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Trump expone a ser deportados a más de 200.000 salvadoreños

Eliminó una protección especial que tenían para residir en el país tras el sismo de 2001; tienen 18 meses para regularizarse

Martes 09 de enero de 2018
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LA NACION
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WASHINGTON.- Donald Trump volvió a contraer la política migratoria de Estados Unidos al dar por terminada una protección especial que habían recibido unos 200.000 salvadoreños, que ahora tendrán un año y medio para obtener una residencia legal para vivir en el país, o, caso contrario, deberán irse o quedar expuestos a ser deportados.

El Departamento de Seguridad Interior anunció ayer el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a los ciudadanos de El Salvador, en 2001, luego del terremoto en el que murieron más de 1200 personas. El gobierno solo extendió el beneficio por 18 meses para permitir una "transición ordenada".

El gobierno de Trump ya había anunciado en noviembre el fin del mismo paraguas para los ciudadanos de Haití y Nicaragua, cuando también decidió estirar el beneficio, aunque solo por seis meses, para los ciudadanos de Honduras.

"La decisión de dar por terminado el TPS para El Salvador se tomó luego de realizar una revisión de las condiciones relativas al desastre natural que dio base a la designación inicial del país", dijo Seguridad Interior en un comunicado. Tras la revisión, las autoridades determinaron que "esas condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen", por lo que decidieron cancelar el beneficio.

Desde su creación, el programa había buscado otorgar una cobertura excepcional para los inmigrantes en Estados Unidos originarios de países hundidos en algún tipo de emergencia humanitaria, desastre natural o conflicto armado, circunstancias extraordinarias que pusieran en riesgo la seguridad de los solicitantes.

El programa estaba en la mira -dentro y fuera del gobierno- de quienes buscan una política migratoria más dura y veían la protección especial como una zona gris de la ley migratoria vulnerable a todo tipo de abusos. Los defensores del programa -los mismos que defienden una política migratoria más abierta e inclusiva- advirtieron que las personas que obtuvieron esa protección especial estrecharon fuertes lazos en el país, y resaltaron, además, el brutal aumento de la inseguridad en El Salvador y otros países de América Central en los últimos años.

Los salvadoreños que echaron raíces en Estados Unidos reaccionaron con desazón ante una decisión que muchos anticipaban, aunque mantuvieran aún las esperanzas.

"Mi esposa es ciudadana de Estados Unidos, mis hijos son ciudadanos, y también crié a mi primo porque su madre fue deportada cuando era joven. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a decirles que tengo que irme? He estado viviendo una vida normal durante 17 años, pagando impuestos y trabajando", se preguntó Cristian Chávez Guevara, salvadoreño radicado en Houston, Texas, en una conferencia telefónica organizada por America's Voice.

El anuncio, como cualquier decisión sobre la política migratoria en Estados Unidos, generó condenas y aplausos en los dos lados de la grieta ideológica que divide al país.

Los demócratas, los progresistas y las organizaciones que abogan por expandir los derechos de la comunidad inmigrante del país criticaron la decisión, mientras que republicanos, conservadores y quienes abogan por "fronteras fuertes" y una política migratoria más dura celebraron la medida.

Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara baja, dijo que la decisión "da un golpe desgarrador a casi un cuarto de millón de salvadoreños trabajadores que son norteamericanos en todos los sentidos". Pelosi tildó el giro de "prematuro" y "peligroso" y advirtió que "desgarrará a familias y destruirá comunidades".

Dan Stein, presidente de la Federación Americana para una Reforma Migratoria (FAIR, por sus siglas en inglés), una organización que promueve una línea dura para la inmigración, elogió el anuncio, al afirmar que enviaba una "fuerte señal" de que el "abuso rampante" del programa ya no sería aceptado. Stein lamentó la ventana de un año y medio otorgada a los salvadoreños, al afirmar que bastaba con "seis meses de aviso".

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