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El Gobierno minimizó el caso Olivera

El ministro Gil Lavedra dijo que la Casa Rosada no defenderá a los acusados que salgan del país; niegan malestar castrense

Miércoles 09 de agosto de 2000

La Argentina se transformaría en una virtual cárcel de lujo para los militares del último gobierno de facto que fueron juzgados por violaciones a los derechos humanos y que son investigados en otros países por haber cometido delitos de ese tipo contra ciudadanos extranjeros.

Cuando se le plantea la hipótesis, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, asiente con la cabeza y sin gesticular demasiado responde: "Esto es correcto, es así. La legislación argentina exculpatoria (las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos) tiene vigencia en el país".

La detención en Italia del mayor (R) Jorge Olivera hizo que la administración del presidente Fernando de la Rúa experimentara un debut no deseado: enfrentar la primera detención de un militar argentino en el exterior por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En una entrevista con La Nación , Gil Lavedra reiteró que el Gobierno sólo brindará a Olivera asistencia consular y "nada más", y negó enfáticamente que haya malestar entre los militares.

Olivera fue detenido el domingo último por pedido de la justicia francesa en el aeropuerto romano de Fiumicino, cuando se aprestaba a embarcarse en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires, junto con su esposa.

Al militar, abogado del ex general Guillermo Suárez Mason, se le imputa haber participado en el operativo en el que se detuvo, en octubre de 1976, a Marie Anne Erize, una ciudadana francesa que integra la lista de desaparecidos.

Si bien la noticia sorprendió al Gobierno, los funcionarios de la administración delarruista se esforzaron en las últimas horas en bajarle el tono al tema, y por asegurar que no existe malestar alguno en las Fuerzas Armadas por el episodio.

-¿Resiente esta postura del Gobierno la relación con los militares?

-No entiendo qué otra cosa correspondería hacer. No hay ningún principio que determine que la Argentina tenga que adoptar otra actitud.

El caso Olivera fue analizado ayer en la reunión de gabinete, que se realizó por la mañana en la residencia presidencial de Olivos, y no en la Casa de Gobierno, como es habitual. Algunos de los altos funcionarios que participaron del encuentro confiaron a La Nación que la detención del militar argentino había ocupado pocos minutos de la reunión.

Durante el cónclave hubo un informe del canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, y otro de Gil Lavedra. De hecho, el Gobierno había planeado que el tratamiento de la cuestión quedara reducido a las exposiciones de los dos ministros. Sin embargo, durante la conferencia de prensa posterior, la cuestión fue la que más preguntas generó.

El secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, que ofició de vocero del encuentro, sostuvo que "no existe malestar en el Gobierno y no resultó sorprendente". Y aseveró que "las Fuerzas Armadas están respetando en plenitud la legalidad".

Sólo asistencia consular

En tanto, Gil Lavedra señaló a La Nación la similitud y la diferencia de este caso con el del ex general chileno Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña. "Es igual en el sentido de que se trata de una persona detenida en un tercer país y que es solicitada por delitos cometidos en otro. Pero se diferencia en que (en el caso Olivera) Francia está aplicando el principio de nacionalidad pasiva, es decir que cuando un ciudadano de ese país es víctima, los tribunales intervienen."

-¿Puede plantearse como defensa el argumento de la territorialidad?

-Todas las legislaciones tienen alguna regla extraterritorial. Cada Estado como manifestación de su soberanía pretende que se aplique la ley en su territorio y que no haya ningún otro Estado que pueda aplicársela a sus ciudadanos.

-¿Cuál será la postura del Gobierno en este caso?

-Asistencia consular. Nada más. Hay una convención de Viena sobre las relaciones consulares que establece la obligación de todos los Estados de asistir a sus connacionales, lo que no implica defenderlos.

-¿En qué consiste entonces la asistencia?

-En proporcionarle un intérprete, en ver que tenga un defensor. Hay muchos ciudadanos argentinos detenidos en el extranjero, ya sea por delitos cometidos o sujetos a extradición. En Italia, por ejemplo, hay más de 90 argentinos y todos ellos son asistidos por las oficinas consulares.

-El presidente De la Rúa defendió en su momento el principio de territorialidad en el caso Pinochet. ¿Cuál es ahora su postura?

-Es un tema muy complejo. El proceso de extradición de Pinochet que se hizo en Londres fue por la convención contra la tortura y esa convención obliga a los países que la suscriben a que la persona imputada debe ser juzgada por el país que la aprehenda. Obviamente ésa es una regla extraterritorial. Pero en este caso Francia tiene una regla que dice que los tribunales franceses tienen competencia para intervenir en el caso de que sus ciudadanos sean víctimas.

Ese señor (por Olivera) ha sido juzgado en la Argentina por este mismo hecho y exculpado por la ley de obediencia debida, ésta es una defensa que él podrá interponer oponiéndose al juzgamiento o a la extradición.

Florencia Carbone

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