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¿Pueden asumir los militares roles de seguridad?

Miércoles 29 de noviembre de 2017 • 02:30
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El descontrolado hundimiento del submarino San Juan abrió un debate inesperado. Las tragedias no resultan buenos momentos para cambios apurados por la sorpresa de encontrarse con algo no previsto. En estos días se habla del rol que deben tener las Fuerzas Armadas, se opina sobre el papel que corresponde a los militares y también alguno se anima incluso a pensar en armamentos cómo se si tratase de compras en una ferretería. Por ese eje trazado por la desesperación de saber que un submarino y su tripulación podían haber sido víctimas de años de desinterés social se metió una discusión vieja. ¿Pueden asumir los militares roles en seguridad? Es la pregunta lógica si se avanza en un proyecto de fusionar a la Armada con la Prefectura. La iniciativa no es nueva. Tiene exactamente 16 años.

Un poco de historia reciente permitirá comprender el contexto antes de responderse al interrogante inicial. En noviembre de 2001 el Ejército y la Armada consensuaron un proyecto para reformular estratégicamente sus objetivos. Sus jefes, el teniente general Ricardo Brinzoni, y el almirante Joaquín Stella, tenían una muy buena relación personal. El país se encaminaba a una crisis y la Gendarmería se movía de una provincia a otra con cientos de cortes de ruta mensuales. Las Fuerzas Armadas estaban entonces postergadas y sus mandos querían asegurarse una misión que les permitiese sobrevivir. Ese fue siempre un error conceptual, pero no será aquí cosa de adelantarse a la necesaria línea temporal. Del análisis militar salió una definición para ofrecer al poder político: la superfuerza.

En 2001 el problema era sostener la autoridad política, la cohesión social y evitar la repetición de pueblos en llamas como ocurrió en Salta y Corrientes. Gendarmería tenía en ese momento apenas 14.000 efectivos y cada vez se concentraba más en centros urbanos. Las fronteras quedaban vacías. El Ejército vio la oportunidad de tener una misión. El diseño preparado por los militares se sustentó en la Gendarmería como fuerza que recibiría los equipos tácticos de la Policía Federal y todo el componente de seguridad de la Prefectura. La idea era tener esa "superfuerza" de seguridad para hacer frente a los disturbios. En ese esquema, el Ejército se haría cargo del control de frontera para "liberar" a los gendarmes y la Armada tomaría el mando sobre toda unidad que flotase en la Prefectura. Incluso estaba previsto que el jefe de los prefectos podía ocupar el puesto de secretario naval... cómo máximo. El rol de la Armada sería el control de la pesca ilegal. Un debate similar aparece 16 años después. La pregunta sobre el papel de los militares en la Argentina vuelve una y otra vez. Quizá la seguridad no sea el mejor lugar para asignar una tarea. En el Gobierno, unos consideran hoy esa posibilidad con un pensamiento económico de asignación de recursos, otros entienden que la separación de funciones es un gasto que vale la pena. Esas dos visiones aún no definieron la pulseada que está por empezar.

Si la Armada asume el control de la Prefectura -estudio que trascendió sin ponerse aún en debate oficial-, el control de la pesca ilegal -supuesta misión del San Juan- estaría bajo la supervisión absoluta de militares. Es un rol claramente policial de verificar licencias, detener a infractores y originar una causa judicial como auxiliares de la Justicia. En esa situación debería pensarse en unidades de mar idóneas para la tarea. Misiles antibuques no sería necesarios, ya que la Prefectura hundió llegado el caso pesqueros con ametralladoras calibre 50.

En los ríos la situación sería más compleja, porque la Prefectura se encarga de evitar el ingreso de drogas. Entonces los egresados de la Escuela Naval deberían pensar en el narcotráfico como adversario y prepararse para eso. Buzos tácticos contra básicas canoas de contrabandistas. Además deberían ser reformuladas las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia. El narcotráfico es uno de los mayores peligros para la Argentina. Aunque su banda emblemática, Los Monos, no parece un desafío tan grande como para modificar el trípode legislativo más importante de la democracia argentina.

"Si quieren ser policías, que lo sean, pero que sepan que serán eso", expresó una voz oficial con peso propio al considerar que entre la Armada y la Prefectura debería hablarse de complementación y no de fusión.

El contexto nuevamente es importante, tal como lo fue en 2001 cuando los mandos militares pensaron un esquema similar al puesto hoy en debate. Hoy la Gendarmería no cuenta sólo con esos 14.000 efectivos, sino que está cerca de alcanzar los 40.000. El narcotráfico es un problema grave que crece, pero a comienzos de siglo se lo veía como posible asunto militar al pensar en réplicas locales de los acuerdos entre las FARC y los productores de drogas. Esa hipótesis, válida en su momento y que generó la idea de nuevas amenazas a la seguridad, hoy no existe.

Una pregunta paralela es saber si los militares están capacitados hoy para actuar en temas de seguridad. Más de 15.000 militares argentinos participaron en operaciones netamente perfiladas a la seguridad urbana en Haití. Y fueron adiestrados para cumplir esa misión por orden de los sucesivos gobiernos kirchneristas. ¿Tuvieron denuncias allí? No.

Pero aquí la situación es diferente. La Argentina tiene un esquema de seguridad envidiado en el mundo. Sólo Francia, Chile, Italia, España y los Estados Unidos cuentan con unidades intermedias -Gendarmería y Prefectura- que permiten subir un nivel desde el escalón policial sin recurrir al poder de fuego militar. Brasil quiere hace años replicar esa alternativa para que su Ejército no tenga la obligación de entrar de tanto en tanto en las favelas de Río de Janeiro.

Entonces, ¿qué rol le queda a las Fuerzas Armadas? El más importante: prepararse para cumplir su misión primaria. Si la política lo señalase claramente, los militares dejarían de buscar opciones para sentirse reconocidos y útiles. El bombero profesional no necesita transformarse en un docente para justificar las horas sin incendios.

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