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El sistema de jubilaciones reclama más reformas

Urge resolver el colapso del régimen previsional desterrando el uso político que se ha dado a esos fondos

Miércoles 27 de diciembre de 2017
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La reciente sanción de una ley de jubilaciones trató cuestiones principalmente relacionadas con propósitos más coyunturales que estructurales. Con excepción de la opción de continuar trabajando hasta los 70 años, los cambios más relevantes atienden a los procedimientos de ajuste y a los acuerdos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias.

El sistema de jubilaciones denominado de reparto está en crisis en casi todos los países en los que es aplicado. Hay dos razones para que ello ocurra. Una es estructural y está relacionada con una cuestión demográfica propia del cambio sociocultural. La otra resulta del aprovechamiento indebido que realizan los gobernantes de los fondos acumulados en las cajas de jubilaciones. Su uso con otros fines va en desmedro de la jubilación que recibirán quienes obligatoriamente debieron aportar.

El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población fueron quebrando el equilibrio entre aportantes y beneficiarios, o sea, entre los ingresos y egresos. La medicina seguirá venciendo muchas enfermedades causantes de mortalidad, prolongando así la vida media. La esperanza de vida en la Argentina, que en 1960 era de 68 años para mujeres y 62 para hombres, aumentó en 2015 a 80 y 72 años, respectivamente. Por otro lado, los cambios culturales propenden a un mayor control de la natalidad y a una reducción del número de hijos. En definitiva, hay una tendencia estructural para que se produzca un desajuste creciente en los sistemas de reparto. Sin embargo, los gobiernos son en general reticentes a superar resistencias sociales y a elevar las edades de retiro a fin de atenuar ese desequilibrio. Sólo por este motivo inevitablemente caen las jubilaciones con relación al nivel de los salarios y al de los aportes.

Pero está también la segunda razón, que algunos califican acertadamente como estafa: el uso político de los fondos acumulados en desmedro de su protección y la generación de un rendimiento lógico. Un didáctico video de la Fundación Libertad y Progreso (https://www.youtube.com/watch?v=4oxH6jWQHOk&list=) muestra que si una persona con un sueldo mínimo en la Argentina hubiera destinado a construir casas las mismas sumas que aportó a la Anses a lo largo de su vida activa, a los 65 años tendría 3,5 casas de 46.000 dólares cada una, cuyos alquileres duplicarían lo que recibe mensualmente como jubilación mínima. Además, esos inmuebles quedarían en herencia para sus hijos. Resulta así que en el manejo de sus aportes el Estado se quedó con la mitad y además lo privó de la propiedad de su ahorro. La quita sería aún mayor para sueldos más altos. He ahí la estafa.

En nuestro país hay una oposición ideológica muy extendida hacia el sistema alternativo de jubilación denominado de capitalización, que estuvo vigente entre 1995 y 2008. En efecto, en 1995 se transformó el sistema ante la evidencia de la insostenibilidad del régimen de reparto y se derivó al nuevo de capitalización la mayor parte de los aportantes activos. Se inició un período crítico durante el cual ese desvío de los aportes redujo los ingresos de la Anses, que debía continuar pagando mensualmente a los jubilados y pensionados ya existentes. Para que eso fuera posible fue necesario entregar a ese organismo el 15% de la masa de impuestos nacionales coparticipables con las provincias. La situación fiscal del gobierno nacional se perjudicó, aunque al no producir el régimen remanente de reparto nuevos jubilados, en pocos años por los fallecimientos se superaría el desequilibrio. Doce años después, cuando ya se estaba cerca de lograrlo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner liquidó el sistema de capitalización, confiscó los fondos acumulados y derivó los aportes al restablecido sistema de reparto.

El principal argumento alegado para destruir aquel sistema y confiscar los ahorros fue el supuesto elevado monto de las comisiones que cobraban las AFJP que administraban los fondos. Visto ahora esto retrospectivamente, resulta que no es así. En nuestro sistema de reparto el Estado se queda con el 50% a lo largo de la vida activa del aportante. Y además retiene la propiedad. Las comisiones de las AFJP, netas del seguro, que en 2008 se habían reducido, al cabo de toda la vida activa alcanzarían alrededor de un 9% del fondo acumulado, una quinta parte de lo que el Estado se queda en el sistema de reparto. Además, las AFJP sólo administraban y su comisión debía compensarse con el rendimiento de los fondos, sin quedarse con la propiedad de lo aportado.

La confiscación de 2008 produjo un transitorio alivio al fisco nacional, siendo ese uno de los principales motivos de haberla aplicado, satisfaciendo también una concepción ideológica estatista. Las comisiones de las AFJP en todo caso reclamaban más correcciones y no la destrucción del sistema. Se afectó seriamente el derecho de propiedad, la confianza en el país y se recreó un enorme pasivo fiscal de largo plazo. Para peor, se volvió a la práctica política de la estafa. Los fondos confiscados que constituyeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los aportes corrientes fueron aplicados a financiar el déficit fiscal u obras públicas de escasa o nula rentabilidad, o el Plan Procrear, con tasas de interés por debajo del mercado, entre otras cosas.

El desequilibrio se agravó al admitirse la jubilación de alrededor de tres millones de personas que no habían hecho aportes. Esta pesada herencia recibida por el gobierno del presidente Macri vino acompañada por cientos de miles de juicios por reclamos jubilatorios que están siendo gradualmente resueltos con los fondos percibidos por el fisco como comisiones del blanqueo instrumentado por la ley de reparación histórica.

Ante la insuficiencia de los recursos propios, ha sido necesario canalizar hacia el sistema previsional fondos provenientes de otros impuestos. El acuerdo con las provincias así lo admite y tendrá inevitablemente que incrementarse. La reciente sanción de la ley previsional no modifica en absoluto el desequilibrio intrínseco del sistema. La opción voluntaria de extender el período activo hasta los 70 años es solo un paso muy pequeño.

El restablecimiento de un sistema mixto de capitalización y reparto podría ser una decisión correcta. Sin duda enfrentaría un rechazo muy amplio del espectro político, incluyendo aliados dentro de Cambiemos. Ha habido en estos últimos años una intensa prédica de condena a ese sistema, que ha alcanzado hasta los manuales escolares. Lo que puede y debe hacerse es un aumento gradual de la edad jubilatoria, tendiendo a igualar la de hombres y mujeres. Esto no impediría sino que complementaría la opción voluntaria de continuar trabajando luego de la edad legal de retiro.

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