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Por un Congreso transparente

La renovación parlamentaria representa una nueva oportunidad para desterrar viejas prácticas, haciendo prevalecer la ética y la responsabilidad

Domingo 29 de octubre de 2017
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El próximo 10 de diciembre, 127 nuevos diputados y 24 senadores ingresarán en el Congreso como producto de la renovación parlamentaria decidida en las urnas el fin de semana último. Se trata de casi la mitad de la Cámara baja y de un tercio de la alta.

Muchos de ellos ya tienen experiencia como legislador nacional. Para otros, será la primera vez que ocuparán un escaño. De ellos y de quienes aún tienen mandato por cumplir se espera que vuelvan a dotar a la "máxima casa de las leyes" de la transparencia, la efectividad y la seriedad que lamentablemente ha venido perdiendo, con actitudes individuales y de ciertos grupos políticos contrarias a la importancia que demanda el ejercicio de semejante carga pública. Será, sin duda, una nueva gran oportunidad para una de las instituciones claves de la democracia.

En numerosas oportunidades hemos criticado desde estas columnas el hecho de que legisladores de los más variados colores políticos y que en tantos temas mantienen importantes diferencias se abroquelen como unibloque a la hora de la defensa de privilegios que las cámaras les conceden como, por ejemplo, canjear por dinero en efectivo los tramos aéreos y terrestres que ellos mismos se asignan, pero que deciden no usar y que se suman a una dieta que ronda los 120.000 pesos, más los gastos por desarraigo que cobran mensualmente quienes viven a más de 100 kilómetros.

Todos los diputados y senadores, aun los de la Capital y de la provincia de Buenos Aires, cuentan mensualmente con decenas de pasajes aéreos y terrestres -varios de ellos transferibles-. Cuántos usan realmente y cuántos convierten en cash es una información casi imposible de obtener. Los datos no están actualizados. Es más, organizaciones especializadas en materia de control de transparencia han debido más de una vez presentar recursos de amparo ante la justicia federal para obtener la información que, por ley, debería ser pública, detallada, completa y fidedigna. La propia ley de acceso a la información obliga, entre otras muchas cosas, a publicar qué legisladores cambiaron pasajes por dinero. No obstante, faltan datos de años enteros. A estas alturas, toda la información financiera del Poder Legislativo debería estar disponible por Internet.

En una reciente columna de opinión publicada en LA NACION, María Baron, directora ejecutiva de la fundación Directorio Legislativo y miembro del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, explicó que, desde 2011, las organizaciones de la sociedad civil presentaron no menos de 50 pedidos formales de información a ambas cámaras sobre diversos temas, como gastos, asignaciones presupuestarias, número de empleados, declaraciones juradas, subsidios, becas y sueldos. Sin embargo, muy pocas fueron las respuestas obtenidas en tiempo y forma. Es más, como hemos publicado recientemente, más de un tercio de los candidatos a legislador para los comicios que acaban de concluir ni siquiera presentó su declaración jurada patrimonial.

Según un trabajo de Directorio Legislativo sobre información de 2014 -la última disponible-, cada diputado tiene por mes 20 pasajes aéreos e igual número de terrestres. Si no usaran ninguno y decidieran canjearlos por dinero, cobrarían un total aproximado de 40.000 pesos mensuales extras que no pagan ningún tipo de aportes ni impuesto a las ganancias y que, decididamente, pasan a integrar sus dietas. En el Senado ocurre otro tanto. Según recientes investigaciones periodísticas, el canje de pasajes implica allí alrededor de 60.000 pesos mensuales.

Conforme el informe de Directorio Legislativo, en 2014, el ranking de diputados que canjearon más pasajes por dinero en efectivo estuvo encabezado por tres representantes de la provincia de Buenos Aires: Gilberto Alegre (Frente Renovador), Graciela Giannettasio y Carlos Moreno (FPV), Alberto Roberti (FR) y la santafecina Silvia Simoncini, también del FPV.

Corresponde mencionar también a los pocos que decidieron no canjearlos. En la Cámara baja, según los citados datos, fueron nueve: Hermes Binner (PS-Santa Fe), José Cano (UCR-Tucumán), Nicolás del Caño (FIT-Mendoza), Juan Schiaretti (Unión por Córdoba), Guillermo Carmona (FPV-Mendoza), Carlos Caseiro (Unión por Córdoba), Alicia Ciciliani (Partido Socialista-Santa Fe), Gustavo Martínez Campos (FPV-PJ-Chaco) y Juan Carlos Zabalza (PS-Santa Fe).

Lo que debería revisarse es que, si los legisladores necesitan diez, se les asignen discrecionalmente 20 pasajes. Ése es el primer error. El segundo es que queden habilitados para convertir en efectivo los que no utilizan. Sólo unos pocos evitan caer en esas prácticas abusivas. Deberíamos también adentrarnos en cuál es el criterio utilizado: no es lo mismo ser oriundo de Rosario que de Ushuaia.

Por otra parte, el retaceo de información pública a los ciudadanos que se registra en ambas cámaras no pasa inadvertido ni internamente ni en el exterior. El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que en tres oportunidades consideró a nuestro país en sus mediciones al respecto, dio como resultado que nos encontramos por debajo de nuestros pares de la región en casi todas las variables y en el mismo cuestionable nivel de Venezuela, donde el secretismo de todo tipo es el esperable de una dictadura.

El tema de los pasajes es un ejemplo, ni el único ni el más importante, pero sí uno muy visible, de los mecanismos que contribuyen a la falta de transparencia con que se manejan los gastos del Estado y, en particular, los fondos públicos para el financiamiento de la política, que se suman a becas o subsidios como otros ejemplos de clientelismo.

El tema medular sigue siendo el financiamiento de la política, que impone transparencia en el manejo real de fondos y que ha de contemplar una remuneración justa y adecuada a la responsabilidad del cargo. Jerarquizar la política presupone también incluir un sistema de premios y castigos por desempeño, basados en criterios objetivos debidamente definidos.

No nos cansaremos de pregonar que poner a disposición de la ciudadanía toda la información sobre estas cuestiones de interés público no es un favor sino una obligación de los funcionarios estatales. Precisamente, se trata del derecho que tenemos como ciudadanos a controlar a quienes nos representan. Los fondos públicos no son una entelequia, sino el producto del esfuerzo de todos nosotros. Transparentar el financiamiento de la política en sus múltiples expresiones sigue siendo un objetivo por cumplir.

Es de esperar que con la renovación parlamentaria, tanto nuevos como viejos legisladores revean estos mecanismos, terminen con los abusos y las viejas prácticas nefastas y transiten el camino que les demanda la ciudadanía: el de la ética y la responsabilidad en la función para la que les ha otorgado su voto.

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