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Los abogados y la Justicia

Un mayor control de la matrícula, tanto respecto de la formación cuanto de la disciplina de sus miembros, servirá para una mayor protección de la ciudadanía

Martes 05 de diciembre de 2017
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La sociedad argentina, como nunca antes, reclama por un mejor desempeño de la Justicia, tanto respecto de su independencia cuanto de su eficiente desempeño. Siempre hemos sostenido que no corresponde reprochar a todos los jueces y funcionarios por esos problemas, pero sí una actitud de firme liderazgo y de compromiso con el cambio. No son horas de simples mejoras sino de transformación.

Los abogados son una parte esencial del sistema, porque su intervención es obligatoria en prácticamente todas las actuaciones ante los tribunales.

La Argentina mantiene por ley un régimen de habilitación profesional automática, por el mero hecho de que alguien haya obtenido un grado académico. La matriculación en los colegios de abogados sólo se otorga a cambio de un mero trámite burocrático, para siempre y para todo tipo de tareas profesionales cualquiera sea la instancia. No ocurre eso ni siquiera a la hora de otorgar una licencia para conducir un automóvil o una habilitación comercial. Entre nosotros los abogados se forman, mejor o peor, en el Derecho, y por eso obtienen una licencia para practicar la abogacía, que es un arte que requiere de un entrenamiento en muchas más habilidades que el conocimiento de aquella disciplina.

Esa identificación entre el título universitario y la habilitación profesional, en virtud de la cual presumimos que luego de haber regulado minuciosamente quién puede ofrecer estudios de Derecho y qué debe enseñar el producto terminado será necesariamente bueno, no es compartida en ninguno de los países desarrollados del mundo, donde se requieren exámenes finales de grado o procesos de admisión a la profesión diferenciados, tomados por organismos que pueden tener representada a la academia pero en los que también participan tribunales o colegios profesionales. En algunos países también se exige una capacitación continua para mantener el derecho de ejercer la profesión y hasta un seguro de responsabilidad civil por mala praxis. De ese modo, las universidades se esfuerzan por aumentar su nivel académico y no para hacer más más fácil la obtención de un título. El nivel tiende a la exigencia y no a la laxitud.

El control de ingreso debe complementarse con el control del ejercicio. La vigilancia de la disciplina que entre nosotros suele estar en cabeza de los colegios de abogados debe ser realizada teniendo en cuenta que no se trata de juzgar meramente la "ética" de los profesionales, sino de controlar y sancionar los actos que perjudican a los clientes y, en definitiva, al funcionamiento de todo el sistema. En ese sentido, es censurable que las sentencias del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal no sean públicas, con excepción de las de suspensión y expulsión de la matrícula, que son infrecuentes. Todo tribunal debe resolver casos concretos, pero también fijar pautas de conducta a través de sus precedentes, que la población tiene derecho a conocer. La abogacía es una profesión licenciada y los colegios de abogados no son sindicatos que, como tales, velan por intereses sectoriales sino entes de derecho público que ejercen competencias delegadas por el Estado.

Un mayor control de la matrícula, tanto respecto de la formación cuanto de la disciplina de sus miembros, servirá para una mayor protección de los ciudadanos, que al fin y al cabo son los destinatarios del servicio de justicia.

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