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Legisladores y jueces bonaerenses siguen sin dar cuenta de sus bienes

Sólo los funcionarios del Poder Ejecutivo deben publicar su patrimonio, por un decreto de Vidal

Domingo 26 de noviembre de 2017
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LA NACION
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La Legislatura bonaerense, el día que votaron el presupuesto
La Legislatura bonaerense, el día que votaron el presupuesto. Foto: Archivo

Pasaron 21 meses desde que la gobernadora María Eugenia Vidal decretó que se hagan públicas las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, pero la medida no se extendió a los demás poderes: jueces, fiscales y legisladores bonaerenses siguen sin estar obligados a dar a conocer la evolución de sus patrimonios.

El resultado electoral de octubre podría modificar una parte de ese escenario: en el oficialismo esperan que, antes de fin de año, la Suprema Corte de Justicia provincial redacte una acordada para que jueces y fiscales presenten una declaración jurada (DD.JJ.) de bienes cada año y que una versión sintética de esa DD.JJ. sea de acceso público.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, es el ariete de Vidal en ese terreno: el funcionario empuja desde febrero un proyecto para que 4000 fiscales, defensores, asesores, curadores y secretarios del Ministerio Público publiquen sus declaraciones juradas.

Desde los tribunales advierten que sólo la Corte puede decidir un nuevo régimen de DD.JJ. y que trabaja en esa reforma desde diciembre de 2016. Pero no parecen compartir el apuro de Vidal.

Hoy, los jueces bonaerenses están regidos por la acordada de 1981, que los obliga a presentar sus DD.JJ. al ingresar al cargo y renovarlas cada cinco años o cuando modifican su patrimonio. Pero no se prevé un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado denuncie y presente pruebas contra el magistrado.

Un mecanismo similar al que regía para el Poder Ejecutivo durante la gestión de Daniel Scioli y que, en los hechos, funciona como un bloqueo a la información pública.

El panorama no es mucho mejor en la Legislatura bonaerense, donde varios proyectos del oficialismo y la oposición para obligar a diputados y senadores a publicar sus DD.JJ. han perdido estado parlamentario o están cerca de caducar.

Hoy, de hecho, el único habitante de la Legislatura obligado a publicar su DD.JJ. es el titular del Senado, Daniel Salvador. En su carácter de vicegobernador, está sujeto a los decretos 116 (marzo de 2016), 647 (junio de 2016) y 407 (agosto de 2017) de Vidal, que comprenden sólo al Poder Ejecutivo: desde el gobernador hasta policías y agentes del servicio penitenciario.

Quien busca emularlo es el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca (Cambiemos): planea publicar su DD.JJ. en la página web de la Cámara baja. Un gesto para reimpulsar la discusión y convertir en ley el decreto de Vidal.

Pero también es cierto que los legisladores del oficialismo frenaron iniciativas de la oposición que planteaban controles más amplios sobre los funcionarios.

Luego de publicar el primer decreto (116/16), la gobernación envió el texto al Senado para convertirlo en ley. Ingresó el 17 de marzo de 2016, pero desde el 20 de septiembre de ese año permanece en la Comisión de Modernización del Estado, donde Cambiemos tiene mayoría. Caducará en marzo.

Lo mismo sucederá en diciembre con un despacho consensuado en la Comisión de Reforma Política. Combina proyectos de la UCR, el massismo, el PJ, GEN y La Cámpora. No sólo obliga a dar publicidad a las DD.JJ.: regula hasta los regalos que reciben los funcionarios y, sobre todo, crea el Tribunal Social de Responsabilidad Política, previsto por la Constitución provincial.

Ese tribunal, autónomo y autárquico, fue frenado por Cambiemos: para la misma época que se intentó votarlo en el recinto, Vidal creaba una suerte de oficina anticorrupción (Oficina de Fortalecimiento Institucional) que, como su par nacional, está a tiro de decreto del Poder Ejecutivo. Otros proyectos similares duermen en Diputados.

Más allá de los argumentos que se dan de un lado y otro para justificar por qué aún no existe una acordada de la Corte o una ley que obligue a jueces, fiscales y legisladores a dar cuenta de su patrimonio, lo cierto es que la única norma operativa sigue siendo el decreto de Vidal. Un avance claro, luego de años de opacidad, pero que no conmovió al resto de los poderes.

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