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Cómo sigue la crisis en España tras la declaración de independencia de Cataluña

Mariano Rajoy pidió restaurar la legalidad en Cataluña y entre sus principales medidas está la intervención a la región

Viernes 27 de octubre de 2017 • 12:55
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Mariano Rajoy prometió restaurar la ley en Cataluña
Mariano Rajoy prometió restaurar la ley en Cataluña. Foto: AFP

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy , pidió hoy "tranquilidad" a los españoles y prometió restaurar la ley en Cataluña después de que el Parlamento regional aprobara una resolución para declarar la independencia.

"Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña", escribió el mandatario conservador en Twitter minutos después de la polémica resolución aprobada por las fuerzas independentistas en el "Parlament".

Aunque la resolución no equivale jurídicamente a una declaración de independencia, su aprobación culmina la escalada abierta por el plan soberanista del jefe de Gobierno regional, Carles Puigdemont, y tiene un enorme impacto político que abre un escenario de crisis inédito.

El voto desató así un terremoto de reacciones políticas, jurídicas y bursátiles. La Fiscalía General del Estado confirmó de inmediato que presentará previsiblemente el lunes una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del "Govern" por un delito de rebelión, castigado con hasta 30 años de prisión, confirmaron fuentes de la fiscalía.

Además, el Gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional la resolución de independencia aprobada en el Parlamento de Cataluña, lo que motivará previsiblemente su suspensión.

Las cinco claves de la crisis

¿Declaró Cataluña su independencia?

No en términos estrictamente jurídicos, aunque la resolución aprobada hoy tiene enorme impacto político y fue celebrada por los independentistas como la proclamación de una nueva "república".

El "Parlament" aprobó una resolución propuesta por las fuerzas que apoyan al Gobierno regional de Carles Puigdemont para iniciar un proceso que acabe con la constitución de un "Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social" en un plazo no fijado.

El texto recoge la declaración de independencia anunciada y dejada en suspenso el 10 de octubre por los nacionalistas, pero la incluye en una parte expositiva que no era sometida a votación. Los expertos coinciden por eso en que la resolución no equivale jurídicamente a una declaración unilateral de independencia.

¿Qué consecuencias tendrá el paso dado por el "Parlament"?

La votación cierra la puerta a una solución dialogada al conflicto. El Gobierno de Mariano Rajoy se limitará a seguir adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña, un paso inédito que acordó el sábado y que el Senado en Madrid aprobó hoy.

El paso del "Parlament" podría costar caro a Puigdemont. La Fiscalía General del Estado había avisado que, en caso de que se proclamara la independencia, presentaría una querella contra el líder catalán, su Gobierno y la Mesa del "Parlament" por rebeldía, un delito castigado con hasta 30 años de prisión.

Ese riesgo podría explicar la fórmula ambigua encontrada para anunciar un "proceso constituyente" hacia la república en lugar de una declaración unilateral de independencia.

Otra posible consecuencia de la declaración es la apertura de grietas internas en el independentismo. El consejero del área de Empresa de "Govern", Santi Vila, renunció ya la noche del jueves para mostrar su rechazo a la vía unilateral de Puigdemont, no compartida por todos sus seguidores.

¿En qué consistirá la intervención de la autonomía de Cataluña?

El artículo 155 de la Constitución, nunca aplicado hasta ahora en 40 años de democracia en España, permite al Estado adoptar "las medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir la ley. El Gobierno de Rajoy lo usará para destituir a Puigdemont y su Gobierno y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses.

También se espera que limite las competencias del "Parlament", intervenga las cuentas de la región, la Policía regional (Mossos d'Esquadra) y las oficinas de representación extranjera de Cataluña, entre otras medidas. La intervención comenzará de forma gradual y será por tiempo limitado.

¿Cómo se aplicará la intervención?

La intervención inédita del Estado central en una región tiene un alto costo de imagen -motivo por el que Rajoy intentó evitarla hasta último momento- y fue presentada por el independentismo en Cataluña como un agravio y una "humillación".

La aplicación del 155 promete así ser conflictiva y recibida con protestas en las calles y resistencia social y política, con el consecuente riesgo de incidentes y actuaciones policiales.

La Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoya al Gobierno de Puigdemont, llamó ya a una "lucha no violenta" y a la "desobediencia civil masiva". Diversos sectores convocaron también protestas y huelgas. El "Govern" aseguró además que sus funcionarios se negarán a obedecer "órdenes de Madrid".

¿Será Cataluña independiente?

No a medio plazo. Sin tomar en cuenta la intervención de Madrid que desbaratará el plan secesionista, la "república catalana" requeriría reconocimiento internacional y que España retirara su presencia en la región (jueces, policía, Ejército, funcionarios, etc.): dos condiciones que hoy nadie se plantea.

Incluso sin esos obstáculos, un nuevo país no puede crearse de la noche a la mañana. La nueva república tendría que crear su propia moneda o imprimir pasaportes. Cataluña carece de un Ejército y solo cuenta con una Policía autonómica. La reciente fuga de más de mil empresas de la región muestra también los retos económicos que tendría el nuevo país.

La independencia divide además a la sociedad catalana. Las encuestas muestran que algo más de la mitad la rechaza, aunque una mayoría que llegó a superar el 80% pide decidir en un referéndum legal y pactado con Madrid.

Según datos del Gobierno catalán, un 43,03% del censo participó en la polémica consulta del 1 de octubre, suspendida por la Justicia y celebrada sin condiciones mínimas. El "sí" a la ruptura con España ganó por un 90 por ciento, en parte porque los partidarios del "no" boicotearon la votación.

Agencia DPA

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