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Abuso sexual: el Congreso tratará una reforma penal

La iniciativa propone que el abuso sexual infantil deje de ser un delito de instancia privada

Lunes 20 de noviembre de 2017
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Diputados podría aprobar esta semana un proyecto de modificación del Código Penal para que el abuso sexual infantil deje de ser un delito de instancia privada y pase a ser uno de acción pública. Se espera que el Senado pueda tratarlo antes de fin de año y convertirlo en ley.

Entre los cambios propuestos figura que la propia víctima podrá hacer la denuncia y el Estado estará obligado a investigar aunque la denuncia no haya sido ratificada por los padres o tutores del menor.

Según la diputada nacional Carla Carrizo (UCR-Capital), redactora de la iniciativa, "Aunque el 52% de las víctimas de abuso sexual en el país son niños, sólo una de cada diez denuncias se transforma en una investigación formal. Con esta modificación, la Argentina comenzará a cuidar y a proteger a la infancia y adolescencia en el caso de delitos contra la integridad sexual. Hoy sobran víctimas y falta justicia."

Y agrega: "el abuso sexual infantil es una de las formas de violencia de mayor magnitud e impacto emocional. La reforma es simple y está acotada al artículo 72 del Código Penal, pero será un gran paso para la infancia".

Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia, afirmó que "el abuso sexual infantil tiene severas consecuencias para el desarrollo individual y social de las víctimas. Produce culpa, humillación, impotencia, estigmatiza y afecta gravemente su autoestima y la percepción que tienen de sí mismos. Se trata de un delito que no suele denunciarse, entre otros factores, porque en el 80% de los casos el agresor es un integrante de la familia".

El proyecto fue impulsado por Wachter y Carrizo (presidenta de la Comisión Bicameral para la designación del Defensor del Niño). Además, cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

"Es un primer paso. El próximo será trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales. Es importante nacionalizar una mirada informada acerca del modo en que se debe cuidar y tratar a la infancia y la adolescencia en los procesos judiciales. Un desafío que comenzará luego de la aprobación", sostuvo Carrizo.

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