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Mandan a prisión al vicepresidente depuesto de Cataluña y a siete ex ministros

La jueza envía a la cárcel a Oriol Junqueras, líder de ERC, después de declarar en Madrid; se espera que pida hoy mismo la captura internacional de Puigdemont

Jueves 02 de noviembre de 2017 • 13:15
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Oriol Junqueras, el depuesto vicepresidente de Cataluña
Oriol Junqueras, el depuesto vicepresidente de Cataluña. Foto: AP

MADRID.- La Justicia española dispuso esta tarde la inmediata entrada en prisión del destituido vicepresidente catalán Oriol Junqueras y de otros siete ministros del gobierno que promovió la declaración de independencia del viernes pasado. En las próximas horas podría ordenar además la captura internacional del ex presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica.

La decisión la firmó la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, después de tomar declaración a los nueve ex funcionarios que se presentaron a declarar en Madrid bajo la acusación de rebelión, sedición y malversación.

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Puigdemont y otros cuatro de sus ex colaboradores faltaron a la cita, como habían advertido ayer. Según sus abogados, los cinco tienen previsto entregarse ante un juez de Bélgica para demostrar que no escapan a sus responsabilidades, sino que desconfían de la imparcialidad de los tribunales españoles. Se abrirá entonces un proceso tendiente a la extradición, que demorará al menos dos meses.

La impactante resolución judicial deja a casi toda la cúpula del independentismo de Cataluña en la cárcel o en riesgo de quedar pronto tras las rejas cuando faltan menos de 50 días para las elecciones que convocó el gobierno de Mariano Rajoy al intervenir las instituciones autonómicas.

Junqueras es líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido con mayor intención de votos en Cataluña según todas las encuestas conocidas hasta hoy.

Además de él, van a prisión todos los ex consellers que entraron junto con él al palacio de justicia: Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).

El único de los acusados que consiguió salir en libertad de la Audiencia Nacional fue Santi Vila, ex conseller de Empresa que se opuso a último momento a la proclamación de la república y renunció a su cargo antes de la votación parlamentaria. Este dirigente del PDeCAT, el partido de Puigdemont, pretende ser candidato a presidente de Cataluña con un programa "nacionalista moderado". Ahora sigue su propia línea de defensa.

En la misma manzana en que declaraban los ministros catalanes depuestos por Rajoy, se presentaron a ante el Tribunal Supremo la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, y otros cuatro altos cargos de la cámara. Los acusan de los mismos delitos. A ellos se les dio una semana más para preparar su defensa, aunque se les aplicó una vigilancia policial especial. Debieron dejar un domicilio y un celular en el que puedan ser contactados en cualquier momento.

Los delitos que les achacan a todos ellos tienen penas gravísimas: la rebelión, de 15 a 30 años, la sedición, de 8 a 15, y la malversación, de 2 a 8.

El fiscal Miguel Ángel Carballo consideró que correspondía dictarles prisión preventiva incondicional a quienes se presentaron a declarar -con excepción de Vila, al que le impuso una fianza de 50.000 euros- porque existe riesgo de fuga. La huida de Puigdemont le sirvió como antecedente para justificar su decisión, según estableció la jueza en el fallo.

En las puertas de los tribunales, en Madrid, hubo lágrimas y gritos de bronca entre los dirigentes políticos catalanes que esperaban la resolución judicial sobre sus compañeros de partido.

Mientras sus ex colaboradores esperaban la decisión de la jueza, Puigdemont tomaba un café con un amigo en un bar de Bruselas, según atestiguan periodistas españoles que siguen sus pasos en la capital belga.

Junto con el ex president se encuentran en rebeldía y podrían ser detenidos en las próximas horas otros cuatro ex miembros de la Generalitat: Lluís Puig (Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura) y Clara Ponsatí (Educación).

Ellos alegan que en España "no hay garantías de un juicio justo", se consideran "el legítimo gobierno de Cataluña" y pretenden litigar en los tribunales belgas para evitar que ese país los envíe a Madrid.

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