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Naftas: precios en el eje del debate

En los últimos días aumentó el combustible y fue preso Julio De Vido, quien desde la Comisión de Energía en Diputados impulsaba un proyecto de ley que impactaría en la red de comercialización; la iniciativa caería, pero la discusión sigue abierta

Domingo 29 de octubre de 2017
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LA NACION
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Naftas: precios en el eje del debate
Naftas: precios en el eje del debate. Foto: Archivo

Julio De Vido está preso y la noticia sobre el futuro del ex ministro tuvo protagonismo en las crónicas de los últimos días. Ahora, cuando repose en su celda, probablemente pueda repasar alguna de las tareas que le quedaron pendientes. Hasta que empezó la semana que hoy termina, el diputado porteño y ex presidente de la Comisión de Energía de Diputados tenía en sus manos un proyecto de ley sobre un tema que impacta en uno de los precios más sensibles de la Argentina. En su escritorio estaba la iniciativa para sancionar la ley de comercialización de combustibles, una norma que esperaba ser tratada en la comisión que tenía como presidente al ex titular del extinto Ministerio de Planificación Federal.

Todo quedó en suspenso en estos días en que sus compañeros de trabajo recibieron una orden judicial en la que se les requería quitarle a De Vido los fueros y, finalmente, se los sacaron. Mientras tanto, los combustibles no necesitaron ley para subir alrededor de 10 por ciento. Detrás de los surtidores, la discusión sobre el sistema de comercialización es silenciosa pero constante. Poco se conoce de lo que podría ser un sistema rector en este producto vital para los precios de la economía.

Pero más allá de la iniciativa, que el propio impulsor, el Frente Renovador, que conduce Sergio Massa, espera que pierda estado parlamentario, la necesidad de encontrar algún tipo de resorte que amortigüe el precio del combustible cuando suba o baje abruptamente el precio del petróleo, está en la agenda del Gobierno.

La historia reciente del asunto empezó cuando el ministro de Energía, Juan José Aranguren , hizo efectivo un pacto con las petroleras. A fines de septiembre, el funcionario dio por terminado el Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera, que contemplaba un valor sostén para mantener la actividad dedicada a la búsqueda y producción de crudo. Ese precio sostén se mantenía por arriba del precio internacional desde 2014. Entonces, el gobierno de Cristina Kirchner resolvió mantener el precio del barril en el mercado local por encima de lo que se pagaba en el mundo. La diferencia, una suerte de subsidio a las petroleras, se pagaba con el aporte que hacía cada uno de los que cargaban nafta en una estación de servicio, ya que compraban el producto elaborado con una materia prima que era más cara que en otras partes del mundo.

El Gobierno decidió mantener aquel beneficio hasta que los precios se equipararan. Eso sucedió en septiembre y el precio se liberó. Horas después de que pasaran las elecciones, el litro de combustible en los surtidores subió alrededor de 10 por ciento.

El destino del proyecto de ley parece derrumbarse, pero las discusiones se mantienen. En principio, la iniciativa que tenía el visto bueno de los diputados que responden a Sergio Massa y de gran parte de la oposición tenía como objetivo regular la actividad de todos los actores, especialmente, de las estaciones de servicio. Establecía condiciones y pautas para el funcionamiento del mercado de los hidrocarburos, modificaba condiciones laborales de los trabajadores del sector y, además, en uno de sus contenidos más polémicos, generaba fondos multimillonarios manejados por una de las cámaras de estacioneros y por el sindicato.

Cuestión de forma

Uno de los principales temas que enciende la discusión entre petroleros y estacioneros es la forma en la que se comercializará el combustible. Actualmente, las petroleras más grandes, entre ellas, obviamente YPF que es la líder del sector, tienen mayoritariamente un sistema de comercialización por consignación. Es decir, le dan a la estación de servicio el combustible a un determinado precio y establecen un margen para el estacionero. Una de las partes centrales de la discusión es el cambio para pasar de aquella consignación a una venta. En ese caso, los dueños de las estaciones de servicio que no son de la red podrían poner el precio que quieran. Más allá del libre mercado, no son muchos los que quieren que la ley de oferta y demanda se imponga pura en el reino de los combustibles. El surtidor recalentado por la inflación asusta.

"El sistema consignado y el de reventa coexisten sin interferencias y lo han hecho por varios años. El empleo de uno u otro, o de alguna variante dentro de las normas, es una decisión empresaria. Si algunos estacioneros consideraran que el sistema de consignación atenta contra el marco regulatorio vigente, deberían dirimir esa controversia en sede administrativa o judicial", responden en el Ministerio de Energía.

Es uno de los puntos controversiales. Carlos Pessi, presidente de la Asociación de Operadores de YPF - una cámara empresarial que nuclea a las estaciones de servicio y distribuidores de la petrolera de todo el país-, es uno de los más críticos con la legislación. "Mantenemos diferencias de criterios en varios aspectos del proyecto presentado. No creemos que por una ley de este tipo se deba prohibir o imponer un sistema. El ámbito de debate de ese tema, al menos en los términos planteados en el proyecto, no debería ser el Congreso, sino que tendría que definirse de acuerdo con las condiciones que se vayan dando en la realidad del mercado de combustibles. En el caso particular de YPF, que es el que nos interesa a nosotros, creemos que debe responder a los cambios que se produzcan y a las pautas establecidas ya por las leyes generales vigentes en materia de competencia, como parte de la estrategia comercial y de la relación de la petrolera con la red de comercialización minorista", contesta.

