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España en shock: Rajoy disuelve al gobierno de Cataluña tras la secesión

En la jornada más dramática para el país en 40 años, luego de que el Parlamento regional declarara una república independiente el presidente cesó a Puigdemont y llamó a elecciones para el 21 de diciembre; manifestaciones en Barcelona

Sábado 28 de octubre de 2017
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LA NACION
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Puigdemont y los principales funcionarios catalanes, ayer, luego de la declaración de la independencia, en Barcelona
Puigdemont y los principales funcionarios catalanes, ayer, luego de la declaración de la independencia, en Barcelona. Foto: EFE / Jordi Bedmar Pascual

MADRID.- Momento histórico y, al mismo tiempo, gravísimo quiebre institucional. En una medida inédita en sus 40 años de democracia, el Estado español disolvió el Parlamento regional de Cataluña, cesó a su gobierno y convocó a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre próximo.

Fue esa la respuesta del gobierno del presidente Mariano Rajoy para "restablecer la normalidad", luego de que, en lo que consideró "un acto delictivo", la autonomía se declarara república independiente y pusiera en marcha un sistema de desconexión del resto de España.

Más allá de que el gobierno central cuenta con el apoyo mayoritario de los partidos de la oposición, incluido el socialista (PSOE), se abre ahora un período incierto en el país, que es la cuarta economía de la Unión Europea (UE).

Nunca España en su historia moderna vivió semejante desafío institucional. Uno de los retos que le espera ahora es, justamente, hacer que en Barcelona se acaten las medidas que dispuso Madrid. No está claro cómo ocurrirá eso.

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Se sabe que los funcionarios y legisladores cesados dejarán de cobrar el sueldo de forma inmediata. Pero otra cosa es que estén dispuestos a dejar sus oficinas. Anoche, el temor era que hubiera resistencia en las calles; incluso, con choques violentos. En un día marcado por la incertidumbre en todo el país, miles de catalanes se concentraron en las calles de distintas ciudades de la región al grito de "Libertad" y "Al fin dejan de robarnos", que es una frase que suelen dedicar al resto de España.

Sin embargo, el proceso de independencia al que ayer dieron paso carece del reconocimiento de los líderes de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. El desafío catalán tropieza así con el aislamiento y la soledad. Para muchos analistas, es una independencia sin validez jurídica.

La declaración de intenciones patentizó, sin embargo, una profunda fractura no sólo en España, sino, sobre todo, entre los propios catalanes.

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Uno de los datos llamativos de la jornada fue el hecho de que la votación histórica se efectuó en secreto, para evitar consecuencias penales de esa misma España de la que dijeron independizarse. "¡Hay que tener cara! Quieren declarar la independencia, pero no se animan a hacerlo de frente", reprocharon diputados que, en vano, se opusieron a esa Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

La convocatoria a elecciones regionales en Cataluña dentro de 54 días fue la otra sorpresa dentro de la tensa jornada. Con esa maniobra Rajoy desmontó el fantasma de una larga intervención y, por el contrario, propuso que sean las urnas las que definan una salida a la crisis institucional.

La resistencia ya asomaba anoche. Mientras el gobierno catalán guardaba silencio, los antisistema del partido radical de izquierda Convocatoria de Unidad Popular (CUP) se burlaron de la convocatoria.

"Ya somos república. El 21 [de diciembre], paella insumisa", dijeron diputados de esa agrupación clave en el gobierno regional, al anunciar su intención de petardear ese llamado. Días atrás ya habían anticipado que boicotearían elecciones convocadas por el "Estado represor", en alusión a España.

En forma paralela, se supo que la Fiscalía de Estado ya prepara las querellas por rebelión contra el cesado presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.

"El gobierno de España no quiere dilatar esto ni un minuto más", dijo Rajoy, al poner en marcha la intervención de Cataluña. Serán 54 días hasta las anunciadas elecciones en las que, nadie lo descarta, el independentismo podría ganar.

"Hay que dar voz a todos los catalanes. Hay que volver a la ley y a la concordia, y la mejor manera de hacerlo es con urnas limpias y democráticas", dijo Rajoy.

"El presidente Rajoy se portó como un estadista", dijo el socialista por Cataluña Mikel Iceta, el hombre que, en vano, intentó mediar ante el gobierno de Puigdemont para que fuera él quien llamara a elecciones.

