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Corrupción: ya es ley la responsabilidad penal de la empresa

Domingo 12 de noviembre de 2017
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El pasado miércoles la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que responsabiliza penalmente a las empresas por delitos de corrupción, cumpliendo así con la comunidad internacional en materia de lucha contra la corrupción.

A partir de ahora, aquellas personas jurídicas involucradas en la comisión de delitos de cohecho; tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función publica, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances, podrán ser castigadas por dichos delitos cuando "hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio" o, si quien hubiere actuado en beneficio fuere un tercero pero la empresa hubiese ratificado la gestión.

Lo cierto es que nuestro sistema penal ya preveía el castigo penal a las empresas por delitos aduaneros, tributarios, cambiarios y de lavado de dinero, con la diferencia de que allí su responsabilidad deriva directamente de la responsabilidad penal de la persona física imputada.

El nuevo régimen trae consigo un cambio distintivo, ya que obliga a investigar a la empresa en forma independiente a las personas físicas que pudieran estar involucradas en el delito y su responsabilidad se define por su correcta o defectuosa organización para la prevención de delitos. Conlleva a tener un programa de integridad que incluya línea de denuncia, código de ética, políticas y procedimientos aplicables a los directores; un sistema de investigación interna; un responsable interno independiente a cargo de su supervisión.

De esta forma, el legislador decide hacer cargo a la persona jurídica de controlar los riesgos que derivan de su actividad; una suerte de auto vigilancia que las obliga a generar mecanismos y procedimientos internos que dificulten y detecten delitos por parte de sus directivos, administradores o trabajadores, ofreciéndole a cambio una atenuación en la sanción que le pudiera corresponder.

Uno de los puntos más controvertidos es aquel referido a la posibilidad que otorga la ley a las empresas de quedar exentas de responsabilidad en los casos en los que simultáneamente: a) detecten y denuncien espontáneamente el delito por el que podría caberle responsabilidad; b) hayan contado con anterioridad al hecho del proceso un sistema de control y supervisión cuya violación hubiera exigido un esfuerzo extra de los intervinientes en la comisión del delito, y c) devuelvan el beneficio indebido obtenido.

Este tipo de salidas alternativas se encuentran legisladas en la mayoría de los ordenamientos de los países miembros de la OCDE; funcionando como un incentivo orientado a fomentar en la empresa una cultura de cumplimiento normativo que impida o dificulte la comisión de delitos por parte de sus integrantes.

Otro punto de extrema trascendencia es la obligatoriedad de tener un Programa de Integridad de aquellas empresas que contraten con el Estado Nacional por montos que requieran la aprobación de autoridad con rango no menor a ministro.

Más allá de las particularidades sujetas a reglamentación, la ley marca una nueva tendencia en las empresas: ya sea por necesidad, obligación o mero incentivo, deberán implementar programas internos diseñados para prevenir conductas delictivas; las compromete a supervisar sus propias acciones y a garantizar el cumplimiento de las leyes a través de un eficaz Programa de Compliance.

Sin duda que es un importante avance, pero una ley, como reacción a una situación coyuntural, es insuficiente y no puede ir descontextualizada de otros instrumentos indispensables para su eficaz funcionamiento. Una visión integradora que armonice ésta decisión con el buen y pronto funcionamiento de la justicia en la investigación; con políticas de monitoreo y control de dichos estándares por parte de algún organismo; así como también la concientización de las empresas en que la rentabilidad no puede ser el único objetivo, pues el control de riesgos legales y una fuerte impronta de valores y ética en los negocios, también contribuyen a la rentabilidad del negocio a largo plazo y a la reputación de la empresa.

El desafío también es convencer a las empresas de que invertir en un programa de cumplimiento creíble y eficaz, que prevenga y detecte cualquier incumplimiento normativo, es la mejor manera de impulsar la competitividad y asegurar la continuidad de un negocio.

Abogados penalistas, integrantesdel estudio Lisicki, Litvin y Asociados

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