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"El Poder Judicial está en deuda"

El juez, que reclamó semanas atrás al Gobierno mayor estabilidad normativa para las internas, afirma que la política debe ser todavía más transparente

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LA NACION
Domingo 29 de septiembre de 2002

"La democracia debe ser más transparente. No nos debemos ahogar en los problemas económicos. No perdamos de vista que, luego de veinte años de práctica democrática ininterrumpida, debemos preocuparnos por mejorar el sistema."

Alberto Dalla Vía, un hombre de opiniones moderadas en su doble condición de constitucionalista y de juez, retoma, durante la entrevista, una y otra vez la idea de transparencia.

Su nombre cobró notoriedad hace dos semanas cuando, junto con sus dos colegas en la Cámara Nacional Electoral -los doctores Rodolfo Munné y Santiago Corcuera-, firmó una acordada para reclamarle al Gobierno mayor estabilidad en las normas que rigen el actual proceso electoral.

Alberto Dalla Vía
Alberto Dalla Vía.

-La Cámara parece encaminarse a mejorar el financiamiento de los partidos.

-No sólo de los partidos. Toda la política debe ser más transparente. La gente reclama cambios, pide más participación y más información. Como dijo (Samuel) Huntington, el desafío de los tiempos actuales es conciliar gobernabilidad, legitimidad y representatividad y esto requiere un aggiornamento de las instituciones. En la Argentina el problema no es de instituciones: es de dirigentes.

-Los partidos parecen agotados y, encima, son oscuros, su financiamiento es muy poco transparente.

-Los partidos son instituciones imprescindibles de la democracia. Pero deben perfeccionarse. Max Weber ya señalaba que el financiamiento es el punto más oscuro de la democracia. Hasta ahora hubo un control formal. Los partidos presentaban balances ante el juzgado electoral y allí quedaban a la espera de que otros partidos los impugnasen. Algunos jueces, como Servini de Cubría, requerían la intervención de un perito. Pero, en general, ningún partido cuestionaba a otro. La nueva ley impone a la Justicia hacer un control más sofisticado, de gastos de campaña, de ingresos y de egresos, y obliga a los partidos a depositar el dinero en ciertas cuentas y nombrar responsables.

-En los Estados Unidos, el soft money sigue siendo en la actualidad un problema. ¿Ustedes lo van a controlar?

-La Cámara ya se propuso hacerlo antes de la sanción de la ley, a comienzos de año. En un fallo, que debe ser seguido por los jueces de primera instancia, dejó en claro que el tribunal puede controlar no sólo a los partidos, sino también a las fundaciones que indirectamente contribuyen al financiamiento.

-¿Cómo ve el actual proceso político desde la Cámara?

-Es un proceso difícil dada la magnitud de la crisis y la necesidad de preservar la llamada “legitimidad de origen” como fundamento de la autoridad. Muchos funcionarios de la Cámara con experiencia en procesos electorales anteriores suelen afirmar que las experiencias que estamos viviendo son inéditas. “Esto nunca pasó”, es la frase más escuchada. Al Poder Judicial le toca en nuestro sistema la función esencial del control de los actos de gobierno y por eso los jueces con competencia electoral deben preocuparse por que se cumpla el cronograma que marcan el Código Electoral Nacional y las nuevas normas de elecciones internas abiertas.

-El tribunal cobró mucho protagonismo.

-En absoluto puede decirse que la Cámara, con su nueva composición, haya buscado notoriedad. Se trata de un argumento mezquino ante las circunstancias que vive el país. Nos preocupa lo institucional y resguardar los derechos electorales de los ciudadanos.

-Lo llevo a otro tema, que usted conoce muy bien porque escribió al respecto: ¿qué opina acerca del debate que se ha generado sobre si los jueces deben limitarse a aplicar las leyes o si deben tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones?

-Este debate en buena medida se ha alentado con motivo de las acciones de amparo interpuestas contra el llamado corralito. Hay quienes piensan que los jueces deben resolver los casos aplicando las reglas de la economía, como hacen quienes adscriben a la corriente del “law & economics”, originada en la llamada escuela de Chicago, que recomienda resolver los problemas jurídicos conforme a la solución que resulte más conveniente desde el punto de vista económico. No estoy de acuerdo con esa visión. Comparto que los jueces no debemos ser ajenos a la realidad en que vivimos; en ese sentido estoy de acuerdo con la visión realista del juez “situado” que proponía Oliver Wendell Holmes; pero creo sin embargo que no debe perderse de vista que el Derecho, como ordenamiento del orden social tiene objetivos diferentes por cumplir. Su misión es preservar los valores que enuncia la Constitución nacional.

-Usted menciona la Constitución, pero los ciudadanos saben que la Constitución no se cumple. Y, encima, los políticos hablan de reformarla.