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Sin control alguno y sin garantía de transparencia, el resultado del referéndum del 1° de octubre arrojó un 48% de participación, con 90% de votos a favor de la independencia. Lo que pretende ahora el gobierno español son elecciones con garantías. Pero para llegar a eso hay que transitar la tierra desconocida de 54 días en los que nadie sabe cómo reaccionarán los distintos actores.

Además del cese de Puigdemont y de Junqueras, el gobierno central dispuso el de todos los miembros del gobierno regional. El Parlamento fue disuelto. Se dejaron también sin efecto las oficinas diplomáticas de Cataluña y a los delegados de la autonomía ante Bruselas y Madrid.

Se espera que en las próximas horas podría producirse el cese del jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, en lo que podría ser otro paso traumático.

Con lo que sí dio marcha atrás Rajoy fue con la toma de control de los medios públicos catalanes.

"El Estado de Derecho ni puede ni debe tolerar la secesión de Cataluña", respaldó el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez. En una dura intervención, culpó a Puigdemont y Junqueras por la "fractura de la sociedad catalana". Rajoy agradeció especialmente su apoyo, al igual que al líder del partido Ciudadanos, el catalán Albert Rivera.

Con 70 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, el Parlamento catalán había aprobado al mediodía la constitución de una "república catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social".

En forma paralela, el Senado nacional aprobó las medidas para intervenir la autonomía catalana, en el marco del artículo 155 de la Constitución. La Unión Europea (UE) en pleno se sumó al rechazo de una ruptura dentro de España.

Miles de personas respaldaron anoche la declaración de independencia con una concentración frente al Parlamento regional, en Barcelona
Miles de personas respaldaron anoche la declaración de independencia con una concentración frente al Parlamento regional, en Barcelona. Foto: AFP / Pau Barrena

Puigdemont no abrió la boca en toda la discusión, pero sí hizo gestos de reprobación cada vez que hablaba un legislador opositor. Luego, cuando se avecinaba la reacción de Madrid, pidió a los catalanes que se prepararan para defender lo decidido.

El texto aprobado pide abrir negociaciones con España y con la UE. Cataluña quiere integrarse "lo antes posible" a ese bloque, añade.

Poco antes, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, se negó a dar la palabra a los jefes de bloque de oposición que pedían una nueva ronda de intervención. Los bloques de oposición reaccionaron indignados.

"Se saltan ustedes la Constitución, se saltan el Estatuto de Autonomía catalán, ¿y ahora me vienen con esta interpretación a rajatabla del reglamento de la Cámara? Disculpe que dude de usted, señora Forcadell", espetó Inés Arrimadas, de Ciudadanos, una de las más vehementes oradoras en contra de la independencia.

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Los letrados del Parlamento dictaminaron que la resolución no debía votarse, pero el frente independentista siguió adelante.

Junts pel Sí pidió que la votación fuera secreta. "Si tenían miedo de votar, lo hubiesen pensado antes", respondió el PP. Fue curioso que, en el momento de votar la independencia, los diputados tuvieran miedo al sistema judicial del país del que quieren independizarse. "No se animan a dar la cara", dijo el diputado del PP Xavier García Albiol. "Son unos cobardes".

La CUP estuvo de acuerdo en el voto secreto. "Es para evitar cárcel y tortura", justificaron.

La hoja de ruta de Rajoy y sus dificultades

Ejecutivo

Madrid debe asumir las funciones de gobierno de Cataluña hasta las elecciones convocadas para el 21 de diciembre, pero las autoridades separatistas previsiblemente se resistirán a ceder la administración. La intervención implica además la gestión de más de 200.000 funcionarios catalanes, que podrían declarar un boicot a las nuevas autoridades

Parlamento

El Parlamento regional fue disuelto en uno de los decretos de Rajoy. Otros organismos que se extinguen son el Consejo de Transición Nacional, las oficinas del presidente y del vicepresidente, Diplocat y las embajadas en el extranjero. Queda por resolverse la situación de más de 700 alcaldes secesionistas

Elecciones

No está claro si la convocatoria a elecciones autonómicas servirá para resolver la crisis secesionista. Las encuestas más recientes señalan que los resultados serían similares a los comicios de 2015, cuando una coalición de partidos favorables a la independencia formó gobierno. Otros sondeos confirman que Cataluña está dividida en dos fracciones iguales de partidarios y detractores de la independencia

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