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Puigdemont ya no puede elegir cómo será su derrota

Jueves 26 de octubre de 2017 • 18:44
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Enredado en sus palabras, mareado por sus actos, Carles Puigdemont experimentó el peso angustiante del poder cuando se acaba.

Su marcha ciega hacia una independencia fuera de la ley y sin suficiente apoyo social chocó contra una pared. Incapaz de proveer la victoria que prometió, se resignó a diseñar in extremis una derrota a medida.

Sólo consiguió exhibir el tamaño de su debilidad. Su tiempo como presidente de la Generalitat se agota. Le quedan horas hasta que Mariano Rajoy esté en condiciones de destituirlo y de intervenir las instituciones de Cataluña.

Puigdemont abrió una jornada de infarto convencido de que convocaría a elecciones autonómicas, una facultad que retiene mientras sobreviva en el cargo. Hace días se lo pedían a gritos desde Madrid y él decía que jamás. Ahora, con la soga al cuello, le pareció la capitulación del mal menor. Lo obligaría a gestionar la ruptura interna del bloque separatista y la desilusión masiva de la mitad de Cataluña que se creyó el relato de la república naciente.

A cambio, la voltereta podía permitirle al separatismo detener a Rajoy en el instante previo a presionar el botón nuclear del artículo 155 de la Constitución. Y los independentistas retendrían tres condiciones valiosísimas: el poder local, la caja y la libertad personal de sus líderes, amenazada seriamente si continúan por la vía segada de la secesión unilateral.

Pero Puigdemont sobreestimó el valor de sus cartas. En la negociación con Rajoy a través de terceros –sobre todo el presidente vasco, Íñigo Urkullu- quedó en evidencia que la mayor crisis política de la historia democrática española no iba a zanjarse tan fácilmente con otro episodio de contorsionismo tragicómico.

Con su gabinete a punto de estallar, mientras diputados independentistas renunciaban a sus bancas en protesta por la rendición, Puigdemont exigió “garantías” para disolver el Parlamento y convocar a elecciones. El PP de Rajoy le advirtió que sólo contemplaría detener la intervención ante una renuncia sin ambigüedades a la legalidad paralela del proceso separatista.

Entonces, mientras cientos de manifestantes independentistas le gritaban “traidor” en las calles, Puigdemont se superó a sí mismo. El hombre que hace 15 días declaró la independencia de Cataluña para suspenderla ocho segundos después, anunció al mundo que desconvocaba unas elecciones que jamás había llegado a convocar.

Admitió que era lo que quería, pero que no recibió garantías suficientes. No dijo a qué se refería. En realidad pedía tres cosas: la inmediata suspensión del proceso del artículo 155, que Rajoy ordenara retirar de Cataluña a los policías estatales desplegados allí desde septiembre y que se resolviera pronto la liberación de los activistas del separatismo Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presos en Madrid por sedición.

Fuentes del PP sostienen que exigía también señales de que no se presentarían querellas criminales por delitos graves contra los miembros del gobierno catalán a raíz de las medidas que tomaron desde el 6 de septiembre, cuando votaron una ley que pretendía ponerse por encima de la Constitución española para justificar la celebración de un referéndum sobre la independencia.

Lívido, en la intimidad del Palacio de la Generalitat, Puigdemont amagó con renunciar. Sus socios se lo impidieron.

Activó ahí el otro escenario: la derrota épica. Descartó las elecciones y se reunió el Parlamento en Barcelona para “analizar” la situación creada a partir de la inminente intervención de la autonomía. El bloque separatista advirtió que no le quedaría más opción que declarar la independencia, en consonancia con el resultado (incierto e incomprobable) del accidentado referéndum del 1 de octubre.

La lógica de dar ese paso costosísimo sólo puede ser construir un hito histórico en la rica historia del victimismo catalán. Sembrar a futuro. Provocar una reacción brutal de España: encarcelamientos, represión, un largo período de gobierno a distancia.

“Calma. Estamos ganando”, dijo el portavoz parlamentario de la alianza separatista, Lluís Corominas, mientras admitía el escenario negro que se viene en Cataluña. Poco después empezaron las renuncias de los moderados, encabezados por el conseller de Empresa, Santi Vila.

Lo curioso es que decidieron seguir jugando en la cuerda floja. La sesión se suspendió hasta las 12 del viernes. Para esa hora el Senado español ya habrá tratado los poderes especiales para que Rajoy destituya a todo el gobierno catalán y acote las funciones del Parlamento.

¿Queda tiempo? Rajoy quiere evitar una medida que podría convertir a Cataluña en un polvorín. Pero exige una rendición incondicional, como podría ser un llamado a elecciones seguido de una renuncia de Puigdemont y sus aliados principales en el gobierno.

Por una vez el carácter volátil del líder catalán deja una puerta entornada a la esperanza.

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