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En el barrio, nada nuevo

La amenaza lanzada por Luis Barrionuevo al Gobierno apunta a evitaruna política de transparencia sobre los fondos que reciben los gremios

Domingo 14 de enero de 2018
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Si bien la novedad y el cambio suenan atractivos para las campañas políticas, cuando llega el momento de renovarse y cambiar, los intereses creados imponen su agenda de deterioro, óxido y descomposición.

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, con la misma franqueza e impunidad con que afirmó que la Argentina podría crecer si se dejase de robar durante dos años, ahora le advirtió al actual gobierno que tanto Fernando de la Rúa como Raúl Alfonsín no habían terminado sus mandatos por haber "atacado" a los sindicatos. "Quienes le muerden la cola al león, terminan mal", fueron sus dichos.

En una directa alusión a las detenciones por corrupción y extorsión de los sindicalistas Omar Suárez, Juan Manuel Medina y Marcelo Balcedo, y a las investigaciones por lavado de dinero sobre Víctor Santa María y la familia Moyano, Barrionuevo pretende marcarle la cancha al gobierno nacional cuando este proyecta exigir declaraciones juradas patrimoniales a los capitostes gremiales y auditar los sindicatos y sus obras sociales.

Barrionuevo conoce bien las entretelas del poder en la Argentina. Sabe que el peronismo se apoya en la capacidad operativa de los sindicatos y los intendentes del conurbano, dueños y señores de la calle y de la caja. Sabe que esa gran y dispersa mayoría política, aunque se autodenomine renovadora y democrática, jamás le soltará la mano, pues, ahora que está fuera del gobierno, los habituales desvíos de fondos de la órbita sindical son más importantes que nunca para movilizar gente, captar voluntades y servir de pegamento para unir a los desunidos. El apoyo recibido por Barrionuevo por parte de La Cámpora, denunciando "aprietes" del Gobierno para doblegar a la dirigencia sindical, confirma esa presunción: el kirchnerismo prefiere colocarse del lado del león cuando llega el momento de pisar las colas.

En cuanto a la izquierda no peronista y otras vertientes del progresismo biempensante, prefieren mirar para otro lado antes que enrolarse en una cruzada anticorrupción liderada por el macrismo. En su silencio, demuestran optar por una táctica leninista, de alianza con la deshonestidad y sus operadores, como medio para cumplir con su estrategia final: el derrocamiento del actual gobierno democrático.

Paradojalmente, sus líderes participan en actos de violencia para evitar la reforma jubilatoria cuando saben perfectamente que la malversación de fondos sindicales y sus obras sociales, luego de la obra pública, son la principal fuente de corrupción y causa de pobreza en la Argentina.

Las 300 obras sociales perciben en conjunto un flujo de dinero equivalente al 1,6% del PBI. Esto es, la increíble suma de 8700 millones de dólares. Compiten con YPF, la mayor empresa del país, que factura 12.353 millones de dólares por año.

Como hemos denunciado desde esta columna, la Superintendencia de Servicios de Salud solo controla la correcta prestación de servicios médico asistenciales, pero no audita el uso de fondos por las obras sociales ni indaga acerca de connivencias con prestadores.

Pero las recientes causas judiciales han abierto al escrutinio público los secretos mejor guardados y menos ignorados por la dirigencia política y empresarial de nuestro país: el uso espurio de esos monumentales recursos que un gobierno militar entregó a los sindicatos hace casi 50 años con la ilusión de cooptar un peronismo sin Perón.

Como ya dijimos, los dirigentes sindicales han armado una estructura de poder con lugartenientes que responden en cada nivel y en cada seccional. Esa lealtad es retribuida con la vista gorda para formar una red de negocios non sanctos.

Como ahora descubre la UIF, denuncian los fiscales y advierten los jueces, los mecanismos para acomodar retornos son tan obvios que solo mediante burdas connivencias han podido subsistir durante tantos años. Desde compras de inmuebles para sanatorios, hoteles y clubes y su posterior refacción y equipamiento, con el formato "Gils Carbó", hasta la red de médicos, clínicas, centros de diagnóstico, droguerías, laboratorios y proveedores controlados por socios, amigos o familiares, que sustraen fondos con sobreprecios, diferencias de calidades y cantidades, adicionales exorbitantes o prácticas innecesarias.

Renglón aparte merecen las seccionales de La Plata y de Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción, que directamente abandonaron los guantes blancos que defiende Barrionuevo, convirtiéndose en asociaciones ilícitas para extorsionar a empresarios de la construcción, exigiéndoles dinero y contrataciones de proveedores de la confianza de sus líderes sindicales para no paralizar las obras.

El sindicalismo sostiene que los aportes no son "impuestos al trabajo", sino "salarios diferidos" de los trabajadores y "aportes solidarios" de los empleadores. Sin embargo, al existir una ley que obliga a aportar y a retener los fondos recaudados por las entidades gremiales y las obras sociales, entran en la órbita de lo público. El Estado está obligado a verificar su destino conforme a la finalidad legal evitando desvíos para enriquecer dirigentes, financiar la política o subsidiar clubes de fútbol.

Si el sindicalismo entiende que estas críticas son infundadas, solo tiene que abrir sus libros para que auditores independientes puedan verificar la ruta de los fondos que todos los meses se sustraen del sueldo de los trabajadores.

Pierden completa legitimidad política y autoridad moral quienes se oponen a medidas tan obvias, en un tema tan grave, si pretenden continuar denunciando la exclusión, la pobreza y el empleo informal. Todos saben que el rey está desnudo y ninguna declaración pícara u oportunista podrá cubrirlo.

La Argentina está inserta en un mundo donde se exige transparencia como condición para la inversión. En nuestro barrio rioplatense tienen que cambiar las prácticas que sirvieron para sustentar un modelo autoritario y populista, que se agotó. Nuestro barrio debe ser hecho de nuevo, mal que le pese a Barrionuevo.

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