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La justicia porteña asumirá la competencia para investigar el narcomenudeo

Es el principal entre los 33 delitos penales que fueron transferidos a la jurisdicción de la Ciudad; la Nación girará los fondos correspondientes; la implementación demandará un año

Viernes 08 de diciembre de 2017
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PARA LA NACION
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El gobierno de la ciudad avanzó con la transferencia de competencias penales a la órbita porteña ayer, cuando la Legislatura aprobó el tercer convenio, sancionado en 2011 en el Congreso y que nunca se había ratificado, por el cual ahora la Justicia porteña tendrá a su cargo las investigaciones de 33 nuevos tipos de delitos, entre los que se destaca el narcomenudeo.

El motivo por el cual se decidió avanzar con la ratificación, según fuentes gubernamentales, es que ahora se realizará el traspaso de competencias con los fondos necesarios, cosa que no había sucedido con los dos primeros convenios y que se solucionó, como publicó LA NACION en septiembre pasado, con el giro del dinero adeudado por parte de la Nación.

La aplicación no será inmediata. Se prevé que la implementación de las nuevas competencias demandará al menos un año y requerirá una descentralización mayor de la Justicia, según explicaron fuentes del Consejo de la Magistratura. También se decidió crear una comisión dentro de la Legislatura que tendrá como objetivo el seguimiento de la implementación.

"Es un paso importante para la construcción de mejores herramientas para combatir el delito en la ciudad de Buenos Aires, y es un compromiso del Gobierno y de las instituciones para resolver este problema", dijo a LA NACION el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo.

En lo que va del año la Policía de la Ciudad realizó 2363 actuaciones y 115 allanamientos por la ley de estupefacientes, con 336 detenidos. En esas cifras, a las que tuvo acceso LA NACION, se detalla, entre otras cosas, que los principales procedimientos estuvieron enfocados en el decomiso de drogas sintéticas: 3493 pastillas de éxtasis secuestradas, 587 dosis de LCD y 135 de anfetaminas. También, más de 131 kilos de marihuana y 81 de cocaína.

Ocampo manifestó que el traspaso de los cuerpos de seguridad metropolitana de la Policía Federal fue, además de la remisión de los fondos correspondientes, uno de los motivos que terminó por impulsar la cuestión. "Todo va en un mismo sentido, el de completar un sistema de seguridad", agregó.

Además del narcomenudeo se traspasarán otros 32 delitos, entre ellos, abuso de armas, lesiones, enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de la administración pública de la Ciudad, cohecho y tráfico de influencias, fugas, defraudaciones, desarmado de autos, incendios y estragos.

Más autonomía

"Estamos contentos con la aprobación de la norma, es un paso adelante. Es el trabajo coordinado del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Comisión de Justicia, que presido, pero seguiremos reclamando la autonomía plena del Poder Judicial con el traspaso de todos los fueros con sus estructuras. Este es el camino correcto hacia ese destino", dijo a LA NACION el presidente de la comisión de Justicia, Daniel Presti (Pro), autor del proyecto.

Fuentes gubernamentales explicaron que en 2018 se trabajará para completar el traspaso de la justicia nacional ordinaria en lo penal, en especial, la competencia para investigar robos y hurtos. Luego de eso sólo quedarían los delitos más graves, como los homicidios.

"Del fuero penal solamente quedan para los jueces nacionales un grupo de delitos, entre los cuales están los robos y hurtos. Cuando el Congreso apruebe los cuatro convenios que sancionó la Legislatura se completará la autonomía de la Ciudad, contemplada en la Constitución Nacional y en la de la ciudad", afirmó la presidenta del Consejo de la Magistratura, Marcela Basterra, que además remarcó que la Corte Suprema de Justicia, en varias oportunidades sostuvo que la justicia nacional era "meramente transitoria".

El traspaso de la justicia ordinaria es uno de los puntos del programa Justicia 2020 que más rispideces encontró en la Asociación de Magistrados y en el gremio de los judiciales. El año pasado, varios de los jueces que la integran le hicieron saber al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que de prosperar la intención de avanzar con esa iniciativa acudirían a los tribunales para frenar su aplicación. Asimismo, en noviembre de 2016 consiguieron, de parte de los senadores justicialistas Miguel Ángel Pichetto y Pedro Guastavino, el compromiso de no tratarlo en el corto plazo.

"En cuanto a los beneficios laborales de los trabajadores judiciales, en la ciudad serán los mismos o mayores que los que gozan en la llamada justicia nacional. No hay, por lo tanto, motivos válidos para oponerse a una iniciativa que por un lado cumple un mandato constitucional y por otro redundará en un mejor servicio de justicia para los porteños y para quienes, sin serlo, intervienen en procesos que se llevan a cabo en la Capital", respondió el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez.

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