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El Ejército, por lo bajo, pide una mayor defensa

Quiere que el Gobierno exija el principio de territorialidad

Miércoles 09 de agosto de 2000

Las voces se escuchan por lo bajo. No hay toma formal de posición en declaraciones con nombre y apellido. La detención del mayor (R) Jorge Olivera sensibilizó al Edificio Libertador. Pero no hay quien desee manifestar públicamente el descontento por lo que se entiende como una falta de acción del Gobierno. No lo gritan fuera de los despachos en los que sí se habla del tema, café de por medio.

Se impuso un duro silencio. Conteniéndose de reclamar con más fuerza un pedido por la defensa del principio de territorialidad. Pero ésa es la opinión militar. Esperan que la administración De la Rúa asuma una decidida defensa de Olivera. Pero están convencidos de que, en este caso, perderán. Piedra enorme les resulta la situación a los mandos militares. Ven un golpe durísimo a su política de memoria completa, que empezaba a materializarse con la investigación judicial a los actos de Montoneros. Justamente, Olivera patrocinó la causa para indagar la muerte del teniente primero Oscar Abel Lucioni, en 1976. No les será fácil despegar un tema del otro.

Por lo pronto, no habrá pronunciamientos firmes. Pero todo varía con las horas. Por caso, después de mucho pensar el sentido de oportunidad, el Ejército decidió anoche difundir un comunicado oficial, después de haber estudiado las informaciones de las agencias de noticias con las palabras de Marta Rabassi, esposa de Olivera.

Ella dijo que el titular del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, le prometió el "apoyo institucional". La fuerza hizo su aclaración, en un intento de cuidar la imagen interna y externa a la vez: "Dicho apoyo tiene la exclusiva finalidad de prestar colaboración a la familia de un oficial que pasa por un trance de difíciles características", dice el mensaje.

Y agrega: "No existe ninguna otra razón que no sea ayudar a sobrellevar dicha situación a una familia de la institución en aquello que el Ejército pudiera cooperar".

Olivera, ex carapintada, no parece contar hoy con la mayor simpatía entre las habituales fuentes castrenses, las mismas que hablaban con mayor energía en favor del suboficial retirado Santiago Cruciani, detenido en Mendoza por negarse a declarar en el juicio de la verdad desarrollado en la Cámara Federal de Bahía Blanca. La presión castrense logró su liberación tras más de treinta días detenido, en los que fue visitado por el secretario general del Ejército, general Eduardo Alfonso.

"No nos vamos a tomar un avión para ir a Italia", comentan ahora.

Futuras complicaciones

Sin embargo, la situación es más riesgosa a futuro. Si su caso finalmente es juzgado en Francia, aparecerán en la causa, como también figuran en las investigaciones de la Conadep, los nombres de oficiales en actividad, como los coroneles Eduardo Vic y Eduardo Cardozo. El pliego de ascenso de este último, destinado en el comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, fue uno de los que causaron gran debate, en enero último, en la Comisión de Acuerdos del Senado.

A pedido del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, fue el propio presidente Fernando de la Rúa quien avaló tenazmente esos ascensos.

De proseguir la investigación francesa, en el Ejército se verán en la encerrona de tener que defender a hombres en actividad. Justamente, lo que quiere evitarse en los juicios de la verdad.

Por eso, el tema preocupa más.

Advertencia

Fuentes del Ejército comentaron que el mayor (R) Jorge Olivera fue advertido por los mandos militares, debido a su alta exposición pública como abogado de familiares de los muertos por la subversión. Especialmente, le reprocharon "el circo" que armó con la demanda en Europa contra el Reino Unido por el hundimiento del crucero General Belgrano. Su actitud no gustaba.

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