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Las reformas educativas no se imponen, se construyen

Los cambios en el nivel secundario y en la formación de los docentes requieren debates con todos los sectores en un marco institucional
Claudia Romero
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19 de diciembre de 2017  

Hace unos días, un reconocido académico chileno nos visitaba en la universidad para dar un seminario sobre temas de educación. Ya en la cena, luego de la actividad, el tema de la noche eran las reformas del nivel secundario y la formación docente que sorpresivamente había presentado el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Abundaron las críticas entre los presentes: investigadores y profesores de distintas universidades, algunos muy cercanos a la gestión. El diagnóstico superficial, las propuestas carentes de sustento, la falta de consensos. El invitado escuchaba con interés.

Hubo quienes, en el énfasis puesto en las competencias digitales para la reforma del secundario, veían la intención de transformar la escuela en una plataforma multimedia donde las empresas diseñen contenidos, actividades y formas de evaluación descartando la función profesional de los docentes. Se habló también del rechazo de los sindicatos, que esa misma noche amenazaban con una medida de fuerza.

El anuncio de la creación de una universidad para formar docentes, bajo el argumento de que así se lograría prestigio y más alumnos, suscitó más de un comentario. La gracia está en estudiar en la misma universidad que estudian todos, no en un coto cerrado, y también en diseñar una carrera laboral que genere altas expectativas, reconocía uno de los mayores especialistas en el tema que estaba esa noche. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con la reforma del secundario, el gobierno porteño envió un proyecto de ley a la Legislatura para la discusión, con altas chances de éxito ya que tiene mayoría. El kirchnerismo creó en 2006 su Universidad Pedagógica en la provincia de Buenos Aires que nacionalizó en 2015 y ahora el macrismo se propone hacer lo mismo en la Ciudad, en lo que suena más a una reestructuración de los Institutos Superiores, donde hoy se forman, que a una vocación de mejora. A cada gestión, su universidad; tal parece ser la tónica, concluía un colega. Había coincidencia en que la comunicación oficial había estado más cerca del marketing y la propaganda que del cambio profundo que la secundaria y la formación docente piden a gritos.

Nuestro invitado observaba en silencio hasta que soltó una pregunta: "¿Ustedes cómo discuten las reformas?" Se cruzaron miradas que intentaban desentrañar si era una ironía. "De verdad quiero saber qué formas tienen de discutir como sociedad temas graves como rehacer el nivel secundario o las políticas docentes", aclaró. Alguien respondió entonces: "Acá se discute a puro paro y tomas de escuelas o en las páginas de los diarios". Otro agregó: "O no se discute, se firman acuerdos que después nadie cumple o se cambia un nombre por otro, «universidad» por «instituto», y se hace un «como si» de reforma". Risas amargas.

La pregunta de nuestro colega había puesto la discusión en un nuevo terreno, el de las formas institucionales requeridas para construir las políticas educativas. La conversación se dirigió hacia allí. Hablamos largo rato sobre la experiencia internacional en este tema. Hablamos de Chile, por supuesto, que en 2012 creo el Consejo Nacional de Educación, un organismo autónomo, compuesto por académicos y profesionales docentes independientes, de reconocida trayectoria, probados conocimientos técnicos, nombrados con anuencia del Senado, gremios, universidades e instituciones profesionales. Su función es colaborar con la visión estratégica y la evaluación de las propuestas educativas que realizan los organismos públicos con el fin de asegurar su calidad y pertinencia, y además provee información confiable a la sociedad sobre el sistema educativo. Y hablamos también del atraso argentino en estas cuestiones.

Las reformas en educación necesitan amplios y sólidos consensos por tres razones: porque es un sector estratégico, porque involucran una diversidad de actores y porque se piensan para el largo plazo. Y, hay que reconocerlo, carecemos de formas institucionales que garanticen esos consensos. Será por eso que no dejamos de tropezar con reforma tras reforma, mientras la educación se hunde.

El Consejo Federal de Educación, formado por los ministros de todas las provincias, acaba de aprobar la semana pasada la reforma del nivel secundario en todo el país (muy semejante a la perpetrada en la Ciudad) que abarca cuatro dimensiones: la reorganización de contenidos, el régimen académico, la reorganización del trabajo docente y su formación. Todo ello sin demasiado fundamento científico para los cambios a los que comprometen a sus escuelas y sin referencia a asignación presupuestaria alguna. Sin sustento, mal pronóstico.

El Consejo Federal es un órgano político y como tal puede generar acuerdos de esa naturaleza siempre que resulten válidos y factibles, algo que ese Consejo no está en condiciones de establecer, aun cuando lo conformen ministros de gobiernos que ganaron las elecciones. La ley de educación nacional de 2006 establece que ese órgano deberá contar con el apoyo de tres Consejos Consultivos: de Políticas Educativas, Económico y Social, y de Actualización Curricular, pero no funcionan, no están conformados. También en el art. 98 se establece la creación del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, con un formato similar al chileno, pero de incumbencia sólo para los procesos de evaluación del sistema educativo. Ese Consejo tampoco existe. La reforma del secundario no se sometió a una construcción fundamentada porque ni este gobierno ni los anteriores pusieron en funcionamiento las instituciones que, aunque bastantes rudimentarias, están previstas en la ley. ¿Qué hará la Legislatura con la creación de la universidad para docentes? Gobernar no es reformar a tontas y locas, es crear y hacer funcionar las instituciones, para lo cual, claro, hay que tener apego a la ley y una visión de Estado.

Afortunadamente existe saber acumulado sobre los problemas de la escuela secundaria y sobre las necesidades educativas de los jóvenes argentinos que, dicho sea de paso, son en su mayoría pobres o están en estado de vulnerabilidad socioeconómica, algo que la reforma ni siquiera menciona. También existe un cuerpo sólido de investigaciones que permiten establecer cuáles son las estrategias más potentes para garantizar el éxito escolar de los jóvenes, que esta reforma parece desconocer. Sobre la formación docente y el modo de prestigiar la carrera hay abundante evidencia también. Están, además, las diversas experiencias nacionales e internacionales, no sólo las exitosas, sino también las fracasadas, que deberían tomarse como lecciones aprendidas. Falta juntar la política con el conocimiento para que las políticas tengan solidez y no se sustenten en la fuerza, sino en la autoridad.

Las reformas educativas no se imponen, se construyen. Los debates con todos los sectores son imprescindibles y es necesario darles marco institucional. Si además de la voluntad política de hacer los cambios necesarios se institucionalizara un proceso de toma de decisiones fundamentadas técnicamente y consensuadas socialmente, habremos avanzado con seriedad.

Mi agradecimiento al profesor que, con aquella pregunta incómoda, transformó una cena catártica en una ocasión para revisar la debilidad institucional de la política educativa argentina y la imperiosa necesidad de cambiarla.

Directora del Área Educación, Escuela de Gobierno, UTDT

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