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Crean un protocolo para la investigación patrimonial en casos de lavado de activos

El primer borrador ya circula entre magistrados federales; busca establecer patrones de identificación de asociaciones, de búsqueda de datos y de análisis sistemático de información de bases de datos

Lunes 11 de diciembre de 2017
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PARA LA NACION
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La investigación en la megacausa conocida como "narcoarroz" llevó al juez federal Sergio Torres a advertir la necesidad de establecer un protocolo para las investigaciones patrimoniales vinculadas al lavado de activos. Ese caso, en el que se comprobó la actuación en el país del cartel del Norte del Valle, de Colombia, está ahora en su "cuarta fase", que es en la que se buscará determinar de forma precisa la cantidad de activos financieros blanqueados por la organización.

Torres comenzó a trabajar con el ex jefe de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y fundador de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, para la creación de ese protocolo. El sucesor de Marteau en aquel organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Negri, continuó la tarea y ya repartió a todos los jueces y fiscales que componen las mesas de debate un primer borrador.

En él se establecen algunas cuestiones claves para las investigaciones de lavado de dinero. Por ejemplo, la cantidad de asociaciones con las que se debe tener relación para avanzar. También, en qué lugares o agencias hacer búsquedas de activos sospechosos, cómo aprovechar los canales de cooperación internacionales y cómo hacer análisis sistemáticos de bases de datos.

"El objetivo central es que todos sepan dónde y cómo solicitar información para así saber sortear algunas cuestiones de la burocracia que hacen engorroso el trabajo", dijo a LA NACION uno de los integrantes de esa mesa de debate.

"Se trata de un esfuerzo que va en paralelo con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y que aportará una herramienta para comenzar a cambiar la «lógica del decomiso», que es lo que hoy impera en la Justicia", afirmó otro de los integrantes.

Uno de los puntos centrales del nuevo protocolo es buscar romper la cadena actual de investigación patrimonial, que suele ser, según explican los especialistas, un proceso similar al de la "ingeniería inversa": se encuentra dinero blanqueado y se intenta llegar al ilícito de origen. "Hay que empezar a impulsar investigaciones patrimoniales cuando se hacen los allanamientos, los decomisos. Así es más simple desarmar la estructura. Porque el golpe que sienten las organizaciones es el económico", agregó un juez que trabaja en el tema.

Se prevé que la Dirección de Captación de Comunicaciones, organismo dentro de la Corte Suprema que se encarga de las escuchas telefónicas, se convierta en receptor de información de todas las agencias del Estado.

"Hoy estamos investigando con estructuras del siglo XIX. En este tipo de investigaciones necesitamos que ya esté listo un perfil patrimonial financiero, y para eso se necesita una dirección con la capacidad de procesar todos los datos para que cuando un juez los necesite estén disponibles, como mucho, en una semana", dijo Marteau a LA NACION.

La protección de esos datos es otro de los focos sensibles, que demandan mayor seguridad. Diferentes fuentes al tanto de la situación recordaron la filtración que realizó el ex titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) José Sbatella, que le costó al país quedar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"El protocolo, además, tiene por misión guiar a los jueces y fiscales de todo el país acerca de cómo llevar adelante una investigación directamente orientada a la fase económica de la actividad criminal, habida cuenta de que es la única manera en que se puede debilitar a una organización delictiva", agregó Marteau.

Uno de los laboratorios de prueba es el posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que coordina Marteau y en cuyo equipo docente figuran Negri; el juez Torres; su colega Claudio Bonadio; el fiscal general de Casación Raúl Pleé, y el camarista y encargado de la comisión de coordinación del nuevo proyecto del Código Penal Mariano Borinsky, entre otros.

Registros y bases de datos

En el borrador, de más de 140 páginas, se enumeran las agencias que pueden colaborar en la búsqueda de activos de origen ilegal. Además de las tradicionales, como la AFIP, la UIF o la Oficina Anticorrupción (OA), se enumeran el registro de buques de la Nación, el Hipódromo de San Isidro o el registro de studs del Jockey Club. "El dinero siempre es mucho y hay que revisar en todos lados", explicaron las fuentes.

El protocolo sugiere cómo recurrir a los canales de cooperación internacionales para evitar los "exhortos diplomáticos" que, según el caso, pueden demandar varios meses de demora. En la práctica, la UIF hace un trabajo similar, en muchos casos sin revelar sus fuentes, cuando indica a los jueces en qué organismos podrían encontrar esa información, según explicaron fuentes del organismo.

Entre las definiciones de investigación patrimonial del protocolo está la que considera que es necesaria una técnica de investigación que permita analizar sistemáticamente la información existente en bases de datos públicas o privadas.

Lo que se busca es modificar las formas de investigación actuales, en las que la UIF se encarga de esa labor cuando recibe un reporte de operación sospechosa (ROS) y comienza a buscar el origen del dinero. Un dato no menor, según se reveló en el último encuentro del GAFI: el ROS dejó de ser una herramienta primaria debido a la gran cantidad que se emite mensualmente. "Pasa a ser un dato para incluir en una base, pero no para iniciar una investigación", afirmó una calificada fuente judicial.

Otro de los motivos de la creación del protocolo es la situación actual en la materia. "En la Justicia comenzaron a aparecer causas por delitos complejos que antes no estaban. Hace cinco años comenzó a verse este crecimiento. Se trata de una respuesta a una situación concreta", dijo Negri a LA NACION.

La forma de trabajo es la siguiente: esporádicamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, organiza mesas entre fiscales y jueces federales -coordinadas por el propio Negri- para debatir puntos en común. De una de ellas salió el primer borrador del protocolo.

Otro de los motivos por los cuales se busca dar mayor impulso a estas investigaciones es el contexto mundial. Hoy, el GAFI es presidido por el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; por eso las autoridades argentinas consideran que se encuentran en el momento más oportuno para avanzar con estas cuestiones. Otamendi, en diálogo con LA NACION, remarcó que se trata de un paso más en una política para tener una Justicia más moderna.

Promotor del cambio

Juan Félix Marteau

"El protocolo tiene por misión guiar a jueces y fiscales de todo el país acerca de cómo llevar adelante una investigación directamente orientada a la fase económica de la actividad criminal, habida cuenta de que es la única manera de debilitar a una organización criminal"

Puntos clave

Se impulsa un cambio de paradigma; pasar de investigar cuando aparece una operación sospechosa a impulsar las pesquisas en cuanto se realizan los decomisos

Se prevé delegar en la Dirección de Captación de Comunicaciones de la CSJN la centralización de la información. Se suman técnicas de análisis sistemático de bases de datos públicas y privadas

El protocolo enumera en qué agencias buscar información y a qué canales de cooperación internacional acudir. También alienta a usar los ROS como dato adicional y no como punto de partida

Otro paradigma

Buen punto de partida

Actualmente, las investigaciones patrimoniales relativas al lavado de dinero son largas y en contadas ocasiones muestran éxitos contundentes. Es posible que eso se deba a la complejidad de las propias tramas o a trabas burocráticas. Pero, también, a la falta de rigor en las pesquisas o, incluso, a la falta de experiencia o de conocimiento de los funcionarios judiciales en una materia relativamente nueva. Es ahí donde la preparación de un protocolo para jueces y fiscales que sirva como una "hoja de ruta" posible para el avance de las pesquisas se vuelve relevante. Lo mismo ocurre con la sugerencia de avanzar en la investigación patrimonial cuando se hacen los decomisos. Es lógico: quien lleva adelante acciones ilegales volcará el dinero malhabido al mercado legal.

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