismo, violencia, agitación, destemplaron los ánimos de propios y ajenos en tiempos de campaña. Si todo eso fue para torcer el rumbo histórico de la política argentina contemporánea, nada se logró, al margen de dañar por semanas la sensibilidad de los argentinos de bien. Y si lo fue para neutralizar la repercusión por los casos de corrupción de 12 años de gobiernos kirchneristas que se ventilan en la Justicia, más pobres aún resultaron los efectos de la propaganda montada.

Impresiona al observador desapasionado comparar las desmadradas derivaciones callejeras y el intento de aprovechamiento político del trágico fin de Maldonado con el silencio de los mismos activistas de estos días frente a la persecución de que fueron víctimas los qom formoseños. Miembros de esa comunidad aborigen acamparon durante meses en la Plaza de Mayo sin que el gobierno de entonces los defendiera. Prevaleció, en cambio, el interés de la Casa Rosada por proteger a un gobernador adicto, que perdura hoy en el poder.

Nada justifica la ola de violencia que se ha cernido sobre el actual gobierno, ciertamente responsable político de demoras en la resolución del caso, al no haber sabido, junto con la Justicia, cómo proceder frente la inadmisible interdicción impuesta para el ingreso de las autoridades en territorio "mapuche". Así las cosas, el Congreso debería tomar cartas en el asunto ante la violación de leyes que rigen el Estado argentino, su territorio e instituciones por parte de grupos tan minoritarios como irracionales en su determinación.

Lo único que falta en una república que ha sido degradada en tantos planos desde mediados del siglo XX sería aceptar, sin apelación a la ley, la virtual secesión de una fracción del territorio que corresponde a la Argentina por historia, derecho y sacrificio de pasadas generaciones.

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