Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

La Justicia archivó la última causa en contra de Angeloz

Estaba imputado por presunto enriquecimiento ilícito

Lunes 06 de agosto de 2001 • 13:22

El juez de control de la Justicia de Córdoba, Juan Carlos Fernández López, puso término en forma definitiva al largo proceso judicial que se llevó adelante en contra del ex gobernador Eduardo Angeloz, al ordenar el archivo de la última causa que lo involucraba en el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La resolución de Fernández López que se conoció hoy está fundamentada en el dictamen del fiscal de Instrucción Alejandro Moyano, quién investigó la denuncia que atribuía a Angeloz la supuesta compra del terreno donde se construyó el edificio Torre Bolívar, en esta capital, a través de su hijo menor Carlos y otros presuntos testaferros.

El fiscal concluyó que los compradores del lote, el hijo del ex gobernador, los hermanos Manuel y Oscar Lorenzo, y Miguel Parussa, tenían capacidad económica para la adquisición del inmueble, que se concretó en la suma de 360 mil pesos.

Para Moyano, estas personas, "directa o indirectamente" relacionadas con el negocio inmobiliario, intervinieron en la compra del terreno "en interés propio" y "con fondos genuinos".

Asimismo, consideró que no existe "prueba alguna que permita inferir un aporte económico" de parte del actual senador nacional.

El fiscal destacó que los elementos reunidos tras la denuncia no permitían imputación alguna al ex gobernador y recordó que esta decisión procesal, "si bien permite a la persona gozar del derecho de defensa, también lo perjudica en otros derechos, como los del buen nombre, intimidad y relaciones familiares".

Moyano sostuvo en su escrito, publicado en el diario Comercio y Justicia, que la imputación "sobre todo cuando se hace pública, provoca un fenómeno de estigmatización que no es disipado por ninguna decisión jurisdiccional desincriminatoria posterior (mirada generalmente con indiferencia o suspicacia)", opinó.

Según el funcionario, el primer derecho que tiene un ciudadano denunciado consiste en "no ser imputado sin que al menos existan sospechas fundadas de participación delictiva".

El dictamen de Moyano, que reproduce íntegramente el juez de control, asegura entonces que "no existe elemento de prueba que permita afirmar que la operación haya constituido para Angeloz un enriquecimiento patrimonial apreciable".

El ex gobernador había recibido otra buena noticia, cuando en marzo pasado la Corte Suprema de Justicia, coincidiendo con el Tribunal Superior provincial, no hizo lugar a la apelación del sobreseimiento de Angeloz, impulsada en su momento por el entonces fiscal General de la Provincia, Miguel Ortiz Pellegrini.

La Cámara Séptima del Crimen, tras un extenso juicio oral y público que se llevó a cabo en 1998, concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar al ex gobernador por presunto enriquecimiento ilícito. Tras ese fallo se abrió una larga etapa de apelaciones, la que concluyó ahora en forma total y definitiva con el archivo de este último caso.

Fuente: DyN

Te puede interesar