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La sustentabilidad como política

Martes 09 de enero de 2018
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A poco de asumir, el presidente Macri habló de una Argentina sustentable, instó a cumplir los compromisos de la cumbre sobre el cambio climático de París y creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, elevando la cuestión ambiental a un rango institucional similar al que le asigna la mayoría de los países de la región. En consonancia, se anunció que se promovería una ley de humedales, ecosistemas naturales que proveen un conjunto de bienes y servicios que garantizan la calidad de vida tanto de los pobladores locales como de los habitantes de áreas vecinas. La integridad de estos humedales se ha visto degradada, entre otras causas, por las urbanizaciones y el avance de la frontera agrícola sobre los bosques nativos.

La decisión de promover un desarrollo armónico con la naturaleza también se plasmó en la propuesta de duplicar la superficie de áreas protegidas, recibida con entusiasmo por grupos ambientalistas, aunque debe ser revisada en varios aspectos. Además, se incentivó con éxito la generación de energías renovables.

Pero aquella intención inicial parece haber perdido impulso.

La creación de áreas protegidas, a menudo surgidas del espíritu filantrópico de personas individuales, no garantiza la viabilidad ambiental del país: requiere de zonas de amortiguación y ecosistemas saludables a su alrededor para evitar que se conviertan en verdaderas islas verdes rodeadas de tierras en peligroso estado de degradación. Si bien puede afirmarse que las áreas protegidas constituyen hasta aquí el modelo más importante para la conservación de la biodiversidad, descansar exclusivamente en sus potencialidades constituye una buena manera de asegurar el fracaso de tal objetivo.

Hoy, los hechos obligan a ser muy cautos. A pesar de haber sido sabiamente resistida al inicio de la gestión, la decisión posterior de avanzar con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz hoy se confirma equivocada ante las alternativas de generación de energía más limpia, eficiente y barata.

El reciente anuncio de la ley de glaciares podría ser un punto de inflexión que disparara incluso conflictos internos en el Gobierno, valiéndole una estigmatización de la gestión como poco amigable con el ambiente y la sustentabilidad. Modificar la ley para que nuevos emprendimientos puedan instalarse sin restricción alguna en las zonas periglaciares representa un peligroso retroceso.

Cada vez resulta más imprescindible entablar un diálogo ambiental minero para determinar, a priori, cuáles son las actividades que por razones socioeconómicas, ambientales, culturales y de salud se consideran sustentables.

Se debe consolidar un modelo de desarrollo que conjugue las necesidades económicas junto con aquellas que hacen a la preservación del ambiente y el desarrollo social. Resulta esperable que el Gobierno comprenda que el verdadero progreso se alcanza solo cuando todo nuestro patrimonio, natural o cultural, permanece debidamente a resguardo. La sustentabilidad no puede ser solo instrumento para la demagogia volcado en meros anuncios. Hemos de comprender que su defensa y promoción deberían ser una auténtica política de Estado, para que todos, gobernantes y gobernados, seamos capaces de asegurar el futuro de las próximas generaciones.

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