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La reducción de subsidios a la energía y al transporte

Las demoras en la recuperación tarifaria no sólo impiden resolver el atraso, sino que lo agravan por efecto de la inflación y se pierde parte de lo recuperado

Lunes 13 de noviembre de 2017
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La nueva etapa propuesta por el presidente Mauricio Macri se refiere a las reformas que aporten competitividad, promuevan la inversión y resuelvan la grave situación fiscal. Son pasos necesarios para cumplir con su objetivo de reducir la pobreza y acotar el endeudamiento. La baja del gasto público es el único camino para controlar el déficit y, dentro de ese difícil objetivo, parece ineludible revisar los subsidios. Hay evidencia de que una buena parte de ellos no están aplicados a necesidades sociales, particularmente los que se destinan indiscriminadamente a ciertas actividades y que se iniciaron para evitar impulsos inflacionarios. Los subsidios a la energía y al transporte tienen ese origen.

El congelamiento de las tarifas durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, en las que la inflación acumuló 1385%, las redujo dramáticamente en relación con el crecimiento de los costos. La contracara fueron los subsidios crecientes que el Gobierno debió otorgar para evitar el colapso de los concesionarios de transporte urbano y de los generadores y distribuidores de energía.

Aún hoy, luego de casi dos años de gestión del actual gobierno, no se ha logrado que las tarifas cubran los costos. Tanto la energía eléctrica como el gas llegan todavía a los consumidores a precios subsidiados.

Por otro lado, en el caso del petróleo y el gas, cuando se ha querido corregir el impacto destructivo de bajos precios, se subsidió también la oferta, no sólo la demanda.

Las correcciones tarifarias realizadas en 2016 y 2017 no han sido suficientes. El intento inicial de una rápida recuperación encontró fuertes resistencias que obligaron a morigerar la escala de aumentos programada.

En el caso del transporte, la dificultad fue aún mayor, ya que los ferrocarriles y colectivos de la región metropolitana de Buenos Aires inciden muy directamente en los bolsillos de usuarios electoralmente numerosos. Desde hace casi un año, las tarifas del transporte han permanecido prácticamente invariables y el ministro Guillermo Dietrich ha anunciado que no habrá aumentos en lo que resta de 2017. Por lo tanto, subsisten los elevados niveles de subsidios. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, también se ha expresado con cautela sobre incrementos en las tarifas eléctricas y de gas por redes.

La sustitución de ingresos tarifarios genuinos por aportes del Gobierno, iniciada en 2002, generó un campo propicio para la corrupción.

Las referencias cuantitativas para determinar los montos por subsidiar eran de dudosa medición, por lo tanto dieron espacio para la discrecionalidad y abrieron la oportunidad para los "retornos" y el movimiento de bolsos. Los concesionarios y prestadores ya no afrontaban un riesgo de mercado, por lo tanto, carecían de incentivos para mejorar su competitividad. En ese escenario, y ante la avidez de quienes se enriquecían de uno y otro lado, también se descuidó el mantenimiento.

Los accidentes aumentaron y el de la estación ferroviaria de Once pasó a constituirse en un doloroso paradigma de la corrupción. Aunque el cambio de gobierno parece haber dejado atrás esas malas costumbres, es necesario corregir esta realidad para evitar que subsistan aspectos que alienten a algunos a originar esas situaciones.

Las demoras en la recuperación tarifaria no sólo impiden resolver el atraso, sino que lo agravan debido al continuo aumento de los costos por efecto de la inflación. Con el transcurso del tiempo se pierde parte de lo recuperado.

Según estimaciones recientes de FIEL, todavía la Argentina muestra los más altos subsidios a la energía dentro de la veintena de países de la región.

Teniendo hoy instrumentos para aplicar precios diferenciados para personas carenciadas, por ejemplo en el transporte con la tarjeta SUBE y en la energía con el nivel de consumo, bien podría decidirse que paguen íntegramente el costo del servicio los usuarios que no están en una categoría que deba ser subsidiada. Los aportes actuales del Gobierno a la energía y al transporte se estiman en un 1,8% del PBI, lo que equivale a un 43% del déficit fiscal primario de la administración nacional. Este es por lo tanto un capítulo relevante en la resolución del problema fiscal que está exponiendo a riesgo a la gestión del presidente Macri.

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