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El Tribunal Fiscal y la participación de los profesionales en Ciencias Económicas

Mario J. Bibiloni
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2 de diciembre de 2017  

El proyecto de reforma tributaria enviado al Congreso de la Nación prevé la restitución a los profesionales en Ciencias Económicas de su rol de vocales de las salas aduaneras del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN). La competencia interdisciplinaria en salas aduaneras fue quebrada por la ley 20.626 luego de once años de vigencia, al sustituir el texto del art. 115, asignando la competencia aduanera sólo a los abogados. Se reconoce así la importancia de la actuación interdisciplinaria en la obtención de justicia, debiendo verse "como un paso adelante en la contribución al equilibrio que todos como sociedad le exigimos a la Justicia", tal como acertadamente lo expresa el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Humberto Bertazza.

Lamentablemente esta buena noticia ha tenido opiniones desfavorables respecto de la participación de los profesionales en Ciencias Económicas por parte de profesionales del derecho aduanero, tal como las difundidas por el presidente del TFN, Ricardo Xavier Basaldúa, y por Alfredo Abarca, quienes no han tenido en cuenta el hito positivo que significa la integración interdisciplinaria para la búsqueda de la verdad jurídica objetiva y la mejora de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo (tal como sucede en las Salas Impositivas).

La motivación de la integración de las salas aduaneras con profesionales en Ciencias Económicas lejos está de obedecer a meras "inspiraciones en razones corporativas que solamente permiten fuentes de trabajo" (Alfredo Abarca). La inspiración es contribuir en impartir justicia.

Tampoco se ajusta a la verdad calificar a los profesionales en Ciencias Económicas como faltos de idoneidad para integrarlas, como dijo Ricardo Xavier Basaldúa ("Los contadores no están especializados en la compleja materia aduanera"). Lo demostraré sucintamente más adelante.

Pese a estas opiniones contrarias, hoy resulta de suma importancia la integración interdisciplinaria con miras a mejorar la especialización tributaria de las salas aduaneras del TFN. Los derechos de importación y exportación, lejos de deber ser considerados meros instrumentos regulatorios del comercio internacional a los que puede echar mano la administración de turno, constituyen verdaderos tributos de raigambre constitucional (artículo 4 de la CN de 1853) y su imposición, exención y efectos deben celosamente ser custodiados por el Congreso, tal como lo afirmara oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa Camaronera Patagónica SA.

Los asuntos tributarios demandan cada vez mayor atención y diligencia de resolución de las Salas Aduaneras del TFN, principalmente debido a las implicancias jurídicas y económicas que ocasionan y a la abusiva e injusta modalidad determinativa utilizada por la administración tributaria para aplicarlos, lo que combinado con el poder de que goza para imponerlos, acentúa la indefensión actual del juzgable.

Existen numerosas sentencias de Salas Aduaneras del TFN que en detrimento de los administrados avalan y avalaron liquidaciones de deudas tributarias conteniendo tributos actualizados (pese a estar prohibido) e intereses usurarios y descomunales, afectando derechos constitucionales de los administrados (confiscatoriedad y equidad principalmente), siendo la raíz de tales injusticias -a mi entender- la carencia o insuficiencia de pruebas y su falta de disposición, así como la escasez de análisis y justipreciación de los perjuicios y lesionamientos económicos infringidos por las disposiciones, pese a haberlo considerado indispensable para su juzgamiento el Supremo Tribunal en el fallo del 3/07/2009 (Causa Candy SA c/ AFIP y otro s/ acción de amparo. Fallos: 223:233; 318:676), criterio mantenido invariable en sucesivos pronunciamientos

La intervención de los profesionales en Ciencias Económicas en controversias tributarias e infraccionales (tanto como vocales de las Salas Impositivas del TFN como en su carácter de patrocinantes de la defensa de los administrados) ha ido consolidando una mayor equidad y justicia, resultando acorde con su formación y competencia profesional resolver y dictaminar acerca de implicancias tributarias e infraccionales y perjuicios económico financieros relacionados con el administrado.

La integración de las Salas Aduaneras con profesionales en Ciencias Económicas no significa mengua alguna en la eficiencia del funcionamiento de dichas salas; muy por el contrario, la integración interdisciplinaria garantiza un mejor resultado en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva (tal como sucede en las Salas Impositivas) brindando mayor seguridad jurídica y eficacia en sus pronunciamientos. No es justo ser considerados por los profesionales del derecho incompetentes profesionalmente para "[...] garantizar el debido proceso administrativo "y" [...] garantizar al servicio aduanero que las presentaciones gocen de la seriedad y eficiencia suficientes como para no obstaculizar la buena marcha del procedimiento".

El hecho de que sean los graduados en las Ciencias Económicas (y no del Derecho) quienes integren las Salas Aduaneras no relega a un segundo plano el conocimiento y la formación académica y profesional que poseemos en el derecho tributario aduanero e infraccional, ni menoscaba la solvencia profesional de sus actuales integrantes.

A título de ejemplo, quien rubrica este documento hace más de 25 años que forma alumnos de grado y profesionales de posgrado en las especialidades del derecho tributario aduanero, importación y exportación de mercaderías y regímenes sancionatorios y procedimentales, tanto en ámbitos de formación de profesionales en Ciencias Económicas como de abogados, siendo designado para ello por reconocidos académicos de ambas profesiones. Se desempeña además como miembro permanente del Comité Científico de las Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, así como profesor, coordinador, relator, panelista, presidente de panel y orador en diversas instituciones ligadas al derecho aduanero, entre otras, la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, la Facultad de Derecho de la UBA, la Facultad de derecho de La Plata, la Escuela de Abogados del Estado o el Colegio de Abogados de la CABA, habiendo formado a más de 1500 profesionales (abogados y contadores) en la especialidad.

El derecho de defensa de los administrados se torna ilusorio ante disposiciones lesivas de los principios constitucionales garantizados cuando los procedimientos utilizados acentúan tal indefensión. La participación interdisciplinaria implica revitalizar el derecho de defensa del juzgable y acentuar el conocimiento de quienes tienen a cargo dicha tarea.

El autor es contador público y consultor en comercio internacional

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