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Clanes mafiosos, un tenebroso país paralelo

El combate de las bandas requiere desatar los fuertes lazos que estas tejen con miembros de la política, la policía y la Justicia para conseguir impunidad

Martes 26 de diciembre de 2017
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Junto con el veloz e incesante crecimiento del narcotráfico, hace tiempo que en varias provincias de nuestro país se verifican el surgimiento y la consolidación de clanes familiares que comienzan dedicándose a la venta de drogas y, luego, amplían su campo a otros delitos directa o indirectamente vinculados al fenómeno narco, como el lavado de dinero y la trata de personas. Un factor esencial para su crecimiento son los lazos que estas bandas se ven obligadas a tejer con integrantes de las fuerzas políticas y policiales y con miembros de los poderes judiciales del lugar, convertidos en cómplices y, en no pocas oportunidades, en socios de estas tan criminales como lucrativas actividades.

En las provincias del noroeste argentino prosperan clanes familiares informales que se inician ingresando pasta de coca desde Bolivia para procesarla y rápidamente adquieren poder regional. Volvemos a insistir sobre la urgencia y la importancia de que el Consejo de la Magistratura cubra lo antes posible las vacantes de los juzgados de frontera para que jueces probos contribuyan desde su función a la lucha contra el narcotráfico y todos los delitos asociados. El caso de Orán es un emblemático ejemplo de una peligrosa vacancia.

Dos juicios han puesto recientemente sobre el tapete el nefasto papel de esos clanes criminales. El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó finalmente a los hermanos Rubén y Ángel Ale a diez años de prisión por encabezar una asociación ilícita que lavaba dinero proveniente del narcotráfico y de la trata de personas para la explotación sexual.

En Rosario, se lleva a cabo el juicio oral a 25 integrantes de la sanguinaria banda narco Los Monos, acusados de cometer varios homicidios e integrar una asociación ilícita comandada por el clan de los Cantero. Entre los acusados hay 13 miembros de las fuerzas de seguridad.

Como reveló una investigación de LA NACION, en Itatí, una ciudad correntina de tan sólo 6500 habitantes, fronteriza con Paraguay, operan tres organizaciones de narcotraficantes que constituyen uno de los principales núcleos distribuidores de marihuana en la Argentina. Desde allí abastecen a siete provincias con una logística digna de mejor destino.

La inconcebible impunidad de Ángel Ale llegó a su fin
La inconcebible impunidad de Ángel Ale llegó a su fin. Foto: Archivo

Esos tres clanes actúan por lo menos desde 2011, no compiten entre sí y trabajan coordinadamente, al tiempo que cultivan firmes lazos con dirigentes políticos locales y efectivos de las fuerzas de seguridad. Los nombres de los principales integrantes constan en 30 causas que instruye la justicia federal de Corrientes, Rosario, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero, pues en estas provincias llevaron a cabo actividades comerciales asociados con bandas locales. En Rosario, por ejemplo, se dedicaron al comercio de autos de alta gama, actividad que tampoco es ajena a la banda de Los Monos.

De esta forma, y movidos por la imperiosa necesidad de lavar el dinero proveniente de la droga, estas bandas criminales incursionan en actividades lícitas con dinero ilícito, difuminando así las fronteras entre lo legal y lo ilegal.

Si le sumamos los lazos que tejen con clanes similares y con figuras de la política, la policía y la Justicia, vemos dibujarse en las sombras un país paralelo con su propia economía sucia y sus propias autoridades completamente al margen de la ley. Obviamente, el ámbito provincial resulta ideal para el surgimiento y la expansión de estos imperios del mal, aunque no hay que olvidar que, en otra escala, bandas y clanes similares actúan en algunas villas de emergencia de la Capital, como la 1-11-14.

La sentencia que condenó a los Ale y a una decena de integrantes de su clan ilumina un poco el sórdido trasfondo delictivo que genera el dinero que más tarde es preciso lavar. Según el fallo, esas sumas provinieron de "delitos de usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena y comercio de estupefacientes".

Temida en Tucumán y provincias aledañas, la "familia Ale" se hizo conocida hace ya varios años a raíz del secuestro con fines de explotación sexual de la joven Marita Verón. Su caso y la lucha hasta ahora infructuosa de su madre, Susana Trimarco, por hallarla, sacaron a la superficie el drama de ese submundo que sólo es posible con un alto grado de complicidad policial, política y judicial.

Recordemos que esa causa se inició en 2013 a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en respuesta a una presentación de Trimarco, y es un dato a tener muy en cuenta en el combate contra estos grupos mafiosos, pues su obligada incursión en la economía formal los introduce en un escenario desde el cual se los puede desenmascarar.

Hace falta una clara voluntad política para evitar que ese tenebroso país paralelo continúe avanzando por sobre las instituciones de la república. La grave y muchas veces cómplice desatención de estas cuestiones a lo largo de la última década ha vuelto aún más difícil achicar el mapa del narcotráfico. Una sociedad comprometida debe celebrar estos incipientes resultados judiciales que se suman a mayores incautaciones de sustancias y continuar exigiendo que se profundice la acción desde todos los frentes. Cada día cuenta, antes de que sea demasiado tarde.

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