Del otro lado de esta postura está la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), que fue una de las impulsoras de los cambios, y la Foesgra, el sindicato de empleados de estaciones de servicio.

En el Gobierno consideran que hay algunas herramientas para quitarle la fluctuación que podría tener el precio de los combustibles cuando quede atado al valor internacional del barril de petróleo. Varios países tienen esquemas flexibles de impuestos. Por caso, cuando el barril baja, los impuestos se suben para formar un fondo que proporcionará el financiamiento necesario para que puedan bajar cuando lo que sube es el precio del petróleo. Pero el tema no es sencillo.

En la Argentina, el precio de la nafta está compuesto, a grandes rasgos, por tres componentes: precio de la materia prima, impuestos y tasas y margen del estacionero. El valor de la materia prima es de alrededor del 48,6% del precio final. Luego le sigue el impuesto a la transferencia de combustibles (24,5%); la tasa hídrica (2,2%); el IVA de 12,7%, ingresos brutos (2,6%); el impuesto al cheque (0,85%); el flete (1,25%) y el margen del estacionero que se ubica en alrededor de 7,3 por ciento.

Sucede que gran parte de esos impuestos que componen el precio del surtidor tienen afectación específica, por lo tanto, no es fácil darles flexibilidad como para que logren ser un colchón a la hora de amortiguar las subas del barril.

Las principales petroleras rechazaron el proyecto. "Consagraría una significativa restricción a la libertad de comercio y contratación para las empresas refinadoras que actúan en el segmento de la comercialización, al tiempo que dispone una serie de privilegios en beneficio de los comercializadores minoristas y mayoristas", contestaron a LA NACION en YPF.

Dos nuevos fondos

Pero, sin duda, uno de los puntos más controversiales es la creación de dos fondos nuevos. El primero de ellos tiene un pretendido objetivo de remediación de los pasivos ambientales, pero sin establecer pautas, prioridades, mecanismos de control o de contratación, auditorías, comité de rendición de cuentas, etcétera. Este fondeo, además, crea la condición de trabajo insalubre de los empleados de estaciones de servicio, con lo que se modifica la regulación en materia laboral.

El segundo, que está bajo el título de "capacitación", establece que las estaciones de servicio deberán contratar personal egresado de un instituto de formación que maneja el gremio, algo similar a lo que benefició a Hugo Moyano en épocas de romance kirchnerista, cuando manejaba un fondo de capacitación para los empleados del gremio de los camioneros.

Para el ex secretario de Energía Emilio Apud, la creación de los fondos es innecesaria. "Uno de ellos, destinado a financiar tareas de remediación, sería financiado con una alícuota de 0,2% aplicable sobre el monto total de los combustibles. Y el otro, para la capacitación del personal de estaciones mediante la creación de un instituto, se solventaría con otra alícuota similar del 0,2 por ciento. Son fondos que se imponen para actividades actualmente reglamentadas y llevadas a cabo por las empresas, y que significarían un aumento de costos a trasladar al precio del combustible de alrededor de 200 millones de dólares por año", dice.

Pessi, en representación de los estacioneros de YPF, tampoco acuerda. "Desde hace varios años trabajamos en el proyecto de un fideicomiso de prevención de los pasivos ambientales, con características de autoseguro que trata de evitar las cauciones, que no son una solución para nadie y terminan por resultar una erogación inútil", dice.

Por ahora, nada hace suponer que este proyecto de ley sea aprobado en Diputados. Los legisladores de Cambiemos nunca lo quisieron. Aranguren también lo desaprobó. Estaba en la Comisión de Energía y amenazaba con saltar al recinto con el apoyo del Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Pero pasó la elección y la Justicia. La primera, cambió los aires en el Congreso. La segunda, encarceló al presidente de la Comisión, Julio De Vido. Por ahora, los grandes impulsores de la iniciativa son los gremios y la cámara de estacioneros Cecha.

Pero más allá de la iniciativa parlamentaria, la discusión sobre el precio de los combustibles está lejos de terminar. Si bien una parte del Gobierno trata de encontrar la herramienta que permita amortiguar valores internaciones, el Ministerio de Energía, por caso, hay otro sector de la gestión que utiliza para obra pública gran parte de las tasas específicas que se recaudan con cada litro de nafta. Varias de las obras para prevenir inundaciones tienen este financiamiento, al igual que parte del plan vial que se desarrolla.

La discusión está abierta. Por ahora, el mercado está más libre y las fluctuaciones internacionales no tienen filtro para impactar en el mercado interno. Salvo, claro está, la negociación entre funcionarios y empresarios que logró, en los últimos tiempos, pasar el aumento al día después de las elecciones.

Macri dijo que se pagará lo que paga el mundo

El presidente Mauricio Macri habló sobre la liberalización del precio de los combustibles, luego del aumento de entre el 9,5% y el 10%, el lunes pasado. "Pagamos lo que se paga en el mundo", sostuvo.

"Cuando llegamos, el mundo tenía un nivel de (precio) de la nafta mucho más barato que en la Argentina. Cuando quisimos desregular e ir al precio internacional, nos encontramos que en las provincias del Sur, productoras de gas y petróleo, mucha gente se quedaría sin trabajo", afirmó.

"Llegamos a octubre con un sistema energético en el que se puede importar y exportar sin impuestos y vamos a pagar lo que vale en el mundo el combustible", concluyó el Presidente.

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