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Acuerdo fiscal: alerta en el campo porque las provincias tendrán vía libre para las valuaciones fiscales

La posibilidad de que puedan converger con los valores del mercado despierta temor entre dirigentes del sector por un impacto en el impuesto Inmobiliario Rural

Miércoles 22 de noviembre de 2017 • 16:03
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LA NACION
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Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. Foto: Archivo

La semana pasada, el presidente Mauricio Macri acordó con todos los gobernadores, salvo con el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el consenso fiscal por el cual las provincias y el gobierno nacional acordaron pautas en la distribución de recursos entre ambas jurisdicciones.

Tras la firma del convenio, LA NACION consultó a dirigentes del agro para conocer el impacto en el sector. Si bien se bajará el impuesto a los Ingresos Brutos, las provincias tendrían vía libre para que las valuaciones fiscales puedan converger con los valores de mercado, lo que impactaría en el impuesto Inmobiliario Rural.

Jorge Solmi, director de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo: "Se está cambiando de collar pero siguiendo con el mismo perro. No se está sustituyendo impuestos o modificándolos: nos suben unos y nos dicen que nos bajan otros. Lo que hay que hacer en las provincias es aplicar impuestos diferentes que no tengan que ver con el valor de la tierra sino con la capacidad de generar rentabilidad de cada uno de los productores".

Solmi dijo que la FAA viene trabajando en distintas propuestas de reforma a los gravámenes que se le aplican al sector. Respecto de la ley fiscal, la entidad aportó siete propuestas a la Comisión de Presupuesto en Diputados para su tratamiento, informó el dirigente.

"El campo es una herramienta de trabajo: si vos tenés un auto importado vas a pagar una patente, si tenés uno nacional y más barato, vas a pagar otra. El campo es insustituible, la tierra no es una marca, ni una exteriorización de la riqueza. Y tampoco te lo podés llevar de un lado al otro, como a la industria, por ejemplo. El problema que tenemos los productores es que las provincias utilizan los impuestos sobre la tierra a veces de manera excesiva y el productor rural termina siendo un rehén fiscal de las provincias", señaló.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, destacó que el Presidente manifestó la necesidad de bajar la presión fiscal sobre el sector privado a nivel nacional, pero fue crítico al afirmar que en la provincia de Buenos Aires se está "yendo en el sentido contrario".

"La posición de Carbap de hace años es que el campo es un bien que se tiene para la producción, por lo cual no puede ser tenido en cuenta su valor de mercado: es un bien que no está para la venta y debe tributar en base a su capacidad productiva y no a su valor fundiario", explicó.

Además, dijo que desde la entidad ven con preocupación el presupuesto provincial 2018 donde, según señaló, hay una discriminación del campo con respecto a otros sectores de la economía, en los cuales la mayor carga tributaria se está poniendo sobre "los hombros del agro".

"Esto nos encendió una luz de alarma en la provincia de Buenos aires, ya que es una historia que se repite. Parece que el sector agropecuario es eficiente y otros sectores no lo son, entonces la mayor carga se pone sobre el campo en vez de potenciarlo como hacen otros países como Australia y Nueva Zelanda", indicó.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, señaló que el impacto del pacto fiscal en los productores "va a depender mucho de cómo se lo implemente cada provincia". "En principio, vemos como punto negativo el aumento del monto del inmobiliario aunque hay una disminución de impuesto a los sellos e ingresos brutos para las actividades agropecuarias", afirmó.

Iannizzotto hizo hincapié en que desde la organización imaginaban la reforma impositiva como "algo mucho más profunda, más medulosa y consensuada" sobre todo con respecto a temas vinculados al IVA y a la rapidez de la devolución con respecto a la exportaciones y también al impuesto de los débitos y créditos.

"Creemos que es una salida un poco liviana y delega la responsabilidad en las provincias y el productor va a quedar a dispensa de la voracidad fiscal de cada provincia", señaló.

Según Iannizzotto, si bien el cambio, en teoría, fomenta la producción y la puesta en actividad de tierras para la producción, puede generar más problemas de pagos en años con menores ingresos por efecto del clima o bajas de precios en el mercado.

"Hay provincias que ya cuentan con alícuotas menores o exenciones a los ingresos brutos para las actividades agropecuarias, con lo que no sería beneficioso o compensado el cambio. Es más, para 2018 subiría el monto de ambos, el Inmobiliario e Ingresos Brutos, para bajar recién dos años después, dependiendo de la prórroga acordada. Creemos que esto es peligroso", afirmó.

La opinión de la Rural

Daniel Pelegrina, presidente de la Rural
Daniel Pelegrina, presidente de la Rural. Foto: LA NACION / Hernán Zenteno

Daniel Pelegrina, flamante presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo a LA NACION que desde la entidad que dirige ven positivo que el Gobierno y las provincias se hayan reunido a debatir y consensuar sobre el sistema impositivo. "Tal como está, este acuerdo va a otorgar mayor previsibilidad en el reparto de recursos entre nación y provincias y en consecuencia contribuirá a la institucionalidad y el federalismo", afirmó.

Pero aunque consideró correcto que se unifiquen criterios y metodologías afirmó que hay mucha disparidad entre provincias. "Esto no significa que las provincias tengan vía libre para subir el impuesto inmobiliario rural porque el acuerdo establece racionalidad y un rango para la alícuota que va del 0,5% al 2%", puntualizó.

Además, el presidente de la Rural afirmó que a nivel de todo el país el impuesto a la propiedad inmobiliaria decreció entre 2002 y 2016. Pero aclaró que este promedio esconde el importante crecimiento que tuvo el impuesto inmobiliario rural en especial en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

"En estas cuatro jurisdicciones el tributo aumentó el doble que el total del inmobiliario rural y urbano de las 19 provincias restantes. Esto es porque esas provincias han aumentado el impuesto sistemáticamente en los últimos años" y explicó que eso hace que, por ejemplo, el último aumento que tuvo Buenos Aires en el inmobiliario rural la deje afuera del rango previsto por el acuerdo, ya que su ley tributaria para 2018 aplica un rango de alícuota que va de 0,77% a 5,11% de la valuación fiscal.

"Apelamos a la racionalidad de las provincias para encarar sus reformas tributarias, porque la presión impositiva está en límites insostenibles y es fundamental un alivio fiscal para generar más inversión y empleo", concluyó.

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