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Las represalias del poder por la frustrada reforma laboral

Jueves 11 de enero de 2018
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Jorge Triaca es el único ministro que no logró traducir en ley el proyecto vinculado a las reformas en su área. El freno a la iniciativa laboral en el Congreso a partir del frágil acuerdo que tejió con la CGT despertó en el corazón del Gobierno un afán de venganza. La ambigüedad a los gremios no les saldrá gratis. Esa fue la advertencia que surgió desde la Casa Rosada.

Las represalias hacia el sindicalismo ya comenzaron. En los despachos oficiales se apilan documentos con información sobre el blanqueo de capitales que involucran no solo ya a Víctor Santa María, jefe de los porteros, del PJ porteño y propietario del diario Página/12. En La NACION de hoy, Iván Ruiz revela que los hijastros de Hugo Moyano blanquearon 1.100.000 dólares. No sería el único movimiento de dinero sospechoso relacionado al líder camionero. Habría más.

En paralelo, desde el Gobierno se blanden expedientes judiciales con la amenaza de ser activados con un mero llamado telefónico a Comodoro Py. La retórica cruzó a la práctica en plena feria: el 4 de enero un escuadrón de la gendarmería allanó el gremio del caucho por una irregularidad en su elección de autoridades. El impulsor de la medida fue el fiscal Guillermo Marijuan, que tuvo el aval del juez Sebastián Ramos, que actuó por las vacaciones de Daniel Rafecas. El sindicato del caucho estuvo conducido durante 40 años por Carlos Ponce, un hombre de Moyano.

La CGT ensayó una defensa corporativa por el operativo en el gremio del caucho y lo calificó como "un atropello". En la central obrera se preguntaron sorprendidos por qué la justicia federal había actuado en cuestiones electorales internas y consideraron que el laboral debía haber sido el fuero ejecutor. Un abogado que asesora a decenas de gremios identificó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el estratega para sortear la justicia laboral y avanzar contra los sindicatos por otra vía. No hay que olvidar que Mauricio Macriemparentó a la justicia laboral con una mafia.

Es probable que en el corto plazo al portuario Omar "Caballo" Suárez se le acabe el beneficio de la prisión domiciliaria en una casona de Olivos. En el Gobierno lo quieren ver de vuelta en el penal de Marcos Paz.

También hay expectativa en el oficialismo por los hallazgos que puedan surgir de la causa por la sucesión de Julio Vicente Raele, un empresario del seguro que ofició históricamente de nexo entre la política y el mundo sindical. Con este caso, el fuero civil y comercial podría generar tal vez más impacto que el penal. Son muchos los sindicalistas con los que Raele forjó algo más que una amistad. Hasta hoy, solo la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica está investigada por presunto lavado de dinero a partir de la empresa del difunto empresario del seguro.

"Ahora vienen por nosotros", asumió con voz tremula un cacique sindical que siente la presión judicial en la nuca por los coletazos locales del caso Odebrecht. No es el único gremialista que está preocupado.

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