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Rajoy explora vías legales para impedir que Puigdemont vuelva al poder en Cataluña

En el PP afirman que está dispuesto a bloquear un gobierno encabezado por el líder separatista; podrían impugnarlo ante el Tribunal Constitucional

Domingo 24 de diciembre de 2017
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Puigdemont, ayer, durante una entrevista en Bruselas
Puigdemont, ayer, durante una entrevista en Bruselas. Foto: Reuters / Eric Vidal

MADRID.- Las usinas legales del gobierno de España trabajan contra reloj en la preparación de informes sobre las opciones que tendría el presidente Mariano Rajoy para impedir que el líder separatista Carles Puigdemont reasuma el poder en Cataluña.

El sorpresivo resultado de las elecciones del jueves pasado quemó los papeles que tenía Rajoy para un desenlace calmo de la crisis. Nunca imaginó -a tono con el pronóstico unánime de las encuestas- que Puigdemont saldría fortalecido y con la mayoría parlamentaria a tiro.

La realidad jurídica de Cataluña es en estas horas una obra en construcción. Pasan cosas que ninguna ley previó por inverosímil, como es qué hacer si gana un candidato que fue presidente, lo destituyeron, huyó a Bélgica acusado de rebelión y tiene un pedido de captura vigente en España.

Fuentes del Partido Popular (PP) sostienen que Rajoy está dispuesto a moverse para bloquear un gobierno encabezado por Puigdemont o por cualquiera de sus socios que están acusados por delitos graves, vinculados a la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.

Entre las hipótesis en análisis figura la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de una eventual investidura de Puigdemont en el Parlamento. El argumento a mano es que como los presidentes regionales son legalmente los representantes del Estado en su comunidad autónoma no puede aceptarse en el cargo a un político acusado penalmente de actuar contra el Estado.

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También podría reclamar al TC la inmediata suspensión del nombramiento, en caso de producirse, alegando el reiterado incumplimiento de Puigdemont de sentencias emitidas durante sus dos años de presidencia.

"Todos los escenarios están bajo análisis", dicen en la Moncloa. También la opción de reactivar el artículo 155 de la Constitución, que permitió dos meses atrás la intervención estatal de Cataluña y la destitución de toda la cúpula separatista. Ese proceso estará vigente hasta que se constituya el próximo gobierno de la Generalitat, lo que ocurrirá no antes de febrero próximo. Rajoy ya advirtió que está dispuesto a usar otra vez la herramienta si las autoridades catalanas insisten en la deriva secesionista. Lo debe autorizar el Senado, donde el PP tiene mayoría holgada.

Los partidos separatistas que gobernaron hasta octubre fueron a las urnas divididos en dos listas: Junts per Catalunya (JxC), de Puigdemont, y Esquerra Republicana (ERC), del ex vicepresidente preso Oriol Junqueras. Quedaron en segundo y tercer lugar por detrás de los liberales antinacionalistas de Ciudadanos, pero juntos suman 66 bancas. Les basta una abstención de los independentistas antisistema de la CUP para alcanzar la mayoría parlamentaria y formar gobierno.

Cautela

Fiel a su estilo, Rajoy se refugia en la cautela. Deja que Puigdemont mueva sus piezas primero. En su única aparición pública desde las elecciones lo toreó a volver a España, donde sería detenido. "Para tener a alguien como interlocutor debe tomar posesión de su escaño, ser elegido y estar en condiciones de hablar conmigo", dijo.

La sospecha entre los partidos españoles es que Puigdemont no se arriesgará a ir preso. Que preferirá extender su estadía en Bélgica y delegar el cargo en una persona de confianza. Eso le daría margen para continuar con el fogoneo independentista en un refugio seguro, mientras un presidente en funciones tendría plasticidad para gestionar en la vida real.

En su campaña, Puigdemont había prometido que volvería a Barcelona para ser investido. Ahora sostiene que lo hará únicamente si hay "garantías suficientes" de que podrá ejercer. Gana tiempo.

En su entorno también hacen horas extras los expertos legales. Una variable en estudio es reformar el reglamento del Parlamento catalán para que se permita que el presidente de la Generalitat sea investido en ausencia. Saben que una medida así sería impugnada de inmediato ante el TC. No está claro si querrán forzar otro choque frontal contra el Estado.

La prisión provisional -si Puigdemont regresara- no sería a priori un impedimento legal para asumir la presidencia. Pero quedaría a discreción del juez de la causa autorizar al candidato a salir para presentarse a la sesión de investidura. Lo mismo pasaría ante cada actividad o votación a la que quisiera asistir.

Lo más probable, según fuentes del independentismo, es que Puigdemont proponga que sea investido alguien que ya esté en España. Puede ser su jefa de campaña, Elsa Artadi, sin deudas con la justicia. O quien fue su vocero, Jordi Turull, libre bajo fianza. Otra apuesta provocadora que suma adeptos en las últimas horas es que impulse al número dos de su lista: Jordi Sànchez, el activista más famoso del separatismo, que está preso en Madrid desde octubre pasado.

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