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La Justicia ante un injustificado beneficio al "Caballo" Suárez

Es más que sospechosa la prisión domiciliaria con la que un juez subrogante benefició al sindicalista procesado como jefe de una asociación ilícita

Jueves 11 de enero de 2018
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El extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar "Caballo" Suárez, se encuentra procesado por extorsión y como presunto jefe de una asociación ilícita, y también se lo investiga por presunta defraudación a la obra social del gremio. Cuando gozaba de libertad y la Justicia no se ocupaba de él, el sindicalista preferido de Cristina Kirchner fue uno de los mejores exponentes de lo que produjeron décadas de absoluta impunidad y matonerismo en los sindicatos. "Caballo" Suárez fue fiel representante de un modelo de sindicalistas que usan la política y la supuesta defensa de los derechos de los trabajadores para enriquecer a sus cabecillas y a sus familiares y laderos.

Dados sus oscuros antecedentes, la protección política de la que gozó y aquella larga impunidad que le permitió prosperar por izquierda durante tanto tiempo se torna sumamente sospechoso lo sucedido durante la actual feria judicial, momento en el que el juez federal Luis Rodríguez, actuando como subrogante en la causa, le concedió a Suárez, quien se encontraba preso en el penal de Marcos Paz, el arresto domiciliario que cumple en una casa de Olivos, propiedad de una hija suya, con una tobillera electrónica.

Foto: LA NACION

Rodríguez se basó en el estado de salud del sindicalista, pero el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló la decisión del magistrado. A su vez, el juez Sergio Torres restringió la prisión domiciliaria de Suárez pues Rodríguez le permitía un amplio radio de movimientos. Al sindicalista ya se le practicaron nuevos estudios médicos y mañana deberá exponer en el transcurso de una audiencia ante la sala de feria de la Cámara Federal, que es la que resolverá el tema de su prisión.

Lo cierto es que el también cuestionado Rodolfo Canicoba Corral es el juez de la causa y Rodríguez, como dijimos, tomó la polémica medida cuando subrogaba a su colega. Es sabido en medios judiciales que difícilmente un juez subrogante adopte una decisión trascendente en un expediente que labra un colega, con el agravante, en este caso, de que Canicoba Corral le había negado al sindicalista la prisión domiciliaria en cuatro oportunidades.

A su vez, el fiscal Pollicita argumentó que lo resuelto por Rodríguez "no resulta acorde con la normativa vigente en la materia e implica un riesgo de entorpecimiento para la investigación". Agregó que no hay ninguna razón médica que justifique el recurso de la prisión domiciliaria, pues el penal de Marcos Paz cuenta con lo necesario para los controles y tratamientos que requiere el estado de salud de Suárez.

Finalmente, el fiscal sostuvo que el detenido "no demuestra ningún problema de alcoholismo y resulta inverosímil la demencia que alega".

Para enturbiar aún más el panorama, es preciso recordar que meses atrás Suárez denunció que se le exigía el pago de medio millón de dólares para acceder a la prisión domiciliaria.

La decisión que entre el viernes y la semana próxima adopte la Cámara Federal deberá tener en cuenta no solo los resultados de los últimos estudios médicos practicados al gremialista, sino también sus pesados antecedentes.

Según las investigaciones judiciales, él y sus cómplices exigían grandes sumas a las empresas navieras que fletaban a la Argentina buques cargueros. Si no obedecían, Suárez no les enviaba los remolcadores, con el consiguiente perjuicio económico para aquellas firmas. Exigía, además, que las empresas efectuaran donaciones para supuestos cursos de capacitación, pero el dinero se desviaba e ingresaba en una empresa cuyo directorio integraba Suárez. Poseía, además, una empresa de viajes.

Amo y señor de los puertos argentinos desde que en 1992 se hizo con la titularidad del gremio, Suárez construyó alrededor del SOMU un conglomerado de sociedades relacionadas con los negocios portuarios en las que ubicó a familiares y personas muy allegadas. En el sindicato, la intervención descubrió, entre gravísimas irregularidades, un desvío de fondos de los afiliados y el robo de 32 automóviles.

En el momento de decidir, los jueces de la Cámara Federal también deberán sopesar el cuasi insulto que entraña el hecho de que la defensa haya esgrimido como una de las razones para acceder a la excarcelación el presunto alcoholismo de Suárez. Los camaristas no deberían perder de vista el enorme desprestigio que no por casualidad padece la Justicia Federal por culpa de sentencias tan arbitrarias como la que le otorgó el arresto domiciliario.

En definitiva, no conviene correr el riesgo de que Suárez intente fugarse aprovechando la prisión domiciliaria, pues ayer se supo que Pollicita acaba de pedir su elevación a juicio.

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