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Una nueva etapa, una nueva oportunidad

Cristian Mira

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LA NACION@cgmira
Sábado 18 de noviembre de 2017
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La nueva etapa que atravesará el Ministerio de Agroindustria a partir del martes próximo con la asunción de Luis Miguel Etchevehere coloca al campo en el foco de la atención pública. El sector vuelve a tener la oportunidad de impulsar su competitividad desde un ámbito del Estado en el contexto de un gobierno que lo reconoce como un eje central del país. Eso no quiere decir que habrá que esperar los problemas los solucione un ministro. A las instituciones y organizaciones del campo también se les presenta la oportunidad de hacer su aporte para mejorar la competitividad. Impulsar ideas y ponerse de acuerdo para que se hagan realidad debiera ser un ejercicio que también involucre al sector privado. El presidente Mauricio Macri lo sintetizó con una frase al proponer acuerdos sectoriales: "todos tienen que ceder algo".

Lo más saliente de la gestión de Ricardo Buryaile fue haber hecho un "ministerio de puertas abiertas". No sólo por recibir a todo aquel que solicitara una reunión sino también por ir al lugar de los hechos. Tras 12 años en los que hubo más maltrato que diálogo, la apertura y la predisposición al consenso fue una práctica saludable. Por supuesto, sigue habiendo problemas sin resolver y medidas que se tomaron que no alcanzaron para superar situaciones de crisis estructurales (lechería o fruticultura, por ejemplo).

Aunque se trate de un gobierno que considera entre sus prioridades a la actividad agropecuaria tampoco quiere decir que no esté exento a tensiones internas que lo lleven a adoptar medidas que afecten su competitividad. Cambiemos se asume como una fuerza política del siglo XXI, que no se aferra a una ideología del siglo pasado sino que se propone resolver los problemas de la gente y responder a sus demandas. En una sociedad con múltiples intereses y deseos, a menudo contrapuestos, las soluciones adoptadas pueden ser contradictorias. Esto quedó demostrado con la propuesta de reforma tributaria en la suba de impuestos internos al vino, la cerveza y las bebidas gaseosas. En el Gobierno hay quienes creen todavía que se deben gravar estos consumos para reducir los riesgos de las enfermedades no transmisibles (cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes). Esto tiene un efecto de corto y largo plazo sobre la producción. Que se decida hacerlo sin un debate o plan en el que la voz de quienes producen no sea tenida en cuenta puede ser perjudicial. También quedó demostrado con el fuerte recorte en los precios del etanol de caña de azúcar y de maíz que llevó adelante el Ministerio de Energía como parte de su estrategia por regularizar los precios de los combustibles. Ahora la cartera de Juan José Aranguren llevaría adelante una poda menor a la ordenada inicialmente, pero el susto que provocó la primera medida fue fuerte.

El gobierno bonaerense tampoco es ajeno a esas contradicciones. Por un lado sostiene que el campo es esencial para el desarrollo del país, e impulsa un fuerte programa de infraestructura, pero por otro aumenta la presión fiscal y tiene reparticiones que se mueven con pies de elefante.

El aumento del 50% en el inmobiliario rural puede provocar, entre otras cosas, el efecto no deseado de reducir aquellas inversiones que no suelen tener los títulos rutilantes, pero que mueven la economía rural: un molino que no se cambia, una camioneta que no se compra o un kilo menos de fertilizante que se le pone a un cultivo. Las estadísticas macro muestran cosechas récord, pero por debajo de eso puede haber retrocesos.

En el gobierno de María Eugenia Vidal parecen no haber calibrado la insatisfacción que comenzó a provocar este aumento entre productores y ruralistas. Tampoco dejaron vías abiertas de negociación para morigerar el impacto de la suba del impuesto. Parte de ese malestar también se provoca por la propia burocracia estatal. La falta de homologación de las declaraciones de emergencia agropecuaria les está imposibilitando a no pocos productores la obtención de créditos del Banco Provincia a tasas reducidas destinados, justamente, a quienes padecieron las inundaciones. También se abre otro canal de irritación con el alza en los municipios de la tasa vial. Lo dijeron esta semana los productores de Bolívar que, además, padecieron este año una de las peores inundaciones que recuerden.

Si la única respuesta del gobierno provincial es "al campo le dimos todo, hay que poner el hombro" se corre el riesgo de tensar la cuerda más allá de lo deseable.

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