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La justicia, el gran escollo para los secesionistas

La mayoría de sus líderes deben rendir cuentas en los tribunales

Sábado 23 de diciembre de 2017
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LA NACION
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MADRID.- A esta hora, los problemas del independentismo para formar gobierno en Cataluña no pasan tanto por los potenciales acuerdos, sino por la justicia: no sabe cómo hacer para gobernar con casi todos sus dirigentes procesados, prófugos o encarcelados.

Es una situación anómala, cuya solución parece estar solamente en manos de los propios jueces. "A veces las decisiones de los tribunales son incómodas, pero no podemos hacer nada contra ello", coincidieron juristas consultados por LA NACION.

La política, en tanto, tampoco muestra otra intención que el rigor. "No aceptaré que el nuevo gobierno catalán se salte la Constitución", advirtió ayer el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Algo parecido dijo Albert Rivera, el líder nacional de Ciudadanos, el partido liberal que arrasó en las elecciones catalanas, pero que, pese a ser el ganador, no tiene mayoría para formar gobierno.

El segundo candidato más votado y con posibilidades de volver al cargo de president, Carles Puigdemont, ni se atreve a confirmar si regresa o no a España desde su refugio en Bruselas porque sabe que, ni bien ponga un pie en el país será detenido por sedición y malversación de fondos.

"Le propongo a Rajoy que nos reunamos en cualquier parte de Europa, pero fuera de España", lanzó Puigdemont, al hacer patente ese temor. Rajoy se negó de plano y su partido habló del líder separatista como un "prófugo de la justicia".

Similar dificultad enfrenta Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la tercera fuerza más votada, que se encuentra bajo prisión preventiva.

Lejos de aplacarse, se extiende y avanza la persecución judicial contra quienes ordenaron el "referéndum separatista ilegal" del pasado 1° de octubre y la posterior declaración de independencia.

Apenas 24 horas después de que renovaran su mayoría parlamentaria, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena sumó seis nuevos encausados a la lista de los 22 que investiga por su papel en la abortada ruptura unilateral con España.

Entre los nuevos acusados figura el ex presidente Artur Más, así como la reelecta diputada catalana Marta Rovira, brazo operativo del encarcelado junqueras.

"Queremos que se respeten nuestros derechos", insistió Puigdemont desde Bruselas. "Queremos saber si el gobierno español respetará o no la democracia", insistió.

La idea que se deslizó de un eventual "indulto" tampoco sería aplicable. "Se trata de una figura que sólo puede correr cuando ya hay condena firme y no es esa la situación", explicaron voceros judiciales.

Lo que sí podría ocurrir es que el magistrado optara por aceptar una modificación de medidas cautelares y garantizara la libertad de los acusados a cambio de otras garantías.

Tiene tiempo para decidir un paso de ese tipo porque el Parlamento catalán tiene plazo para constituirse hasta avanzado el mes próximo.

Pero las cosas se complicarían de nuevo si los procesados resultan condenados. En ese caso, quedarían inhabilitados por ley para ejercer un cargo. Salvo que el rey, a pedido del gobierno, decidiera indultarlos. Es, en todo caso, una pulseada entre justicia y política cuyo resultado hoy parece el principal desafío para los enfervorizados separatistas.

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