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El desafío de un cambio de era en la justicia federal

Estamos ante la necesidad de una histórica y valiente transformación en el modo en que se juzgan los hechos de corrupción en la Argentina

Domingo 03 de diciembre de 2017
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Entre los recientes anuncios del presidente Macri en materia de reformas institucionales, los ciudadanos asignamos una extraordinaria importancia a aquellas dirigidas a modificar el modo en que se juzgan los hechos de corrupción en la Argentina, lo cual supone implementar cambios de fondo dentro del sistema judicial, en particular en lo que hace a su transparencia.

Los tribunales de Comodoro Py han sido largamente, por más de una década, la expresión más penosa de ineficacia e impunidad en la Argentina. Sus laberínticos pasillos y despachos, infectados de actitudes corporativas de la peor calaña, han nutrido con fundamento las peores sospechas de falta de probidad.

La mayoría de sus máximos responsables, particularmente a nivel de las primeras y segundas instancias, resultaron incapaces para investigar las principales causas de corrupción de la administración pública nacional, a través de una trama que dio lugar a múltiples sospechas, incluyendo la deliberada demora en el curso de los expedientes; la aceptación de canonjías para "cajonear" resoluciones; el aceleramiento de algunas causas con claros propósitos intimidatorios; la permeabilidad a siniestros operadores del Poder Ejecutivo; las ignominiosas cadenas de fundadas sospechas de sobornos y tráficos dinerarios; la promoción de inadecuados e incluso vergonzosos personajes para el ejercicio de tan magna función; el enriquecimiento patrimonial obsceno de varios de sus integrantes; la autoprotección entre sus integrantes cuando se iniciaban investigaciones contra alguno de ellos; las prácticas de "forum shopping" para direccionar investigaciones, y el nefasto trabajo en tándem con agentes y enviados de los servicios federales de inteligencia, entre otras tantas funestas prácticas que carcomieron el prestigio de un cuerpo cuyos hombres probos aún encuentran serias dificultades a la hora de diferenciarse.

En efecto, la SIDE y los tribunales federales penales han operado como un eje perverso para manipular la administración de justicia en la Argentina. Lo hicieron sobre la base de la vulneración de las garantías del Estado de Derecho, las escuchas ilegales, la persecución de adversarios, incluso con la participación en el proceso de selección de magistrados garantizando que sus amigos fueran los elegidos; la adulteración de exámenes en el Consejo de la Magistratura y el armado o desarmado de causas según la conveniencia o el mejor postor. Un ámbito que debió estar abocado al combate del crimen organizado se convirtió en una expresión del crimen organizado desde el Estado. No otra cosa significa el uso de la fuerza y el imperio público puesto al servicio de los intereses de corrupción e impunidad.

Sobre la base de esta barbarie institucional, se construyó un monumental polo de poder capaz de trascender administraciones y colores políticos. Intocable, como se percibió a sí mismo, es el gran responsable del altísimo nivel de desprestigio que la Justicia presenta entre las instituciones nacionales. La reciente decisión de los magistrados federales de nuclearse en una asociación gremial, una especie de "extrapoder" con claros propósitos de autodefensa y presión sobre las autoridades ejecutivas, nos habla a las claras de esta inserción de un miembro infectado en el cuerpo de la República.

Las auditorías que sobre dichos tribunales de Comodoro Py avanzaron a partir del impulso del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires son una muestra de que los tiempos han cambiado. No sólo expusieron la brutal ineficiencia en la cual operó la justicia federal en estos años, sino que además reactualizó la necesidad de recobrar impulso para una reforma cuya demora pagó y aún hoy paga carísimo nuestro país.

Todos estos males que hoy describimos podrían haberse acotado hace más de 13 años, cuando en abril de 2004 el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, presentó al presidente Néstor Kirchner, los gobernadores de todo el país y los principales representantes de los tres poderes del Estado, un plan trienal. Integraban el equipo ministerial de entonces notables figuras como los doctores Norberto Quantín, José María Campagnoli, Pablo Lanusse e Ignacio Rodríguez Varela. En línea con las ambiciosas iniciativas de reformas, que ya había incluido el decreto 222 a partir de fijar un proceso de consulta pública para reforzar la transparencia en la elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema y otros cargos, Beliz anunció la decisión de unificar la justicia federal con la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto implicaba la pérdida del virtual monopolio de 12 magistrados para juzgar los delitos contra la administración pública, Iicuando su inmenso poder y extendiendo esta jurisdicción hasta totalizar 82 magistrados de primera instancia.

Recordemos que el lanzamiento de este plan estratégico de justicia y seguridad de Beliz se complementó con la creación de una Agencia Federal contra el Crimen Organizado, una especie de FBI criollo que descabezaba las prácticas corruptas de la SIDE. Fue entonces cuando Kirchner optó por no modificar el statu quo y continuar con él como nexo espurio con los jueces federales. Beliz tuvo que abandonar el cargo y exiliarse, víctima de la persecución que durante más de una década de escandaloso proceso judicial lo tuvo en jaque hasta su reciente absolución.

El razonamiento que disparó esa urgente y necesaria reforma debería también inspirar hoy los anuncios del presidente Macri en la materia. Es que cuanto más plurales, numerosos y variados sean los jueces encargados de abrazar la tarea de investigar la corrupción, menos propicios serán a manipulaciones políticas o económicas, a cooptación para los servicios de inteligencia y a someterse a prácticas corruptas impulsadas por el poder de turno. Cualquier reforma ha de contemplar no sólo una cuestión numérica de economía de recursos y de incremento de los ámbitos de trabajo para agilizar las causas de corrupción, sino también el "efecto comparación" entre los diferentes tribunales que permita desterrar los pactos de impunidad entre quienes se protegen para asegurar sus guaridas, privilegios y cotos de caza.

Una reforma en esta dirección planteará una sanísima línea de refundación institucional. Requiere, indiscutiblemente, la voluntad de lo más alto del poder político a fin de evitar que naufrague en medio de pujas clandestinas entre quienes pretenden garantizarse impunidad, soterrando también las especulaciones corporativas de quienes no desean abandonar sus privilegios de cartelización.

Frente a cualquier anuncio en este campo, conviene tener presente la dolorosa experiencia de frustración que significó aquella malograda reforma a la que hicimos mención. "Justicia demorada, democracia denegada", afirma el proverbio. Asistimos a un momento bisagra que demanda toda la valentía y la voluntad política de un gobernante a la hora de encarar un cambio de era que sepulte tantas trágicas experiencias para que el Poder Judicial recupere su imprescindible independencia y prestigio al servicio de los valores democráticos y republicanos.

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