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Kicillof y la libertad de prensa

Lunes 06 de noviembre de 2017
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Hay cuestiones de principio y de jerarquía constitucional, como la libertad de prensa, que son una virtuosa conquista que caracteriza a las naciones libres y al Estado de Derecho. Este principio fue manoseado en la última campaña electoral por declaraciones del ex ministro Axel Kicillof. Esto demuestra que hay siempre una tarea incompleta por continuar, ya que los enemigos de las libertades subsisten.

El kirchnerismo no ha sido una actualización del peronismo, sino el reciclaje de teorías totalitarias de viejo cuño, como el marxismo. En ese marco se conceptualiza el derecho a la libertad de expresión y de prensa de forma similar a la de los ideólogos del comunismo y de otras versiones totalitarias, como el fascismo.

Kicillof procuró distanciarse, aunque se asimila a otras figuras que terminaron refugiándose en el kirchnerismo, como Martín Sabbatella, una suerte de comisario político del gobierno de Cristina Kirchner a través de la Afsca, encargada de asfixiar al periodismo independiente en radio y televisión.

El eje conceptual de lo que Kicillof dijo durante la campaña es que la información es un bien público y que, por lo tanto, es el Estado el que debe brindarla. Sólo el Estado aseguraría que la información llegue objetivamente a la opinión pública. No fue una afirmación de humor. Basta observar las imágenes y escuchar la desgrabación de sus palabras en la Universidad Nacional de Avellaneda para comprender que estaba sentando con gravedad una tesis que, sin duda, aplaudirían los chavistas de Venezuela, el castrismo en Cuba o quienes rodean al tirano de Corea del Norte. Pero no fue compartida por la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos significativos de la Argentina. Kicillof debe saber que ha sido ministro de Economía del gobierno que falsificó las estadísticas públicas nacionales, destruyendo la confianza en el Estado e infiriendo daños sobre los que debería pronunciarse la Justicia. Este diputado y ex ministro ha sido ladero fiel de una presidenta cuya mejor representación actoral ha sido encarnar como nadie los tiempos de la posverdad y de los hechos alternativos.

Por su conducta, Kicillof es en sí mismo una muestra de que el Estado no puede ser en modo alguno la fuente más segura de la información y, menos aún, si impide a la sociedad, por medio del periodismo, controlar lo que el Estado dice, hace y omite realizar. Mejor habría sido que se hubiera ocupado como ministro de respaldar la obligación constitucional de que el Gobierno publicite sus actos y rinda cuenta del manejo de los millonarios fondos que administró, o sea, lo contrario de lo que hizo el kirchnerismo, acaso porque los abrumadores actos de corrupción de su tiempo no se especificaban en simultáneo en el Boletín Oficial.

Kicillof ignora que el periodismo no tiene vida sin lectores, oyentes o televidentes, sus jueces implacables de todos los días, de todas las horas. Y ha de ignorar, con seguridad, que las tendencias sobre las plataformas digitales prenuncian que los ingresos que harán posible el periodismo de calidad provendrán principalmente de lo que paguen por consumirlos las audiencias. Tal vez no le interese mucho el excepcional valor libertario de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿pero será insensible, con tanto espíritu jacobino a flor de piel, a lo que significó el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, gestación de la Revolución Francesa de 1789, que sentó que cualquier ciudadano puede hablar, recibir e informar libremente?

El pensamiento antidemocrático de Kicillof ha sido caracterizado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Sólo resta reconocerle al ex ministro que sus palabras han servido de recordatorio de cuál hubiera sido el destino del país de haber continuado el kirchnerismo en el poder. Sepamos pagar ese servicio a cambio de ejercer hoy sin presiones una libertad que nos adiestra a diario a todos en el arte de la tolerancia. Es lo que se propusieron nuestra Constitución y tantos documentos de peso político, jurídico y moral como la Declaración de Chapultepec, el pacto regional de San José de Costa Rica y el pacto internacional de derechos civiles y políticos.

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