-Yo no le tengo miedo a la reforma. Creo que deberían ser más frecuentes. Los militares la sacralizaban y no la cumplieron. Quizá sea bueno reformarla, para ajustar los mecanismos. Pero lo importante es cumplirla. Los argentinos no nos caracterizamos precisamente por el apego al cumplimiento de las normas de ningún orden y la gravedad de la crisis crea un estado de decepción general que aparece lógico como estado de ánimo. Por eso, sería absurdo creer que la Constitución tiene la culpa. Por el contrario, de la confusión sólo se saldrá construyendo consensos y -como bien dice Ralph Dahrendorff- para salir de la “cuadratura del círculo” no debe embestirse irracionalmente contra las instituciones, sino que debe reconstruírselas. En la Argentina tenemos una gran crisis en la dirigencia, pero no creo que se trate de una crisis de las instituciones.

-Entonces, “¿que se vayan todos?”

-La frase en sí misma encierra un absurdo. Pero sería aún más absurdo, un grave error, y una actitud antidemocrática, rechazar el reclamo popular por una aparente falta de contenido; hay que interpretarlo. En ese sentido, bien puede interpretarse como una demanda de mayor participación y -sobre todo- como un reclamo de recambio generacional. Los obispos argentinos fueron muy claros en la llamada Mesa del Diálogo: falta admitir los fracasos.

-¿Los jueces también deben irse?

-Me resulta difícil responder. Me comprenden las generales de la ley. Pero cabe recordar que el principio republicano de alternancia del poder y periodicidad de los mandatos rige para los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo como garantía para los ciudadanos, del mismo modo que la inamovilidad de los jueces. No obstante, sería también una ingenuidad no reconocer que el Poder Judicial está en deuda con la sociedad. Basta escuchar la opinión de los usuarios del sistema que son los justiciables. La Justicia argentina tiene un ejemplo que dar. La sociedad termina conociendo a sus jueces y es probable que algunas personas deberían ser removidas, pero nada debe ser hecho fuera de los mecanismos constitucionales.

Un negocio en ciernes

Ante las circunstancias actuales, un grupo importante de ONG afirma que sería conveniente que todo aquello relacionado con padrones y escrutinio estuviera a cargo de un organismo autónomo. El caso de México, que posee el Instituto Federal Electoral, sería uno de los modelos.

"Sinceramente -afirma Dalla Via- no creo que haya razones para detraer la administración electoral del ámbito del Poder Judicial. Por el contrario, creo que en un modelo de tipo presidencialista cualquier organismo autónomo debería insertarse en la esfera de un poder del Estado y no sería lógico que estuviera en la órbita de uno de los poderes políticos cuando es de la esencia del sistema republicano que el control de los controles sea ejercido por el Poder Judicial. Además, descreo de la importación de modelos sofisticados. México ha invertido muchos millones de dólares en una agencia electoral como es el Instituto Federal Electoral porque debió superar muchos años de partido dominante bajo la órbita del PRI y debe limpiar ese pasado. No es el caso de la Argentina donde, salvo que nos remontemos a las lejanas épocas de la "década infame", entre los años 30 y los 40, no tenemos una práctica fraudulenta en las elecciones, sino todo lo contrario, un sistema electoral que ha ganado un relativo prestigio, y que tiene un alto grado de confiabilidad en el escrutinio definitivo a cargo de las juntas electorales y sujeto al control judicial."

Para Dalla Via, las buenas intenciones que inspiran proyectos como el mencionado corren el riesgo de propiciar los negocios privados. "Hay que tener cuidado porque por fuerza deben aparecer siempre los negocios privados en un proyecto privatizador, a los que después resultaría muy difícil controlar. En este punto, la Argentina presenta experiencias suficientemente elocuentes como para ser muy, muy, cautelosos." La demorada informatización de la Justicia puede dar lugar a mejoras. "Hay incorporaciones tecnológicas que podrían mejorar un sistema de ficheros manuales obsoleto. De hecho, muchas secretarías están ya informatizadas y funcionan muy bien. De lo que no hay duda es de que debemos avanzar sin pausa hacia un sistema de transparencia, aprovechando las ventajas informáticas, como por ejemplo Internet. Ya en la elección legislativa de 2001 se publicaron los padrones generales por primera vez en la red, y este año hemos dispuesto la publicación del padrón de electores independientes que pueden votar en cualquier partido, en la página del Poder Judicial: http://www.pjn.gov.ar ."

Perfil

Alberto Ricardo Dalla Vía, 45 años, casado y con tres hijos, viajero incansable -aunque "ya no viajo a dedo", se lamenta-, integra la Cámara Nacional Electoral.

Constitucionalista con una sólida carrera académica, es titular de cátedra en las facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la de Universidad de Belgrano. Es vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado.

Fue asesor de la Unión Industrial Argentina y consultor de empresas y organismos internacionales.

Ahora integra la nueva generación de jueces, elegidos por el Consejo de la Magistratura. El salto a la Justicia lo dio en 1996. Ese año ingresó como juez de un tribunal en lo civil de la provincia de Buenos Aires y luego, en un concurso, obtuvo el primer puesto para desempeñarse en la Cámara de Casación bonaerense, donde nunca fue nombrado. Hace dos años, mediante otro concurso ante el Consejo, obtuvo su puesto actual.

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