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Restringen la salida del país de cinco ejecutivos de Uber investigados por presunta evasión tributaria

Así lo resolvió una jueza porteña ante un pedido del Ministerio Público Fiscal
Gabriel Di Nicola
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27 de diciembre de 2017  

Enrique Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Cao, Diego Mariano Olivera y Miguel Rattagan son cinco ejecutivos de la firma Uber, cuya aplicación móvil une a conductores particulares con pasajeros. A partir de una decisión judicial y para evitar un futuro supuesto intento de fuga, si alguno de los directivos planea un viaje al exterior deberá notificarlo con tiempo y con precisión del lugar de destino y de alojamiento para que sea evaluado y autorizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la jueza penal, contravencional y de faltas Cristina Lara ante un pedido del fiscal de Cámara Martín Lapadú en una causa donde se investiga a Uber por una presunta evasión tributaria.

La restricción para salir del país de los cinco ejecutivos es para los próximos tres meses, aclararon desde Uber. "La jueza aclaró también que deja sin efecto la medida restrictiva de la libertad solicitada por la fiscalía interviniente", agregaron desde la firma.

Según los voceros judiciales, el pedido de Lapadú se fundamentó en que de existir una condena por el delito que están imputados -evasión tributaria agravada-, la pena sería de prisión efectiva, ya que tiene prevista una pena de entre cuatro a nueve años de cárcel.

"La expectativa de pena hace presumir la existencia del peligro de fuga", dijo a LA NACION Lapadú.

En caso de planear un viaje al exterior, Murphy, Gilbert, Cao, Olivera y Rattagan "deberán con suficiente antelación, dar cuenta a la fiscalía [a cargo de Lapadú] sobre el lugar de destino, plazo de estadía, motivos del viaje y todo aquella información que le sea requerida, a fin de ser evaluada y despejar cualquier sospecha de intento de fuga de los imputados", explicaron las fuentes judiciales consultadas.

Desde Uber dijeron que "se trata de una práctica común en este tipo de procesos, dado que se les puede solicitar que acudan a declarar en cualquier momento". Y agregaron: "Desde el comienzo, hemos colaborado activamente con la Justicia, informando las salidas de los directivos". También explicaron que el aviso de viaje al exterior tiene que ser de tres días de anticipación.

El mes pasado, Lapadú había solicitado la prisión preventiva para el gerente general para el Cono Sur de Uber, Mariano Xavier Otero, pero Lara rechazó el pedido del representante del Ministerio Público. La Fiscalía de la Ciudad, entonces, apeló la resolución ante la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

En ese momento, en un comunicado de prensa de la Fiscalía de la Ciudad se calificó la decisión de la jueza Lara como un "fallo insólito" porque, además de otorgarle la libertad irrestricta al imputado, no le impuso "la obligación de concurrir a los estrados judiciales cuando se lo cite".

Encubrimiento

"Existe un entramado de sociedades extranjeras y nacionales que están armadas para encubrir a Uber Argentina, las cuales tienen distintas tareas dentro de la organización delictiva, como lo es el pago a los choferes, el giro de los dividendos al exterior, la realización de publicidad y las oficinas de reclutamiento de conductores", sostuvo Lapadú.

En su momento, según se explicó desde el Ministerio Público Fiscal, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña dictaminó oficialmente que Uber Argentina evadió la suma de $ 1.044.659,27 en concepto de impuestos sobre los ingresos brutos.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía de la Ciudad, el mes pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los jueces Marta Paz, José Sáez Capel y Sergio Delgado (que votó en disidencia), ratificó "la conducta ilícita de evasión tributaria de la empresa Uber".

Lapadú señaló que tanto este fallo de la Sala III de la Cámara como otras resoluciones de los jueces ratifican la investigación de la causa. Y agregó: "El reciente fallo de la Corte Europea que determina que Uber es una empresa de transporte resulta un decisivo respaldo a nuestra labor, siendo esta definición la que venimos sosteniendo desde el propio inicio de la causa".

Según fuentes judiciales, desde que comenzó la "batalla legal" de la Fiscalía de la Ciudad contra Uber, fueron condenados 29 choferes, se ordenó el bloqueo nacional de la web, se pidieron detenciones de directores y la prisión preventiva de Otero, y se instó la denuncia de lavado de dinero en el fuero penal económico.

"Desde la Fiscalía de Cámara se elaboraron 137 dictámenes, resultando sólo nueve de ellos desestimados", informaron desde el Ministerio Público.

El gobierno porteño también considera que el servicio que presta Uber es ilegal, ya que el Código de Tránsito de la Ciudad sólo prevé la contratación de viajes de manera espontánea en la calle o mediante llamadas a empresas de radiotaxis. La Secretaría de Transporte realizó incluso operativos de acarreo de autos que trasladaban pasajeros tras ser contratados mediante la aplicación móvil.

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