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La reforma previsional, la clave para sostener el paquete fiscal

Martes 14 de noviembre de 2017 • 01:24
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La vorágine que envuelve por estos días la discusión entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por el futuro esquema tributario elude -deliberadamente- un aspecto crucial del asunto: qué sector financiará el nuevo Pacto Fiscal y los miles de millones de pesos que recibirá la provincia de Buenos Aires cuando se quite el tope sobre el Fondo del Conurbano. La pregunta es incómoda y, como en el juego del Gran Bonete ("¿Yo señor? Sí señor. No señor"), legisladores, gobernadores y funcionarios prefieren mirar hacia otro lado.

Se entiende: para un dirigente resulta costoso políticamente admitir que será la Anses la que aportará buena parte de los recursos que financiarán las compensaciones a las provincias que haría el Gobierno por la reforma tributaria, el pacto con los gobernadores y el Fondo del Conurbano. La clave está en la reforma previsional que el Gobierno enviará en breve al Congreso. La iniciativa sepulta la actual fórmula de movilidad jubilatoria y propone actualizar los haberes y pensiones por inflación, en forma trimestral. Este cambio permitirá que los aumentos que perciban los jubilados y pensionados sean menores a los que cobrarían si se mantuviese la actual fórmula, que combina la variación de los salarios de los trabajadores activos y la evolución de la recaudación.

Nadie lo dirá en voz alta todavía, pero los gobernadores (y sus representantes en el Congreso) ya le dieron el visto bueno a la reforma. Todos ellos son conscientes de las limitaciones que le impone a la economía el déficit fiscal abismal que afecta hoy las cuentas públicas. Y saben que, de no resolver este nudo gordiano, las arcas provinciales continuarán jaqueadas.

Así, de aprobarse la ley, los jubilados y pensionados cobrarían un aumento de 10 puntos menos en su haber que si se mantuviese la actual fórmula de movilidad. Redundaría en un ahorro para el fisco de unos 60 mil millones de pesos anuales. Esto explica la obsesión de Mauricio Macri para que esta reforma previsional -que se presentará esta semana en el Senado- sea aprobada antes de fin de año.

Ciertos sectores de la oposición se preparan para dar la batalla. "Los jubilados serán la variable de ajuste de las reformas del Gobierno", agitarán. El Frente Renovador, el kirchnerismo, los bloques progresistas y de izquierda ya anticiparon su rechazo. "Hay una rebaja en la jubilaciones desde el momento en que el presidente dice que se van a ahorrar 100.000 millones de pesos. Eso implica una reducción en promedio de $700 en los haberes", advirtió la diputada Mirta Tundis (Frente Renovador), especialista en los temas previsionales.

Es legítimo que los opositores expongan sus críticas ante una medida que cuestionan. Son las reglas de juego democráticas. Sin embargo, la democracia también exige que sus actores no incurran en medias verdades o, directamente, en falsedades con tal de ganar un voto más. Esta reforma previsional que se pretende instrumentar a partir del año próximo no implicará un recorte de los actuales haberes. No se trata de un ajuste como aquél de 2001, cuando el ministro de la Alianza Domingo Cavallo ordenó rebajar en un 13% los sueldos de estatales y jubilados. La actual reforma lo que propone es reducir el margen de aumento que percibirán los jubilados: con la actual fórmula, el porcentaje superaría el 20%, cuando el Gobierno estima que la inflación en 2018 rondaría entre el 14 y 16%.

Aún planteado en estos términos, para el Gobierno y los mandatarios provinciales se trata de una discusión incómoda. La mayoría de los jubilados hoy cobra la mínima de $7200, mientras que la canasta básica supera los $16.000 mensuales. Muchos de ellos pagan incluso el impuesto a las ganancias cuando -situación injusta si las hay- en la Justicia los magistrados y los empleados, con sueldos harto más abultados, están exentos del tributo. Con razón los jubilados pueden sentirse como los patos de la boda, cuando hay nichos en la administración pública a los que bien les vendría un ajuste. El Congreso y la Justicia adeudan hace tiempo una reestructuración seria de sus gastos y, aún así, el Gobierno les concedió a ambos poderes un aumento de sus respectivos presupuestos de casi el 20 por ciento para 2018. Muy por encima de la inflación pautada.

Pueden sonar razonables, en este contexto de déficit galopante y de una Anses colapsada, los argumentos del Gobierno en pos de una reforma previsional. Todos deben ceder algo, insiste el Presidente. El problema es que, las más de las veces, el ciudadano común tiene la sensación de que el hilo siempre se corta por lo más delgado.

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