Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

La industria del juicio atenta contra el empleo

Acotar la litigiosidad laboral a su mínima expresión, arbitrando otros espacios de resolución de conflictos beneficiará a los propios trabajadores

Sábado 28 de octubre de 2017
0

Resulta claro a estas alturas que no será factible terminar con la pobreza sin generar empleo genuino en el sector privado y que esto requerirá, además, del desarrollo de un fuerte clima inversor. Será imposible crear esas condiciones con los actuales niveles de judicialidad laboral que afectan de manera especial a las principales generadoras de puestos de trabajo, que son las pequeñas y medianas empresas.

Una de cada tres pymes del sector industrial se encuentra involucrada en litigios laborales, a razón de tres juicios por empresa en promedio. Este fenómeno se registra con mayor intensidad en las empresas medianas, que ocupan entre 50 y 200 trabajadores. El 60% de las compañías indican que los juicios laborales se han transformado en la principal dificultad a la hora de pensar en incorporar nuevos empleados por el aumento de los costos económicos asociados.

Tales conclusiones se desprenden de un reciente trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y la Fundación Observatorio Pyme. La judicialización de los reclamos señalan a la cabeza la indemnización por despido que afecta al 43% de las pymes industriales; siendo la segunda los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que alcanzan al 40% de esas empresas.

El 60% de los empresarios denuncia la proliferación de los jucios; el incremento de los costos (60%) y el desincentivo a las inversiones (50%), como trabas a la hora de incorporar nuevos empleados.

Si bien los juicios laborales constituyen un método legítimo para la resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores, el aumento de la judicialización y los costos asociados debería ser una fuente de preocupación general y un acicate para abrir nuevas instancias de diálogo o mediación que no carguen gravosamente contra el Estado y sus estructuras.

A pesar de lo que habitualmente se cree, a quien menos beneficia la elevada litigiosidad es al propio trabajador, por la sencilla razón de que desalienta fuertemente la creación de empleos. Por un empleado llevado a iniciar un juicio, seducido por potenciales y suculentas indemnizaciones, habrá no sólo abogados que cobrarán cuantiosos honorarios, sino también varios trabajadores que quedarán en la calle, y probablemente sin compensación alguna, cuando la pequeña empresa se vea forzada a bajar la persiana.

Un caso emblemático dentro de la conflictividad judicial es el derivado de los accidentes de trabajo. En 2016 se produjo un récord de algo más de 127 mil demandas, número un 20% superior al del año anterior. Lo más curioso es que esa cantidad duplica las aproximadamente 60 mil indemnizaciones que el sistema de riesgos del trabajo abona anualmente por casos de accidentes que provocan una incapacidad remanente. No menos llamativo es que las demandas continúen en aumento cuando el número de accidentes laborales y las personas fallecidas por esas circunstancias vienen experimentando una fuerte disminución.

La razón de semejante asimetría puede ser encontrada en la existencia de una vil industria del juicio laboral, que alimenta comportamientos mafiosos de múltiples actores, denunciados incluso públicamente por el propio presidente Macri, pero que hasta ahora no han sido enfrentados con la necesaria voluntad política.

La reforma del régimen de riesgos del trabajo, producida en febrero último, debía traer algo de alivio, con la creación de una instancia o filtro previo a la posibilidad de acceder a los tribunales. Según la nueva norma, todo trabajador que sufre un accidente laboral está ahora obligado a recurrir, en primer lugar, a la comisión médica de su jurisdicción, encargada de verificar su estado de salud y el nivel de invalidez. Hasta antes de la referida modificación legislativa, podía concurrir directamente a la justicia nacional del trabajo, sin restricciones respecto de la jurisdicción.

El nuevo sistema parece tener efectos beneficiosos en la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a aplicarse. Por el contrario, otros distritos, como el bonaerense, que aún no han adherido al nuevo régimen nacional, han visto en franco aumento la litigiosidad. La provincia de Buenos Aires, según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), ha visto crecer en un 48,4% las notificaciones de juicios contra las ART en los primeros nueve meses de este año, respecto del mismo período de 2016. En el distrito porteño, en cambio, ese crecimiento apenas fue del 2,5 por ciento.

Sin duda, el dato reciente más alentador para terminar con este factor de inseguridad jurídica lo ha dado la Corte Suprema de Justicia que en las últimas semanas envió más de un claro mensaje contrario a la industria del juicio. En sendas sentencias, el máximo tribunal dispuso la utilización obligatoria de las fórmulas prestacionales tarifadas y rechazó la fijación de montos arbitrarios de indemnizaciones en casos de acción civil.

En una de esas causas, la Corte revocó una decisión de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había condenado a una empresa a pagar una indemnización considerada absolutamente desproporcionada por un accidente laboral. La determinación del alto tribunal coadyuva a la estrategia del Gobierno de disminuir las demandas laborales.

Resta ahora que las provincias adhieran al nuevo régimen de riesgos del trabajo aprobado por el Congreso de la Nación, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde, de acuerdo con lo expresado por la gobernadora María Eugenia Vidal, sería esperable que ocurra, en función de la nueva composición que tendrá la legislatura provincial desde el 10 de diciembre próximo.

Promover el empleo resulta fundamental para reducir los niveles de pobreza. Acotar la litigiosidad laboral a su mínima expresión, arbitrando otros espacios de resolución de conflictos igualmente eficaces y desactivando la mafiosa industria del juicio, beneficiará en primer lugar a los propios trabajadores saneando un escenario hoy por demás contaminado que sólo alienta el desempleo y la desinversión.

Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas