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La Corte Suprema puede colaborar en la seguridad urbana

Miércoles 15 de noviembre de 2017 • 01:43
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Abril Bogado tenía 12 años. Fue asesinada de un balazo en la cabeza. Brenda Bigiatti tiene 27 años. Está internada con serias lesiones. Ellas no resultaron atacadas por su género, sino por ser indefensas ciudadanas frente al delito. Se trata de mujeres agredidas, pero los tribunales no tratarán sus casos con la fuerza que con justa causa se impone contra la violencia machista. Algo estaría fallando en una sociedad si resultados similares se miden con diferentes parámetros. Abril murió y su asesino merecería igual condena que un femicida. El dolor de Brenda no debería tener un castigo menor por no tener una previa relación con su atacante. Un crimen no tendría que tener agravantes ni atenuantes.

La pena de femicidio está moralmente planteada como una lección a ser visualizada por potenciales agresores. Una correcta posición que la Corte Suprema asumió como propia. Desde el máximo tribunal se expuso el concepto de frenar la violencia contra la mujer. No se habló en fallos, sino que los magistrados fijaron su pensamiento personal en talleres para jueces y con el seguimiento de casos mediante un observatorio que señala posibles desviaciones de la idea central. A ningún juez -ni siquiera a los más provocadores- se le ocurriría dejar libre a un femicida en espera de la confirmación de la sentencia o siquiera pensar en alguna alternativa para disminuir su sentencia. La sociedad, el Gobierno, el Congreso y la Corte establecieron una política de Estado. Y desarmaron así a los francotiradores judiciales. Si es posible en un caso, no hay motivos que impidan trasladar esa acción a otros delitos que derivan en finales idénticos.

A Abril la habría asesinado un delincuente que debía estar en prisión. Pero le dio su palabra de honor al juez José Villafañe y éste lo dejó en libertad en forma anticipada. Valoró ese magistrado, según consta en su resolución, "las reacciones, gestos y palabras" del entonces condenado por intento de homicidio. La sociedad vetó la intervención preventiva policial basada en el perfil potencial de un merodeador, pero el "olfato" judicial todavía se agrega en la balanza de un caso.

La reacción oficial frente al crimen de Abril fue el pedido de restringir las libertades anticipadas. Llevará un tiempo de debate legislativo en Buenos Aires, algo más su implementación y siempre aparecerá un libre pensador que interpretará la norma según se levante cierta mañana. Hasta que otro nombre se sume a la lista de ciudadanos asesinados y ese juez se entere con el diario en el desayuno que aquel victimario había pasado por su despacho. Ese es el riesgo de sistemas que carecen de un idea rectora.

En el caso de los femicidios la Corte Suprema asumió su rol de cabeza del sistema judicial y unificó las posiciones. Ni siquiera se necesitó un fallo que estableciese jurisprudencia, sino fue suficiente un mensaje claro, contundente y público para encarrilar a todos los tribunales inferiores hacia la meta de emitir señales contra la violencia de género. Ese tema pone en evidencia que puede fijarse un acuerdo básico que será seguido por todos los jueces.

Si la puerta giratoria -la repetición de entradas y salidas judiciales de un mismo delincuente- es un problema que afecta la seguridad pública debería unificarse un criterio común para enfrentar ese tema. Si cada juez decide según sus propias convicciones pierde eficacia el esquema de seguridad comunitaria.

La dirección clara de la Corte frente a la violencia de género es un buen antecedente para observar las leyes con igual dosis de tecnicismo y de sentido común. Las lesiones de Brenda al caer de un tren tras un robo podrían no ser adjudicadas al ladrón por algún tribunal, donde incluso se consideraría que ella puso en peligro su propia vida por intentar recuperar una simple posesión material -su celular- por lo que se evaluaría su responsabilidad por actuar en forma temeraria. Fallos válidos para las calles de Copenhague parecen provocaciones intelectuales frente a los peligros concretos en la región metropolitana, donde se necesita como mínimo que las condenas se cumplan hasta el último día en prisión.

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