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El Gobierno le rescindió a Cristóbal López el contrato de explotación de la autopista Ezeiza-Cañuelas

Mediante un decreto firmado hoy rescindió la concesión ese corredor vial; le reclaman una deuda de $ 3000 millones

Miércoles 06 de diciembre de 2017 • 12:54
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LA NACION
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Foto: Archivo / Ricardo Pristupluk

Otro golpe para Cristóbal López. Hoy a la mañana, con el decreto 1010 recién firmado, el Gobierno notificó y tomó posesión de la concesión que hasta hace horas explotaba el empresario patagónico.

La Autopista Ezeiza-Cañuelas dejó de estar en manos de López. Fueron los funcionarios de Vialidad Nacional los que llegaron a las siete plazas de peajes de Aecsa, la empresa concesionaria. Además de notificar la medida, levantaron todas las barreras de peaje y se hicieron cargo de la operación.

Termina así un viejo conflicto entre el Gobierno y la empresa que había empezado ni bien asumió el director General de Vialidad, Javier Iguacel, que jamás aprobó un acuerdo que la compañía vial había alcanzado con la anterior gestión. Desde entonces, la relación se encaminó siempre hacia este desenlace.

La concesión estará en manos ahora de Corredores Viales SA, una empresa creada por Vialidad Nacional con el propósito de recibir los activos y los empleados de la firma de Cristóbal López.

Durante toda la mañana y hasta la tarde, los funcionarios de Vialidad y su gente de sistemas trabajan en reemplazar todos los chips de las máquinas tickeadoras para modificar la razón social del explotador. Por la tarde, las barreras bajarán y el pago del peaje ya no irá más a una cuenta del patagónico.

El problema que terminó en la rescisión de la concesión empezó con un fondo llamado Recaudación de Afectación Específica (RAE). Se trata de un valor incluido en el precio del peaje. Quien lo cobra debe depositarlo en una cuenta oficial. Es decir, es un mero agente de cobro. El esquema, al menos teórico, es que ese dinero regrese a la concesión en forma de obras en la traza.

Algo similar a este esquema se aplica a los combustibles: por cada litro que se vende, las estaciones de servicio recaudan el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que luego deben depositar a la AFIP. En marzo de 2016, LA NACION reveló que la petrolera Oil, propiedad de Cristóbal López, no ingresó el aporte, por lo cual el organismo recaudador le reclamaba 8000 millones de pesos.

Ahora el Gobierno actualizó el reclamo por estos montos. Entre capital, intereses y multas, el reclamo asciende a alrededor de 3000 millones de pesos.

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