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Una reforma gradual en la que las provincias tienen la última palabra

Miércoles 01 de noviembre de 2017
LA NACION
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Finalmente se corrió el telón y el Gobierno presentó los ejes de una de las reformas más esperadas por el ambiente empresarial y económico: la tributaria. Lo que el ministro Nicolás Dujovne anticipó ayer es un conjunto de propuestas con dos grandes objetivos: eliminar distorsiones para ganar en equidad fiscal y fomentar la inversión mediante una serie de medidas que apuntan a aliviar costos a las empresas. Será, a tono con la consigna general de la administración Macri, un camino gradual con resultados cuyo pleno impacto se debería ver al cabo de cinco años.

La idea oficial es fomentar un círculo virtuoso que lleve a una mayor generación de empleo y al crecimiento de la economía. Ayer, varios especialistas consultados por LA NACION coincidían en destacar las propuestas que ayudarían a cumplir esos objetivos. En ese combo entran la rebaja de Ganancias del 35% al 25% para las empresas que reinviertan utilidades; la devolución acelerada del IVA para inversiones de largo plazo; la implementación de un mínimo no imponible en los salarios por el que no se pagarían cargas patronales, la posibilidad de que el impuesto al cheque pueda ir pagándose progresivamente a cuenta de Ganancias y, por supuesto, la promesa de avanzar en acuerdos con las provincias para reducir Ingresos Brutos y Sellos.

Pero la evaluación positiva en términos generales no podía ocultar que, así como están estas certezas, todavía persisten algunas incógnitas. Las más importantes se dan en torno de los impuestos a los ingresos brutos y a los créditos y débitos bancarios, los dos más distorsivos del régimen actual. Para avanzar en cambios en estos gravámenes, el Gobierno deberá negociar con las provincias cómo compensar una caída en los ingresos por esa vía y ahí serán ellas las que tengan la última palabra. Tan importantes son ambos impuestos que una especialista tributaria analizaba anoche: "Si no se tocan, todo esto va a ser declamativo".

El economista Nadin Argañaraz va más allá y habla de crear un "espacio fiscal integrado": para que cualquier reforma de este tipo tenga éxito, hay que saber qué van a hacer la Nación, las provincias y los municipios. "Hay que ir a un pacto federal a la par con una reforma tributaria provincial y de la coparticipación", dice. A partir de ahora, el Gobierno tendrá que buscar consensos para avanzar en ese sentido. Pero además de estas incógnitas también afloran otras dudas, en particular con el aumento de los impuestos internos a las bebidas alcohólicas (vino, cerveza, whisky, espumosos), gaseosas y otras bebidas sin alcohol con azúcar añadida. Es cierto que la suba encuentra su justificación en que se aplica a productos perjudiciales para la salud, pero sus efectos podrían ser contradictorios respecto de los objetivos globales de la reforma.

Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, advierte que podrían desincentivar el consumo, provocar un achicamiento de esos mercados y, finalmente, terminar perjudicando la inversión. También considera que el aumento de las alícuotas podría tener un efecto inflacionario, con aumentos en el precios de los productos alcanzados. Otro dato no menor, que vuelve a incorporar a las provincias en la escena: algunas economías regionales se verían fuertemente perjudicadas, como en el caso del vino o la producción de frutas para jugos. Ayer ya se quejaron el ex gobernador de San Juan y la vicegobernadora de Mendoza.

Por su carga simbólica, la extensión del impuesto a las ganancias a las rentas financieras de personas físicas merece un párrafo aparte. Los especialistas dicen que su peso fiscal no es relevante, pero admiten que "tenía que estar" por cuestiones políticas. Es la fórmula con la que el Gobierno confía en liderar la discusión del tema y, eventualmente, moderar otras propuestas más drásticas que podría alentar la oposición cuando la reforma se discuta en el Congreso. También se lo ve como un paso hacia la equidad fiscal.

Entre las propuestas positivas, los especialistas también anotan la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles (y su reemplazo por un impuesto a la ganancia de capital en la venta de inmuebles no destinados a vivienda), la duplicación de una deducción especial para trabajadores autónomos y la eliminación de impuestos internos en tecnología y algunos modelos de autos y motos.

Respecto de la velocidad de los cambios, seguramente habrá polémica con los que hubieran querido ir más rápido. El Gobierno dice que la presión tributaria nacional bajará 1,5 puntos del PBI a los cinco años y confía en que esto hará caer la evasión y ayudará a la economía a crecer más rápido.

Es el gradualismo que no puede desmarcarse de otro gradualismo, el de la baja del gasto público. Esto y que la economía crezca serán los requisitos imprescindibles para el éxito de la reforma.

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