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Vidal obliga a 40 mil funcionarios a mostrar su patrimonio

A los funcionarios del Ejecutivo y policías, se sumaron los jueces

Sábado 23 de diciembre de 2017
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LA NACION
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Vidal obliga a 40 mil funcionarios a mostrar su patrimonio
Vidal obliga a 40 mil funcionarios a mostrar su patrimonio. Foto: Archivo

Además de las leyes que cosechó en las sesiones extraordinarias de la Legislatura bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal se encamina a cerrar el año con un récord: más de 40.000 funcionarios de los tres poderes del Estado provincial quedarán obligados en 2018 a publicar en Internet sus declaraciones juradas.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia bonaerense firmó el Acuerdo N° 3880, por el que alrededor de 14.000 jueces, fiscales, funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal deberán dar a conocer su patrimonio, según indicaron a LA NACION desde el máximo tribunal provincial.

Ellos se suman a los 25.900 funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, donde se incluyen 14.337 policías bonaerenses y 5735 agentes del servicio penitenciario, que ya estaban comprendidos por tres decretos de la gobernadora y, desde la semana pasada, también por ley.

La cifra se completa con los 92 diputados y 46 senadores bonaerenses, que hasta esa ley votada el 14 de diciembre en la Legislatura provincial no estaban obligados a dar a conocer su patrimonio.

El número final terminará de cerrarse cuando se definan cuántos funcionarios de ambas cámaras deberán presentar también sus declaraciones juradas. Por los anteproyectos que se manejan en Diputados y el Senado, serían otras 25 personas más en la Cámara baja y 66 funcionarios de la Cámara alta, incluyendo secretarios, subsecretarios, directores y jefes de áreas.

Cuando los poderes Legislativos y Judicial bonaerenses terminen de publicar sus datos, el archivo bonaerense de declaraciones juradas disponibles en la web sólo será superado por las 51.000 declaraciones juradas que hoy atesora la Oficina Anticorrupción de la Nación, que encabeza Laura Alonso.

Con una salvedad: la decisión de la Suprema Corte bonaerense avanza más en términos de transparencia que en el régimen con el que se manejan los jueces federales: sus declaraciones juradas no están publicadas en la web y sólo son accesibles mediante un trámite burocrático que no es automático.

Avances y tironeos con Vidal

El Acuerdo N° 3880 firmado el miércoles por los jueces supremos Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo de Lazzari, Daniel Soria y Luis Genoud y el procurador general Julio Conte Grand rompió un status quo vigente desde la última dictadura.

Por una acordada del año 1981, los magistrados provinciales sólo estaban obligados a presentar sus declaraciones juradas al ingresar al cargo y a renovarlas cada cinco años o cuando modifican su patrimonio. Pero no se preveía un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado en la información denunciara penalmente al juez en cuestión.

El Acuerdo aprobó un nuevo reglamento que obliga a los jueces, fiscales y funcionarios de jerarquía a renovar sus declaraciones juradas antes del 31 de agosto de cada año, cada vez que modifiquen su patrimonio y cuando abandonen el cargo.

El formato será similar al que rige para los funcionarios de la gobernación, policías y guardiacárceles. Una presentación será privada: es la que contienen los datos precisos de los bienes y las deudas de los magistrados y cónyuges, que se preservan por motivos de seguridad. Otra versión sintética, con el valor de cada uno de esos bienes, será accesible en la web.

El cambio del régimen patrimonial de los magistrados había generado un tironeo entre Vidal y la Corte. La gobernadora, a través del procurador Conte Grand, presionó para que el máximo tribunal firmara el Acuerdo antes de fin de año. Los jueces, que habían decidido cambiar el régimen de declaraciones juradas hace un año, no mostraban igual apuro. La victoria de Cambiemos en las urnas habría terminado de inclinar la balanza en favor de Vidal.

Resta definir, eso sí, un detalle no menor. El Acuerdo de la Corte establece que el régimen de publicidad del patrimonio de los jueces entrará en vigencia cuando se termine de desarrollar el sistema informático para recibir y almacenar las declaraciones juradas. Pero no se fija plazos para que eso se concrete. Tampoco especifica las sanciones para los jueces que incumplan el Acuerdo.

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