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Unidades de agentes especiales lucharán contra la corrupción

Las nuevas dependencias policiales agruparán a 200 peritos informáticos y contadores que estarán bajo el mando directo de los cuatro jefes de las fuerzas

Sábado 28 de octubre de 2017
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LA NACION
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El Gobierno decidió acelerar la elaboración de los informes de casos de corrupción y modificó el organigrama de las cuatro fuerzas de seguridad federales para dar mayor peso al área que sigue el rastro de posibles defraudaciones al Estado. El Ministerio de Seguridad creó este mes la Unidad Investigativa contra la Corrupción, con un esquema que no sólo implicó bautizar con un nuevo nombre a un departamento policial, sino que determinó la existencia de grupos de peritos cuya única asignación será enfocarse en los pedidos judiciales vinculados con ese tema.

Hasta el momento esas tareas derivadas por la Justicia eran desarrolladas por personal que tenía, a su vez, encargos relacionados con las múltiples caras del delito complejo, como la trata de personas o el narcotráfico. Ahora cada fuerza formó un grupo especial para dedicarse en forma exclusiva a expedientes que involucren a policías, funcionarios y ex administradores del dinero público.

Si bien en estos días la lucha contra la corrupción quedó reflejada en el arresto del ex ministro Julio De Vido, en el Gobierno se aseguró que estas unidades especiales no tendrán como objetivo el seguimiento de rutas de dinero kirchnerista.

Para fortalecer la importancia interna de esos grupos de peritos dentro de las fuerzas de seguridad, se decidió que está nueva área fuese desplazada de los núcleos generales de investigadores y se agrupase a los agentes designados en una dependencia bajo mando directo del jefe de cada fuerza.

En los últimos días firmaron las respectivas resoluciones el comisario general Néstor Roncaglia (Policía Federal), el comandante general Gerardo Otero (Gendarmería), el prefecto general Eduardo Scarzello (Prefectura) y Alejandro Itzcovich Griot (Policía de Seguridad Aeroportuaria), quienes destinaron una dotación inicial de 200 agentes para esas unidades especiales. Los jefes de las fuerzas estuvieron esta semana en Chile, en la reunión de Ameripol, la entidad que agrupa a todos los cuerpos de seguridad de este continente (de lo que se informa por separado).

"Esta medida es un paso muy importante y necesario en la lucha contra la corrupción en la Argentina. La sociedad demandaba una respuesta para la gran cantidad de casos que había y nosotros desde el Ministerio de Seguridad, cumpliendo con el mandato del Presidente de ir a fondo en este tema, tomamos la iniciativa de generar un mecanismo propio para cada fuerza federal. Así podemos garantizar que las investigaciones sobre casos de corrupción se realicen de manera eficaz, transparente y por parte de gente profesional y capacitada", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según explicaron funcionarios del Ministerio de Seguridad hubo consultas a magistrados federales para definir el apoyo que las fuerzas federales podrían entregar en su rol de auxiliares de la Justicia. En esos mensajes que llegaron desde los tribunales se reclamó por una asignación específica de tareas, dado que investigaciones que son realizadas por los uniformados podían demorarse debido a la cantidad de causas que éstos tenían en sus oficinas.

"La idea es generar una herramienta que apuntale la lucha contra la corrupción en todos los niveles", comentaron quienes estuvieron al tanto de las negociaciones para la creación del área especial. En una de las resoluciones firmadas por los jefes de las fuerzas de seguridad se informó que "la nueva unidad contará con una dependencia netamente operativa y con secciones de análisis y desarrollo pericial, al tiempo que el personal asignado a la misma será capacitado para desarrollar investigaciones complejas e instruido especialmente para optimizar sus competencias".

En la resolución que dio origen en la Policía Federal a la Unidad Investigativa contra la Corrupción, el comisario general Roncaglia detalló, incluso, que los primeros 60 agentes "fueron seleccionados especialmente por su profesionalidad y ética personal".

Cada fuerza asignó a esa nueva dependencia un grupo de efectivos con capacidades de investigación de delitos complejos, en general con experiencia en la lucha contra la trata de personas y el narcotráfico, y analistas de sistemas preparados para casos de cibercrímenes. También fueron convocados contadores públicos -que integran las fuerzas de seguridad- dado la especialización de éstos en delitos económicos.

Las unidades estarán subdivididas en dos zonas, una enfocada en análisis técnicos de los casos y otra área será preparada para "análisis forenses contables".

Grupos independientes

En principio quedó establecido que las nuevas unidades anticorrupción de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabajarán en forma independiente entre sí tras recibir los pedidos judiciales.

Es que los magistrados tienen la posibilidad de elegir a la fuerza que será asignada a un expediente, situación que no se modificará con este cambio. También se tomó en cuenta que los agentes son convocados, en algunos casos, para investigar a miembros que utilizan un uniforme diferente, por lo que se decidió la creación de áreas con similares capacidades en cada fuerza en lugar de consolidar un núcleo de peritos conjunto.

En la resolución firmada este mes por Itzcovich Griot en la PSA (única fuerza federal que desde su creación en 2005 es comandada por un civil) se argumentó que "en un contexto social donde se registra un incremento de delitos de corrupción es necesario disponer de los esfuerzos y medios institucionales para investigar los hechos que configuran esos delitos".

El Gobierno espera que estas unidades puedan cumplir con mayor celeridad los pedidos judiciales.

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