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Liporaci allanó el Senado y dijo que halló pruebas

El juez inspeccionó durante dos horas y media el despacho de Emilio Cantarero.

Viernes 29 de septiembre de 2000

"Encontré nuevos elementos de prueba para la causa", dijo anoche el juez federal Carlos Liporaci, luego de realizar un procedimiento en el despacho del senador Emilio Cantarero (PJ-Salta).

Cantarero es el legislador que admitió ante La Nación haber cobrado coimas a cambio de aprobar la reforma laboral, en abril último. Es uno de los once senadores imputados en la causa por el delito de cohecho y será indagado por el magistrado hoy, a las 10.30.

El allanamiento había sido adelantado por Liporaci a la Cámara alta, como lo dispone la flamante ley de fueros. El juez había ido más allá de lo que exige la norma: había detallado en el oficio que remitió a Carlos Alvarez, presidente del Senado, qué quería hacer durante el procedimiento.

El despacho que ayer inspeccionó Liporaci está en el segundo piso del edificio principal de la Cámara alta. Liporaci, acompañado por el secretario de su juzgado; peritos de la Policía Federal; tres funcionarios del Senado; el defensor de Cantarero, Andrés Marutián, y el senador Horacio Zalazar (PJ-Chaco), revisó las máquinas de escribir, las computadoras y las impresoras de la oficina y ordenó tomar fotografías.

Por la mañana, el juez recibió finalmente ayer los dos cheques de la SIDE que había solicitado al Banco Nación y pidió más detalles.

Liporaci encontró más elementos

Lo aseguró el juez luego de realizar un allanamiento en el despacho del senador Cantarero

El juez federal Carlos Liporaci realizó ayer una inspección ocular en el despacho del senador Emilio Cantarero (PJ-Salta), en la que dijo que descubrió nuevos elementos para la causa y hoy, a las 10.30, indagará al legislador por el delito de cohecho.

"El procedimiento estuvo muy bien y la medida de prueba aportó nuevos elementos para la investigación", aseguró anoche Liporaci antes de retirarse de la Cámara alta.

Cantarero es el senador que admitió a La Nación haber cobrado coimas a cambio de aprobar la ley laboral, en abril último.

Ayer, a las 17.20, Liporaci llegó a la Cámara alta acompañado por el secretario de su juzgado, Marcelo Sonvico, y peritos de la Policía Federal. Se retiró dos horas y media después, de buen talante.

Los fiscales del caso, Eduardo Freiler y Federico Delgado, no estuvieron en el procedimiento. Fuentes judiciales explicaron que "no esperaban encontrar nada interesante en el procedimiento, porque había sido adelantado con detalles por el juez".

El jueves último, el magistrado le había comunicado su decisión a Carlos Alvarez, presidente del Senado, para que éste gestionase ante los legisladores la autorización para ingresar en el despacho de Cantarero. El lunes último, Liporaci también notificó al senador en su domicilio.

La flamante ley de fueros dispone que los jueces deben pedir permiso para allanar oficinas o el domicilio de un legislador sospechado.

Liporaci quería hacer el procedimiento el martes último, pero el Senado sólo aprobó anteanoche la autorización, para "los fines específicamente" establecidos en el pedido de inspección.

El juez fue recibido ayer por el senador José Genoud (UCR-Mendoza), presidente provisional del Senado. Luego fue al despacho del secretario administrativo del cuerpo, Ricardo Mitre, y más tarde se dirigió al lugar que le interesaba: el despacho de Cantarero, situado en el segundo piso del edificio principal del Senado.

Liporaci realizó la inspección ocular junto con Mitre, Mario Pontaquarto y Alejandro Colombo, secretario y prosecretario parlamentario respectivamente, el defensor del legislador, Andrés Marutián, y el senador Horacio Zalazar (PJ-Chaco), que firmó el acta que se labró.

En el despacho de Cantarero lo recibieron asesores del Senado. El no estaba porque ayer comenzó su licencia por 60 días. Entre los empleados estaba Pablo Silva, que sirvió de nexo entre la periodista María Fernanda Villosio y Cantarero el día de la publicación de la confesión del legislador.

"Tomaron actas de las máquinas de escribir y no se llevaron ningún tipo de documentación. Hicieron a mano un plano del despacho y sacaron fotografías", contó una fuente presente en la diligencia.

Curiosamente, ese despacho también había pertenecido al senador del PJ Antonio Cafiero, quien dio el puntapié inicial para que se conociera el escándalo de los supuestos sobornos.

Cuentas bancarias

En tanto, un gerente del Banco Nación cumplió ayer con lo dispuesto por el presidente Fernando de la Rúa mediante el decreto 833 y le entregó al juez Liporaci dos cheques que libró la Secretaría de Inteligencia del Estado por 6,5 millones de dólares y que el magistrado había requerido.

Los documentos fueron llevados al tribunal por el gerente departamental de Asuntos Legales del banco, Carlos Alberto Erhart.

Hace dos semanas el diario Río Negro reveló la existencia de cuentas de la SIDE y puso de manifiesto un movimiento de fondos de 6,2 millones de dólares, el 11 y el 13 de abril.

Dos hombres, de apellidos Marchi y Ferreiro, cobraron esos documentos, librados por Fernando de Santibañes -el único autorizado para hacerlo-, en ventanilla del Nación, dijeron fuentes judiciales. Según una fuente oficial, esos hombres trabajan en el área de Finanzas de la SIDE.

Liporaci los citará como testigos, pero se descuenta que dirán que entregaron el dinero en el organismo y no saben para qué fue utilizado.

El magistrado le pidió ayer al Banco Nación más detalles sobre el dinero de la SIDE: quiere saber quiénes son los funcionarios autorizados ante la entidad para firmar cheques, quiénes pueden retirar efectivo y quiénes están habilitados para mover fondos de las tres cuentas.

Pero Liporaci intenta cubrir todos los frentes. Por eso, por un lado, le encomendó a dos auditores contables, que a su pedido designó la Auditoría General de la Nación, que examinen los documentos que están en poder del tribunal sobre los movimientos de ATN y aportes para las obras sociales.

Por otro lado, el magistrado le solicitó al Ministerio de Economía que le remita el expediente relativo a un refuerzo presupuestario de 10 millones de dólares a la SIDE, que autorizó De la Rúa por un decreto reservado.

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