Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Ley penal empresaria: la versión final tiene menos percepción de riesgo

Expertos aseguran que los "incentivos" a las compañías para auto denunciarse son "bajos".

Miércoles 22 de noviembre de 2017 • 20:36
SEGUIR
PARA LA NACION
0
El último 8 de noviembre, Diputados sancionó la ley de responsabilidad empresaria
El último 8 de noviembre, Diputados sancionó la ley de responsabilidad empresaria. Foto: Archivo / Télam

CORDOBA.- Consultores y juristas entienden que la ley penal empresaria sancionada hace unos días (su publicación en el Boletín Oficial sería "inminente") resultó más "suave" que la iniciativa original y, por lo tanto, los ejecutivos y las compañías tienen "menos percepción" de riego sobre sus consecuencias.

Ese fue uno de los argumentos para explicar la ausencia de empresarios en la Jornada de Ética y Transparencia organizada por Amchan (la cámara de empresas estadounidenses en la Argentina), la Universidad Católica de Córdoba y la Fundación Mediterránea. Uno de los ejes de la convocatoria era la nueva ley.

Entre los expositores estuvo el ex ministro del Interior y actual director del Instituto de Integración del BID, Gustavo Beliz, quien planteó "no sólo requerimos una legislación, sino una sanción, una ética con consecuencias".

Cree que serían conveniente -para juzgar los actos de corrupción en la administración púbica- los juicios por jurados. "La participación de la gente reduciría los criterios de opacidad, ayudaría a ganar transparencia".

Un abogado recordó ante LA NACION que en una reunión privada en la Embajada de Estados Unidos se comentó que, en los últimos 15 años, ninguna constructora de ese país ganó licitaciones en Argentina. "La corrupción en la obra pública podía traerle consecuencias en su país de origen; ese era el temor", explicó.

Alejandro Díaz, director de Amchan Argentina, subrayó que la ley implica un "salto cualitativo" en la lucha contra la corrupción y enfatizó que tendrá impacto directo en lo político y en la manera de hacer negocios. La corrupción puede aumentar entre 5% y 30% los costos de una empresa (la magnitud varía en función del rubro; el de la construcción está entre los de más sobrecostos).

En lo político la ley era una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que incluso envió una misión para revisar las medidas contra la corrupción que impulsó Cambiemos.

Para Bárbara Schreiber, jefa de gabinete de Asuntos Públicos del Ministerio del Interior, la norma sancionada es "muy buena", aunque admitió que el desafío es su instrumentación "para que no quede en letra muerta".

La ley exige a empresas proveedoras del Estado y a las que coticen en bolsa (ya existe para los gobiernos corporativos de la Comisión Nacional de Valores) programas de "integridad" para prevenir hechos de corrupción en cualquiera de sus formas. Ante el debate de quién debería aprobarlos, Manuel de Allende, socio de Transparencia Latam, explicó que "sólo se presentan; la evaluación la hacen los jueces al momento de una causa".

"Hay empresas de determinadas nacionalidades que no invierten en Argentina desde hace décadas por la falta de seguridad jurídica y por los sobrecostos de la corrupción", describió el abogado.

Desde Deloitte, Raúl Saccani indicó que este tipo de normas buscan un esquema que "incentive" a las empresas a colaborar con la investigación de la corrupción: "Lo hacen porque hay alta probabilidad de que detecten sus maniobras, porque las sanciones previstas son altas o porque los beneficios de ayudar son muchos. Los dos últimos factores, en la ley sancionada, no son fuertes".

De todos modos, apuntó que es "un primer paso" y que "pueden ir haciéndose mejoras". Los abogados recordaron que, al ser una ley penal, la reglamentación no puede "cambiar su espíritu" por lo que no deben esperarse modificaciones de fondo.

Luis Rueda, vocal de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, advirtió que "ya fracasó legislar pensando que así se modifica la realidad" y sostuvo la necesidad de nuevas herramientas procesales para aplicar la norma. La necesidad de "entrenamiento" de los magistrados para aplicar la ley fue otro de los puntos de consenso entre los expertos.

En esta nota:
Te puede interesar

Enviá tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.
Las más leídas