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En Brasil, la reforma previsional quedó para 2018...en el mejor escenario

El gobierno de Temer no consiguió apoyo legislativo suficiente para votar el proyecto ahora; será más difícil hacerlo en medio de un año electoral; preocupa el impacto en la economía
Alberto Armendáriz
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18 de diciembre de 2017  • 14:09

RIO DE JANEIRO.- Al igual que en la Argentina, el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Michel Temer enfrenta fuertes resistencias. Tantas que al final, pese a los grandes esfuerzos del Palacio del Planalto por aprobar las modificaciones antes de fin de año, debió reconocer que no contaba con el apoyo suficiente en el Congreso y postergó su votación para el año próximo.en el mejor de los casos.

Hoy, justamente, vencía el plazo que originalmente se había autoimpuesto el gobierno de Temer para realizar la primera votación en la Cámara de Diputados. Como la reforma previsional representa una enmienda a la Constitución, se requiere que la medida sea aprobada por tres quintos (308 de los 513 diputados) en dos votaciones. En las últimas semanas, sin embargo, quedó en evidencia que la propuesta oficialista fracasaría si era sometida al recinto, ya que a lo sumo alcanzaría unos 270 votos.

En términos generales, la reforma preveía el establecimiento de una edad mínima de jubilación de 65 años con al menos 25 años de aportes, pero luego se aceptó rebajar la edad a 62 años para las mujeres y 15 años de contribuciones, además de regímenes distintos para empleados privados, públicos y trabajadores rurales. Se espera que el texto del proyecto sufra nuevas alteraciones.

Quienes se oponen a esta reforma no son sólo las fuerzas políticas de izquierda, encabezadas por el Partido de los Trabajadores (PT), y los sindicatos, sino que también hay varias críticas al proyecto dentro de la misma coalición gubernamental. El equipo económico buscó hacer diversos cambios a su proyecto original, pero hasta ahora no ha conseguido convencer a todos. Entre medio, el principal socio del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), rompió en los hechos con el Planalto, lo que dificultó aún más la articulación del respaldo legislativo.

Para el gobierno de Temer, la modificación del sistema de jubilaciones es una de las tres reformas fundamentales que se había planteado para recuperar la economía ni bien asumió el poder tras el polémico proceso de impeachment a Dilma Rousseff el año pasado. Las otras dos, el congelamiento de gastos públicos y la flexibilización laboral, se aprobaron sin mayores problemas en el Congreso, aún con protestas en las calles. Los analistas del mercado defienden la reforma como esencial para que Brasil recupere la confianza de los inversores internacionales, ya que las jubilaciones representan casi el 60% de los desembolsos del gobierno federal y este año se estima que el déficit del sistema sea de US$ 80.000 millones.

Ahora, la reforma previsional quedó para ser debatida en la Cámara de Diputados una vez que termine el receso veraniego, el 19 de febrero, justo después del Carnaval, cuando realmente se inicia el año en Brasil. El gran desafío que tiene el gobierno es que 2018 será un año electoral agitado y teme que los legisladores que se presenten para la reelección no quieran quedar asociados a medidas impopulares. El proyecto podría quedar trunco y sólo ser retomado cuando asuma el próximo gobierno, el 1º de enero de 2019.

La única esperanza de la administración de Temer es que la votación ocurriría después de que el 24 de enero se conozca el resultado de la apelación que hizo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a su condena a nueve años y medio por corrupción en un caso vinculado a la Operación Lava Jato. Los asesores palaciegos creen que una ratificación de la pena de Lula debilitaría el liderazgo del ex mandatario -hoy favorito para las elecciones de octubre- y las críticas de la izquierda a la propuesta. Pero también puede ocurrir todo lo contrario, y que el fallo de la corte de apelaciones que podría inhabilitar a Lula para competir en los comicios dispare una movilización mayor contra todas las iniciativas del gobierno.

Entre tanto, la preocupación es cómo la falta de la prometida reforma previsional afectará la economía. ¿Las agencias de calificación de riesgo internacional volverán a rebajar la nota de crédito del país? ¿La lenta pero incipiente recuperación de Brasil se paralizará? ¿Qué papel jugará este tema en la campaña electoral? Los próximos dos meses serán clave para responder estas dudas.

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